El privilegio de contar con servicios públicos en Boyacá

Foto vía|www.aporrea.org
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El departamento ha logrado grandes avances en la cobertura de servicios como el de energía eléctrica y gas, mientras que otros servicios como el de internet presentan todavía un rezago importante.

La década 2010-2019 significó un importante avance en la cobertura de servicios públicos para el departamento. Claro está que la labor está a medio camino, pues todavía siguen siendo cientos de miles de hogares los que carecen de alguno de los servicios públicos básicos.

Uno de los que representó un mayor avance en la ampliación de la cobertura fue el de energía eléctrica, que pasó de tener una cobertura de 267.892 suscriptores en 2010, a 362.885 en 2019.

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La brecha de cobertura se ha reducido significativamente en la última década, siendo que en 2010 los hogares sin cobertura de energía eléctrica eran casi 120.000 y para 2019 eran algo menos de 60.000. Las zonas rurales siguen siendo las de menor acceso a este servicio. De las 56.383 viviendas que se encontraban sin cobertura en 2019, 46.127 corresponden al área rural.

En lo que refiere a acueducto, el departamento viene retrocediendo. Si bien entre 2010 y 2013 se presentó un aumento en la cobertura, de 2017 a 2019 se presentó un retroceso que puso el porcentaje de cobertura a niveles más bajos que los registrados en 2010.

Entre 2016 y 2019 la brecha de cobertura bruta pasó del 27,6% al 587%, significando esto que hoy más de la mitad de las viviendas en el departamento no cuentan con servicios de acueducto.

Caso contrario ocurre con el servicio de alcantarillado, del que se aprecia una ampliación de cobertura del 6,5% en la década comprendida entre 2010 y 2019. Esto implicó pasar de 149.125 suscriptores en 2010 a 193.038 en 2019. Sin embargo, la brecha de cobertura bruta fue del 53,7%, mientras que la brecha de cobertura neta fue del 49,1% en 2019. Esto quiere decir que más de la mitad de las viviendas existentes en el departamento no cuentan con el servicio, y casi la mitad de las viviendas ocupadas tampoco.

La mayor parte de las viviendas sin cobertura hacen parte de zonas rurales. Situación que no es un detalle menor, pues a la hora de evaluar índices como el de la pobreza multidimensional, se tienen en cuenta factores como la inadecuada eliminación de excretas, acentuando así las condiciones de pobreza en áreas rurales.

En lo referente al servicio de aseo, se ha presentado un deterioro de la garantía de cobertura del servicio, pasando de tener 141.829 suscriptores en 2010, a tan solo 39.225en 2019. Al cierre de la década la brecha de cobertura bruta era del 90,6%, evidenciando una auténtica crisis en el tema del manejo de las basuras, que podría explicarse por “las dificultades en la gestión de los rellenos sanitarios y también falencias en el registro de información”, según indica el informe Boyacá: Contexto Social, Económico, Laboral e Impactos COVID-19, realizado por el CREPIB, la OIT y la Gobernación de Boyacá.

La cobertura del servicio de gas natural sí ha presentado un avance a lo largo de la década en mención, pasando de tener 94.659 usuarios en 2010 a 214.630 en 2019.

De nuevo vuelve a ser el sector rural uno de los más rezagados en esta materia, pues las dificultades ligadas a la construcción de infraestructura en dichas zonas, contribuye a la escasez en la cobertura de ese servicio.

Y si bien el retroceso en la cobertura del servicio de aseo es preocupante, también es alarmante la pobre cobertura en materia de internet. Solamente el 24,82% de la población boyacense tiene acceso a este servicio. Peor aún es la situación en sectores rurales, pues según datos del Censo Nacional Poblacional de 2018, solamente el 3,22% de los hogares rurales tienen cobertura de internet.

Boyacá ocupa el puesto 18 entre 32 en términos de cobertura de este servicio, distanciado por 56 puntos porcentuales con el departamento que logra mayor cobertura, que es el Valle del Cauca.

Esta deficiente cobertura ha cobrado mayor importancia en el actual escenario, en el de la pandemia, convirtiéndose así en una barrera para el desarrollo, limitando la posibilidad de implementar el teletrabajo y la educación virtual.

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