La grama del estadio La Independencia es motivo de críticas y cuestionamientos cada vez que comienza un campeonato del fútbol profesional colombiano. Ha sido así por lo menos durante los últimos cinco años, y siendo así se ha convertido en un as bajo la manga para los detractores de las administraciones departamentales, pero ¿Vale la pena que los recursos de los boyacenses se destinen al arreglo de una cancha en medio de la pandemia?
La gramilla del estadio La Independencia se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para futbolistas profesionales, para espectadores exigentes de un espectáculo de calidad, y para los propios administradores de este espacio deportivo, que para el caso concreto es Indeportes Boyacá.
Y ese perpetuo desperfecto se ha convertido en la perfecta empuñadura de quienes blanden tan filosas críticas para la cancha que hace ya más de década y media era señalada como la mejor del país.
Es innegable que el estado de la gramilla es vergonzoso, que inminentemente no se han hecho los esfuerzos necesarios para dejar el terreno de juego en óptimo estado, y que de esa forma finalizará el 2021, pues es en medio del campeonato es imposible hacer intervenciones, por lo que este año no terminará con un mejor aspecto.
Cada vez que se hace mención sobre este tema, el principal apuntado es Indeportes Boyacá, por su supuesta falta de interés en arreglar la gramilla, pero ¿Es eso cierto? ¿A causa de qué tienen que usarse los recursos de los boyacenses para el arreglo de un escenario que tiene fines exclusivamente privados?
En escenarios como el estadio Nemesio Camacho el Campín, el distrito hace el cobro de un alquiler, que ronda los siete millones de pesos, para su uso por espacio de tres horas, para los equipos de fútbol, pues cuando se usa para conciertos, el cobro de alquiler es completamente diferente, siendo este todavía más alto.
Para el caso de Medellín, la administración la hace el Instituto de Desarrollo Rural, adscrito a la Alcaldía Municipal. El alquiler de este escenario, tanto para el Atlético Nacional como para el Deportivo Independiente Medellín, equivale al 4% de recaudo por taquilla y el 10% de impuesto al deporte, lo que no es una cifra menor, pues antes de la aparición de la pandemia, la entrada promedio al Atanasio Girardot era de 12.000 espectadores en promedio.
En el caso de Cali, la administración del estadio Pascual Guerrero la hace la Secretaría de Recreación y Deporte de Cali. Por su uso se cobran más de once millones de pesos, a lo que ha de adicionarse el 10% del recaudo de taquilla por concepto de impuesto.
En el caso de Tunja el cobro que se hace a los equipos, por partido, es de $655.000. Sobre esto ha de decirse que en medio de la pandemia el dinero y los pagos no han fluido como debería ser. Desde el lado de Patriotas estuvieron muy juiciosos con el pago durante todo el primer semestre del 2021, según comentan desde Indeportes Boyacá. Diferente es el caso de Boyacá Chicó, con el que se hizo un acuerdo para la adecuación de una cabina, a modo de retribución, pero el club “ajedrezado” no cumplió con su parte del trato.
Los únicos que hoy son beneficiarios del uso de este escenario deportivo son Patriotas Boyacá, y Boyacá Chicó, que invierten poco y nada en el armado de sus planteles, que poco promocionan talentos locales, y que solo llenan las tribunas cuando les visita alguno de los llamados equipos grandes.
¿Por qué ha de ser el departamento quien financie el estado de la cancha para el uso y disfrute de unos equipos que no aportan comercialmente y que tampoco lo hacen en materia de espectáculo?
Ante tanto cuestionamiento no han faltado interesados en administrar el estadio, incluyendo entre estos a la Alcaldía de Tunja. Pero de ser así, el panorama seguiría siendo el mismo, pues los clubes de fútbol seguirán manejando la misma postura, viéndose una vez más apurada una entidad del Estado para patrocinar un espectáculo a todas luces privado.
