A la lideresa social de Tunja que supuestamente fue atacada con ácido, la Fiscalía le endilga los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones. La audiencia de imputación de cargos, que estaba prevista para ayer, fue aplazada.
Para ayer estaba prevista la audiencia de imputación de cargos a Lilia Patricia Cardozo Cipamocha por los presuntos delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones, pero por solicitud de su abogado defensor esa audiencia será retomada el próximo jueves 21 de septiembre a las 3:00 de la tarde.
Como se recordará, el 11 de abril de este año, Patricia Cardozo denunció que un hombre la abordó en vía pública de Tunja (Boyacá) cerca al Parque Santander, en el centro de Tunja, y le lanzó un agente químico en la cara. Asimismo, señaló que el ataque estaba relacionado con las actividades sociales que desempeña.
Pues después del escándalo que esa noticia originó, las reacciones de los movimientos feministas y la aprobación de un esquema de seguridad que cuesta aproximadamente un millón de pesos por día, la Fiscalía adelantó una investigación que determinó que el ataque fue fingido, que la mujer no fue no fue interceptada en su recorrido por la calle ni fue víctima de agresión.
Por esa razón la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de la lideresa social como presunta responsable de los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones.
El comunicado de la Fiscalía indicó que “el pasado 11 de abril, esta persona denunció que un hombre la abordó en vía pública de Tunja (Boyacá) y le lanzó un agente químico en la cara. Asimismo, señaló que el ataque estaba relacionado con las actividades sociales que desempeña”.
“Videos de seguridad y otros elementos de prueba permitieron establecer que el día de los hechos reportados, la señora Cardozo Cipamocha no fue interceptada en su recorrido por la calle ni fue víctima de agresión. Asimismo, dan cuenta de que las lesiones que tenía habrían sido causadas con unos productos de aseo que ella misma había comprado”.
Según las versiones que Cardozo le dio a las autoridades, el ataque con ácido le generó quemaduras en varias partes de la cara y el cuerpo.
Después de producirse el pronunciamiento de la Fiscalía, a través de sus redes sociales Cardozo manifestó estar tranquila y dijo haber actuado con transparencia.
“Con total tranquilidad y transparencia, he colaborado permanentemente con las autoridades, porque creo en la justicia y porque estoy segura y convencida que cada palabra que he dicho se acoge a lo sucedido desde mayo de 2022, cuando empecé a vivir y sentir la angustia de ser víctima de amenazas y diferentes situaciones que han vulnerado mi integridad y tranquilidad, así como la de toda mi familia”, indicó.
La lideresa advirtió que ha aportado a la Fiscalía cada una de las pruebas que le han solicitado y ha asistido a cada una de las citaciones que le han hecho. “He esperado pacientemente que se haga una investigación que no permita que se cometan injusticias”.
Igualmente aseguró que responderá “a cada una de las acusaciones de manera responsable y será la misma justicia la que dé la última palabra, esperando sea en favor de las víctimas”.
Cardozo deberá demostrar con pruebas que la que está equivocada es la Fiscalía, pues el Código penal contempla que quien bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Igualmente, que el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
Y, de igual manera, que el que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
