El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se elimina la prima especial de servicios que reciben los miembros del Congreso de la República. La medida tendrá efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026 y deroga el Decreto 2170 de 2013, norma que dio origen a este beneficio durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Según el decreto, la decisión fue adoptada por el presidente de la República en el marco de sus facultades constitucionales y en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional de los altos funcionarios del Estado. El documento establece que la revisión del esquema remuneratorio de los congresistas busca ajustarse a criterios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad.
El Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad competente para conceptuar en materia salarial y prestacional, concluyó en los considerandos del decreto que la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país. Este argumento fue uno de los principales fundamentos para suprimir la prima especial.
La prima de servicios para congresistas fue creada en 2013 como parte del régimen salarial del Legislativo. En su año de inicio, el beneficio tenía un valor de $7.898.445 pesos mensuales y se pagaba junto con la asignación salarial. Con el paso de los años, el monto se reajustó anualmente en el mismo porcentaje del aumento salarial de los congresistas, hasta ubicarse en la actualidad en alrededor de $16.000.000 mensuales.
Con la expedición del nuevo decreto, este valor dejará de formar parte de los ingresos de senadores y representantes, quienes devengan sueldos superiores a los $50 millones mensuales. El Gobierno señaló que la eliminación de la prima no desconoce derechos adquiridos ni garantías constitucionales, dado que la medida se aplicará hacia el futuro y no tendrá efectos retroactivos.
La norma indica, además, que la derogatoria de la prima especial se enmarca en una política de austeridad y de corrección de brechas salariales dentro del sector público. En ese sentido, desde el Ejecutivo se ha insistido en la necesidad de que los ingresos de los altos cargos del Estado guarden mayor coherencia con la situación económica del país y con las condiciones de la mayoría de la población.
Previo a la expedición del decreto, el ministro de Hacienda y Crédito Público había confirmado que el Gobierno tenía listo el acto administrativo que buscaba reducir este beneficio para el año 2026. Finalmente, con la firma presidencial y su publicación, el Decreto 0030 de 2026 entra en vigencia de inmediato y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Con esta decisión, el Ejecutivo introduce un nuevo ajuste al régimen salarial de los miembros del Congreso de la República, en medio del debate nacional sobre los ingresos de los funcionarios públicos y la necesidad de fortalecer la equidad y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
