Por | Jhonathan Leonel Sánchez Becerra – Historiador
Si un expresidiario como Álvaro Uribe Vélez se atreve a pedir a través de su cuenta de Twitter la militarización de las ciudades para reprimir el legítimo derecho a la protesta («El Ejército en las calles es urgente y mejor que estar registrando la noticia del asesinato y la destrucción vandálica»); nosotros, la ciudadanía, origen de la república y que somos de quienes emana el poder soberano, invitamos a las Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército, Aérea, Armada y Policía Nacional) a unirse a la voluntad popular que rechaza la imposición de la reforma tributaria o proyecto de ley 594 de 2021, que es cínicamente llamada por el señor Duque “Ley de Solidaridad Sostenible”.
Sencillamente, en estos momentos de crisis económica mundial es insostenible soportar una reforma tributaria que pretende aumentar el IVA a productos de la canasta familiar (que pasarían del 5% al 19%); imponer un impuesto de renta a las personas que devenguen más de $2.400.000 mensuales a partir del 2022 y de $1.400.000 a partir del 2023; obligar a declarar renta a quienes obtengan ingresos superiores a los 30 millones de pesos anuales; sobrecargar también con IVA los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, que ya subsidian parte de las facturas de los estratos 1, 2 y 3; y gravar las pensiones con retención en la fuente, entre otros aspectos negativos.
En general, la brillante iniciativa del gobierno le apunta a recaudar $25 billones aumentando la carga tributaria de la denominada “clase media”, manteniendo los privilegios de los más ricos. ¡Así que nos afectaría a la gran mayoría!, de llegar a ser aprobada en el Senado.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que la corrupción en el país nos cuesta anualmente alrededor de 50 billones de pesos, según investigación publicada por la Revista Portafolio el 25 de agosto de 2018, lo que tendría que hacer el gobierno es respetar y fomentar la independencia de los organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Lo anterior para que puedan cumplir con sus funciones de investigación y acusación para acabar con ese flagelo que lleva años desangrando los bolsillos de los colombianos. O comenzar por ajustar los salarios de los servidores públicos elegidos por voto popular que ofenden a la ciudadanía y que seguramente. Al hacer esos cargos menos atractivos económicamente, quienes los ocupen en un futuro lo harán por vocación y no por ambición, como sucede ahora.
El paro nacional que han convocado las organizaciones obreras y sindicales ha despertado la solidaridad de millones de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio desde antes del pasado 28 de abril. Se viven momentos de tensión, que es agudizada por la actitud desinteresada y desafiante del gobierno que reta a las multitudes a seguir adelante.
Finalmente, estas son solamente algunas razones para que el gobierno reflexione y los militares y policías consideren su lealtad con el pueblo, en lugar de defender los intereses particulares de unas pocas familias en el poder y los capitales de los grandes empresarios.
