La diligencia se cumple a las 2 de la tarde de hoy en el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías. Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra Mikhail Krasnov.
La Fiscalía Sexta para Asuntos de Administración Pública en Boyacá citó la audiencia para hoy a las 3 de la tarde, en el Juzgado Primero Penal Municipal, en la que le formulará cargos formales al alcalde de la capital boyacenses, Mikhail Krasnov, por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El caso tiene que ver con la contratación del abogado Juan Sebastián Ramírez García, como asesor de Ecovivienda, después de que este retirara una demanda de nulidad electoral que había presentado contra el Alcalde.
Ese mismo contrato ya motivó la imputación de cargos a Juan Sebastián Ramírez García y a la exgerente de Ecovivienda, y también involucra a la exgestora social Sara Catalina Pedraza.
Lo que busca la justicia es determinar si existió un acuerdo para retirar la demanda electoral a cambio de la contratación del abogado, lo cual configuraría un caso de interés indebido en contratación pública.
El proceso también incluye una investigación de la Procuraduría, que formuló cargos disciplinares contra Krasnov por posible inhabilidad al inscribirse como candidato y por irregularidades en otro contrato para la Alcaldía de Tunja.
Adicionalmente, en marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuló su elección como Alcalde por haber firmado un contrato público (como docente en la UPTC) en diciembre de 2022, lo que habría infringido la normatividad que exige no haber ejercido cargo público al menos un año antes de los comicios.
Esta audiencia estaba prevista para el 28 de julio pero fue aplazada y se celebrará a las 2 de la tarde.
Lo que dice el artículo 409 del Código Penal sobre interés indebido en la celebración de contratos, delito en el que habría incurrido Krasnov, es que el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.