Han pasado más de dos meses desde cuando el Gobierno de Boyacá le entregó a Paipa, así hubiera sido de manera simbólica, la nueva plaza de mercado, una obra que costó casi siete millones de dólares.
El acto protocolario de la entrega de ese lugar generó un cisma entre los gobiernos municipal y departamental, señalamientos de sobrecostos, cuestionamientos por negligencia y falta de planeación y acusaciones mutuas de los respectivos mandatarios.
En el último capítulo de esa pelea, en la que la única que pierde es Paipa, la Lotería y la Licorera de Boyacá se negaron a patrocinar el Aguinaldo Paipano y, ‘como revancha’ el Gobierno municipal gestionó con la Empresa de Licores de Antioquia un contrato de exclusividad para que en la tradicional fiesta de los paipanos solo vendan productos paisas.
Después de varias semanas parece que ya está culminado el proceso de entrega jurídica y material de la plaza de mercado, con las respectivas pólizas, informe final de interventoría, ingreso a la contabilidad municipal, certificaciones técnicas, custodia jurídica del municipio y todos esos trámites legales y burocráticos.
Los paipanos aún no sabemos si la plaza se va a llamar ‘Aracelli Ochoa’, como la bautizó el exalcalde Fabio Medrano o si llevará el nombre que le quiera poner el actual Alcalde o si va a haber un espacio allí para promocionar los programas sociales de la gestora social del departamento, Daniela Assís, como reclamó el Gobernador.
Esos detalles en últimas parecen intrascendentes porque lo importante es que cuanto antes la plaza cumpla el objetivo para el que fue construida: ser un espacio digno para los vendedores y un lugar en donde los habitantes de Paipa y visitantes puedan adquirir productos agropecuarios en una condiciones de orden, en donde se garantice y proteja la salud pública.
Desde casi cinco meses el Alcalde de Paipa anunció que se había contratado un estudio para determinar cuál era la mejor manera de administrar y operar el lugar, pero hasta la fecha no se han conocido resultados y todo indica que se perdió la oportunidad económica de la temporada alta, que hubiera significado unos recursos adicionales para los vendedores y que comenzara a posicionarse el lugar, como era el objetivo que nos habían anunciado.
Una lástima que los gobiernos regional y local no se hubieran puesto de acuerdo para que la plaza arrancara de una vez y que a estas alturas productores de Paipa, Tuta, Sotaquirá y otros municipios de la provincia de Centro estén ocupando espacios en las calles del centro para ofrecer y vender sus productos o que al lado de la fastuosa construcción los tradicionales vendedores sigan realizando su trabajo en condiciones antihigiénicas e indignas, como hace un siglo.
Ya hay un detrimento patrimonial; no puede ser que sigamos esperando los resultados de ese estudio contratado por la administración y que no se mire la verdadera rentabilidad social que debe generar el proyecto.
Esa rentabilidad no debe ser económica, si es lo que está mirando o calculando la Alcaldía, debe ser para la sociedad en su conjunto. Más allá de ganancias económicas, lo que se buscaba con la construcción de la plaza era mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos, con empleo, mejores condiciones para los vendedores, salud pública, desarrollo sostenible…
Suponemos que el estudio que contrató la administración municipal determinará una estructura de costos pero no puede ser que una inversión de más de 26.000 millones de pesos, con instalaciones modernas, neveras, congeladores y espacios generosos no se utilice pero al mismo tiempo se estén generando pérdidas económicas para pequeños agricultores, pérdida de productos perecederos o dependencia de intermediarios.
Cada día que la nueva plaza esté cerrada tiene un alto costo, especialmente social y nadie reacciona. Como están las cosas es posible que la plaza comience a abrirse en el primer trimestre del 2026 sin que la Personería, la Contraloría, la Procuraduría se pronuncien sobre la manera en que se están vulnerando los derechos ciudadanos, como se está generando un inmenso detrimento patrimonial.
La nueva plaza ya se está deteriorando, genera gastos de vigilancia, mantenimiento y servicios, aumenta la percepción de abandono y proyecta una pésima imagen de la administración pública.
Los ciudadanos cada vez desconfían más de las instituciones y del Estado. Lo que pasa con la nueva plaza de mercado de Paipa les da la razón.
