Por: Pedro Pablo Salas Hernández
“El orden global precisa mucho desorden local para no tener nada que temer”
Zygmunt Bauman
“Todo lo solido se desvanece”
Carlos Marx
Si nos acogemos a la tesis de que la opinión local de la gente en los territorios cada vez cuenta menos, en términos del realismo político ya que vivimos tiempos de la subvaloración de la opinión de las personas, en un mundo desregulado, y que estamos camino a una mayor precarización de la población, donde aumentan los niveles de pobreza, desvinculación, angustia, incertidumbre y miedo frente al futuro, tendríamos que reconocer que las relaciones entre las personas el poder y la política ha cambiado y lo que logramos a través del accionar político como un acuerdo de voluntades es muy poco. De aquí que sea necesario formular algunas preguntas en torno a qué esperamos frente a lo que nos es posible hacer y frente a la pérdida del Estado de socorro desde los espacios locales y territoriales.
Presentar esta hipótesis no necesariamente debe concluir en escepticismo, pero sí en niveles de realismo en los que están en juego realidades como el del debate político; si aún podemos hablar de proceso de elección de ciudadanos “libres”, que como lo plantea la teoría neo clásica (Olson,1993 ) los individuos tienen la posibilidad de decidir entre la mejor forma de gobierno, frente a la elección de su destino, las mejores posibilidades de bienestar, de decidir cómo queremos vivir en sociedad según nuestro parecer. Frente a este postulado podemos escoger quién nos represente, nos gobierne. Enfrentamos una profunda dualidad; o, sí creemos en el camino que plantea otras salidas, como es el de una esperanza de “comunitarismo” producto de luchas colectivas, para hacer de Boyacá un departamento más justo.
En este marco podríamos formularnos para el departamento de Boyacá algunas inquietudes que tendríamos que proponer; si creemos que podemos pensar como sociedad estas inquietudes que consideramos deben ser resueltas, dando por supuesto que estamos sobre poderes fácticos y privilegios, y sobre decisiones que se toman extraterritorialmente, como son los impuestos, títulos mineros, recorte de transferencias, endeudamiento, privatización de la salud, pérdida del Estado de Socorro, y transnacionalización, etc. Formular como sociedad estas inquietudes a las personas que buscan representarnos es parte de un ejercicio democrático, en el supuesto de que nuestro voto tiene una utilidad pública.
En primer orden, señalemos la preocupación frente a la creciente contradicción que se agudiza entre usos y vocaciones del suelo en nuestro departamento, con profundos impactos ambientales y sociales, dada nuestra condición de territorio agrícola, forestal y eco sistémico. Según el informe del IGAC 2017, en Boyacá el 50% del suelo está mal utilizado, está sobreexplotado, rompe con la búsqueda del equilibrio de los factores de producción como es el de tierra, agua, trabajo y capital.
Esto conlleva no solo a una pérdida de productividad, sino que se convierte en una acción perversa de deterioro de recursos y bienes de uso común, que van mucho más allá de la propiedad privada, ya que están destinados a cumplir una función social (González, 2016).
En este mismo sentido, debemos preguntarnos cuánto del último censo agropecuario nos lleva a pensar en Boyacá; aquí se posee el 13.8% de las unidades agrícolas del país, siendo el departamento con el mayor número de informalidad predial, con UAF (unidades agrícolas familiares) menores a 5 hectáreas.
¿Cómo es posible hacer productiva la tierra en estas condiciones de tenencia?
¿Cómo responder a las demandas normativas del gobierno que colocan a Boyacá con la mayor cantidad de áreas de páramo del país, con 534.000 Hectáreas, que serán la quinta parte del total de área del departamento?
¡Cuántas de estas tierras han de destinarse como espacios de protección, donde se armonicen uso y vocación en un ordenamiento territorial pertinente! O, ¿estas tierras deberían sacarse del mercado, para ponerlas en función de la conservación y cómo se compensa a las comunidades que habitan estas ruralidades?
¿No estamos acaso en un debate de mayor alcance político al tener que discutir el tema de la distribución de ingresos con base en los excedentes que dependen del recurso hídrico?
Otro elemento importante que no puede faltar en las decisiones que se derivan de la forma como la sociedad plantea las respuestas a la creciente pobreza estructural, es la desigualdad, permeados, como estamos, de ideología individualista de: “¡hazlo tú! Lo que no puedes lograr con tu esfuerzo, así sea atacando a tu vecino, a tu hermano, no lo puedes lograr”.
Es necesario pensar cómo podemos vivir juntos, hacernos semejantes, en un departamento donde la segregación urbana y rural, son cada vez más evidentes; donde las rentas, producto del extractivismo minero, energético, del control monopólico del agua, y de las rentas urbanas, están cada vez más concentradas; donde el comercio está siendo capturado por el sector financiero; donde los bancos se transforman en tiendas: D1, Ara, Justo y Bueno, Éxito, etc., donde no cuenta el precio de la venta de los huevos, sino el flujo de la liquidez monetaria como lo dijera Aurelio Suarez, sacrificando las solidaridades de la cara conocida de la tienda de la esquina, donde existe un deterioro de las relaciones sociales; donde nuestros miedos e inseguridades son copadas por las sirenas de las motos de la policía que nos advierten que están protegiéndonos para que esos extraños, jóvenes pobres, pandilleros miserables, no vayan a atentar con nuestra seguridad; donde, encerrados y amurallamos en nuestro miedo, la intolerancia ha venido aumentando y estigmatizando a una parte de la población que vive en zonas periféricas; donde cada vez somos más extraños entre nosotros. Esta ruptura del tejido social tiene sus causas en el creciente nivel de miseria que golpea a nuestra población; sin embargo, con base en estos miedos se montan plataformas políticas para el 2018.
¿Cómo podemos asumir una elección?
Cómo es posible que en ciudades como Tunja los grandes urbanizadores que construyen en promedio 300.000 mts2 año, solo paguen una parte de los $1.300 millones que deberían, por impuesto de urbanismo, mientras la ciudad colapsa en su movilidad y las autoridades locales se hacen indiferentes, frente a esta perversa inequidad donde los impuestos de los pobres pagan el costo del urbanismo, donde las plusvalías finalmente quedan en manos de rentistas de la tierra, inmobiliarios y sector financiero? ¿Cómo es posible que una sola empresa controle el recurso hídrico, y a través de cobros disfrazados logre recaudar cerca de 32 mil millones de pesos en el 2016, mientras solo justifica el 25% de sus gastos por operación e inversiones?
El debate del desarrollo urbano y la inequidad, que tan bien fue planteado por David Harvey en su texto ‘Urbanismo y desigualdad social’, nos hace un llamado frente a lo que está pasando con la urbanización del campo y fenómenos como la ruralización de la pobreza de la ciudad, en un mercado de tierras donde el extrañamiento y desplazamiento de la población nativa va llegando a un punto de no retorno, incluyendo los acaparadores de títulos mineros, como sucede en la provincia de Valderrama, frente a una indefensa población adulta que se quedó en su soledad en la ruralidad.
¿Es posible que quienes son elegidos se planteen el tema de la redistribución como una categoría ordenadora de los territorios en desuso ante la monumental carga ideológica del neoliberalismo?
¿Es posible que sigamos haciendo eco del discurso que si cobramos impuestos locales nos volvemos menos competitivos?
Estamos a 30 años de la elección popular de Alcaldes y la mayor parte de municipios de Boyacá, perciben el 80% de sus ingresos de transferencias de la Nacion, y el 90% de su población es afiliada al Sisben.
En estas circunstancias, ¿qué es lo que elige la gente? ¿Existe una crisis del modelo de descentralización?
Preguntarnos los temas del voluntarismo del ordenamiento de si es posible plantearse un modo de producción simple o reproducción ampliada, la revolución del espacio creado sobre el espacio verdadero del que nos hablara Carlos Marx, en favor de la gente, o la misma revolución que ha significado la recomposición orgánica del capital, donde hasta ahora los grandes triunfadores han sido los dueños del capital privado.
Qué hacer para detener el costo del deterioro de los recursos ambientales o, mejor, crímenes ambientales, como viene sucediendo en el área de influencia del Lago de Tota con el cultivo de la cebolla, crímenes ambientales que hoy cargan con el costo del desabastecimiento de agua como sucedió con las acciones de los propietarios privados y expropiadores de la laguna de Fúquene, que tienen en colapso a una importante población de más de 70.000 habitantes en Chiquinquirá.
¿Cómo conciliar, desarrollo y medio ambiente, donde estas formas de apropiación no atenten contra los recursos naturales y, en especial, contra el agua? ¿Tienen las personas la posibilidad de decidir sobre sus territorios, o cada vez más son los poderes supraterritoriales los que definen finalmente, no solo cómo vivimos, sino nuestras mismas razones existenciales, nuestra experiencia de vida cotidiana?
Es ante este deterioro y este “sálvese quien pueda”, que resulta la resistencia de gobiernos regionales como la del actual gobierno de Carlos Amaya, con la política de Creer en Boyacá, que es hacerle frente al abandono, al desanclaje total, a la pérdida de mediaciones, de la desregulación absoluta, a la privatización y la indiferencia, o la derrota moral, donde las inversiones, incluyendo el funcionamiento del Estado, ascienden al año al billón de pesos.
¿Qué sería de las comunidades si no existiera este Estado que aún nos queda y nos convoca, que invierte en vías, salva hospitales, da respaldo a la economía popular para que la gente no desaparezca del territorio; que gasifica las veredas, mejora las moradas campesinas, hace el convite con los comunados para arreglar caminos veredales, y propicia la administración colectiva de acueductos, etc.?
Esta sería la nueva forma de valorizar los territorios, no solo buscando crear las identidades en cada subregión del departamento, potenciando sus ventajas naturales, sino también los valores culturales donde aún existe la posibilidad de culturas diversas, valorizando la vida a través de las oportunidades del desarrollo, buscando construir identidades solidarias. Dada esta discusión y sus significados, podemos discutir si estamos ante una ruptura del Habitus (del que nos hablara Bordiú) en el gobierno de Creer en Boyacá; si estamos ante un camino de ruptura con el Estado de Socorro y ventanilla asistencial, hacia uno de transformaciones con significados y alcances de reconfiguración política en la cotidianidad del territorio.
No será la única manera de detener el flujo migratorio y una reconfiguración de la relación campo ciudad, donde surgen fenómenos importantes como la recepción, no solo a los que huyen del consumismo sino a los que tienen el valor de intercambiar, en un mundo donde cada vez es más difícil socializar, mirarnos a la cara; estamos caminando hacia un Departamento de recepción, de los que quieren mestizar con los nativos, falta camino por recorrer en este trecho de un turismo, no solo para los agentes inversionistas, con la seguridad de sus cajeros automáticos, sino también para aquellos que quieren construir un nuevo cosmopolitismo humanista. “Boyacá es para vivirla”, es una apuesta que toma fuerza para aquellos que quieren vivir la experiencia de intercambiar, vivir juntos, que deciden autónoma mente el gusto de estar con los otros y compartir sus propias realidades.
Estas y otras preguntas se harán en la Cumbre social y convite popular que se realiza anualmente en la Fundación San Isidro, (Duitama Boyaca), programado para el día 20 de enero de 2018 y que esperamos hagan parte del debate político electoral del 2018.
