El cierre de la EPS de Comfaboy que fue autorizado por la Superintendencia de Salud y que ha sido promocionado por la directivas de la Caja como un logro más, en realidad destapa un escándalo de proporciones mayúsculas sobre el manejo de los recursos de la EPS y de los aportes de sus trabajadores afiliados donde presuntamente se han malversado miles de millones de pesos en sobrecostos de medios cementos y eventos que se cobraron pero que nunca se supo si se prestaron o no. Y en medio de todo esto surgen las figuras de tres personajes que estarían detrás de todo esto: el del ex magistrado Francisco Ricaurte, el exsenador Plinio Olano y el Director Ejecutivo de Comfaboy, Fredy Garcíaherreros. Los hallazgos hechos por una auditoría forense de la Superintendencia de Salud se refieren a 2016 y sus resultados son escalofriantes. Sería hora de saber qué ha pasado con el manejo de la EPS y en general con Comfaboy en los últimos siete años.
Liquidan la EPS por desfalco: trabajadores y empresas afiliadas a la Caja con el 4% lo pagarán
¿Será Comfaboy también víctima de las actuaciones del exmagistrado Francisco Ricaurte? se impone la necesidad de esclarecer de una vez por todas lo que ha pasado en Comfaboy en estos últimos siete años, para lo cual es indispensable la actuación de las Superintendencias de Salud y del Subsidio a lo cual se han sumado exigencias como las de la representante Sandra Ortiz quien ya adelantó un primer debate en el Congreso, donde las denuncias quedaron claras para que intervengan los órganos de control.
El cierre de la EPS de Comfaboy, configura una situación impensable en Boyacá: que los tentáculos de la corrupción desde las altas cortes alcanzaran los intereses del departamento y su descalabro fuera de la magnitud que representa en este momento el cierre de la EPS de la Caja, con pérdidas que pueden superar los 70 mil millones de pesos, producto de un sistemático entramado de desfalcos que ahora podrían quedar en la impunidad, con la actuación del exmagistrado Ricaurte, quien ha cobrado alrededor de 200 millones de pesos en asesorías en los últimos dos años, propiciando otra paradoja peor: que el gigantesco desfalco de la caja sea ocultado y dejado en la impunidad, pagando asesorías como esta, de los recursos del desfalcado.
Pero como si las desgracias de la entidad no fueran pocas con esta realidad, ahora, el flamante “dirigente” Plinio Olano, estaría a punto de coronar otro “magnífico” negocio para su bolsillo y en contra de Comfaboy, con la posible venta de un “lujoso” hotel que acaba de terminar, levantado en parte del área que debía ser de Comfaboy, contiguo al Hotel Panorama de Paipa.
Fin de la EPS
Con pérdidas de cerca de 70 mil millones de pesos, se toma la decisión de cerrar la EPS de Comfaboy y la entidad solo prestará sus servicios hasta el 30 de septiembre próximo, de acuerdo a la decisión que tomó la Superintendencia de Salud mediante Resolución 2916 de 25 de agosto del 2017, que autoriza finalizar las actividades de la prestadora del servicio de salud, sin que se haga mención de los motivos del cierre de la entidad y menos que se hable de las pérdidas y posibles malos manejos. Al parecer el cierre se debe a la solicitud de la administración y que la Supersalud se lava las manos al encontrar presuntos hallazgos con alcance fiscal con altos sobrecostos en la contratación y determinados en una sola auditoría de dos días con alcance únicamente a la vigencia 2016, obviándose la auditoría forense solicitada desde el 2010.
70 mil MILLONES Son las pérdidas que provocan el cierre de la EPS de Comfaboy, producto de desfalcos a la Caja de Compensación de Boyacá.
Al contrario, de acuerdo con las directivas de la caja, la autorización de la Superintendencia es un gran logro porque permite el cierre de la EPS y evita más dificultades, pero entonces surge la pregunta, ¿de dónde las pérdidas y en semejante cantidad de dinero? Las cuentas son sencillas: al liquidarse la EPS, quedan cuentas por pagar por cerca de 45 mil millones de pesos y las pérdidas acumuladas durante los últimos ejercicios se consolidan en más de 30 mil millones; y, ¿el por qué?, empieza a tener explicación con un reciente informe de la Superintendencia de Salud que constituye un preliminar de la auditoría especial que la entidad de control hizo hace apenas dos meses sobre el manejo de la EPS, donde los hallazgos son escalofriantes, imponiéndose la obligación de que se sepa qué fue lo que pasó y quiénes sus responsables.
Lo que comenzó en 2005 con la autorización para que funcionara la EPS Comfaboy que, se suponía podría ser un gran negocio para fortalecer la economía de la caja, y lograr mejores beneficios para la población boyacense, y que se calculó podría alcanzar 265 mil usuarios, finaliza ahora en el peor descalabro para la caja, donde los trabajadores afiliados y los empresarios boyacenses terminarán asumiendo semejantes pérdidas, las que, sin embargo, para la Dirección de Comfaboy no representan ningún problema; más bien, el hecho de cerrar la EPS sin que se mencionen sus causas, es presentado como un éxito, según el comunicado del anuncio oficial de la caja donde se dio cuenta de la resolución de la Superintendencia de Salud de autorizar el cierre de operaciones de la EPS, la cual funcionará hasta el 30 de septiembre próximo. Al término de la actividad de la EPS, sin embargo, apenas se alcanzaron 105 mil afiliados.
Malos manejos detectados
De acuerdo con la documentación existente se prueba que todo esto se debió a los malos manejos de la EPS durante los últimos siete años; en un reciente informe del 4 de julio de 2017, la Superintendencia de Salud encontró, entre otras seguras irregularidades que, durante 2016, se canceló el 100% del costo los servicios contratados para la detección temprana, promoción y prevención de enfermedades, sin que estos cuenten con seguimiento a la calidad y soporte a la prestación de los mismos. En otras palabras, el Director Fredy Garcíaherreros autorizó los pagos por este servicio que equivalieron a más de 17mil millones de pesos durante este año, sin que se evidencie que efectivamente los servicios hayan sido prestados. De esta magnitud es el problema. Y como si fuera poco, en el informe citado se afirma que la comisión de investigación de la Superintendencia cuando preguntó al funcionario que autoriza los servicios que cómo se hacía el seguimiento al cumplimiento de estos, la respuesta, es curiosa, fue muy sincera: si el paciente no se queja, no hay seguimiento. Sobre este tópico se espera que la Superintendencia profundice y dé fe con la verdad.
Obsérvese que esto corresponde al último año, 2016: ¿qué pasaría con estos recursos en los últimos años desde 2010, cuando la EPS comenzó a tener dificultades y acumular pérdidas?
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En cuanto a otro grupo de pacientes de alto costo como son los afectados por VIH, en la auditoría de la Superintendencia se lee que allí hay un detrimento patrimonial a la EPS de 44 millones de pesos por afiliado, durante 2016; por esta enfermedad se diagnosticaron 61 de los 105 mil afiliados. Con otra anomalía detectada: la EPS Comfaboy determinó pagar un monto fijo mensual por enfermo de VIH, pero se encontró que se prestaron servicios mínimos, sin estipulaciones claras de frecuencia de uso, y no se definieron los responsables de la atención integral e interdisciplinaria; la EPS no hizo control ni seguimiento sobre la calidad y la integralidad de los servicios, depositando una confianza extrema en el prestador de los servicios, sin que el ente de control pudiera establecer la cobertura de actividades a efectos de asegurar la mejora de los pacientes y la correcta aplicación de los recursos, según se lee en el informe de la Superintendencia.
La red
¿Todos enfermos de cáncer?
En cuanto a los enfermos de cáncer, de los 105 mil afiliados a la EPS, en 2016 la administración de Garcíaherreros, sin ningún estudio ni análisis de perfil epidemiológico, asume que 70 mil afiliados pueden tener problemas de cáncer, para determinar los costos a contratar. Con base en esta cifra se hace la negociación para la prestación de los servicios para atender el mayor número posible de pacientes. Resulta que la Supersalud identifica que del total de afiliados, solamente 892 son enfermos de cáncer. Así que no se sabe por qué se determinó la cifra de 70 mil, ni cómo fueron atendidos los 892 que realmente tienen la enfermedad. Esta contratación también fue tercerizada, habiéndose asignado a la IPS, Centro Nacional de Oncología, que a la vez subcontrató servicios con la clínica Juan N Corpas, por más de 1.500 millones de pesos.
El informe advierte otra vez que no hay criterios de evaluación ni de seguimiento para saber si se prestaron los servicios o no.
Tampoco se sabe si bajo esta contratación, se atendieron en su integralidad a los pacientes realmente identificados. Así que de los 2.700 millones pagados por este concepto en 2016, no hay precisión sobre los beneficios a la población que lo necesitaba; lo dice el informe: no se pudo determinar las frecuencias de uso de los servicios, el estimado de los costos, y el impacto que genera este sistema de contratación en la población atendida.
¿Escandaloso sobrecosto en el suministro de medicamentos?
En cuanto al suministro de medicamentos, hay muchas observaciones sobre las fallas que se cometieron en 2016, que es el año evaluado por la Superintendencia. Por ejemplo, con una firma llamada Distrimeq, se contrataron servicios de suministro de medicamentos por 1.300 millones iniciales pero en el transcurso del año se totalizó una sobre ejecución del 83%, pagándose finalmente 2.381 millones de pesos.
En este punto hay verdaderas incógnitas que inducen a pensar en anomalías de fondo. De acuerdo con el informe que evalúa el periodo octubre-diciembre del año pasado se tomaron 27 municipios, cuya población afiliada (BDUA, base de datos única de afiliados) es de 30.454; de este universo, dadas las proyecciones y estudios que se hacen sobre el comportamiento de la población para el acceso a los servicios de atención, se estima que el 25% puede ser el techo de la población enferma, es decir que para 30 mil afiliados la probabilidad de enfermos es de 8.900 personas y el potencial de consultantes, es decir, el total máximo de personas que demandan el servicio, sería de 7.600 usuarios.
Los prestadores de servicios y los gerentes de las empresas que fundamentan sus negocios en relaciones con la institucionalidad no informan porque de alguna manera para poder sostener las empresas tienen que garantizar la concreción de negocios, donde se necesitan dar los sobornos; pero ante la ley, tan corrupto es el que exige el soborno como el que lo paga, ante esto, las víctimas que pagan el soborno terminan siendo solidarios con la corrupción, y en todo caso perjudicados. En este punto se sustenta la tranquilidad de los delincuentes que no serán denunciados”.
Sin embargo, para el periodo analizado, entre octubre y diciembre del año pasado, se habría atendido la totalidad de la población BDUA; consecuencia de lo anterior, el 100% de la población reportada en cada municipio recibió para el mes de octubre siete medicamentos; en noviembre 14 medicamentos, y en diciembre 13, lo cual dista de la realidad en la que no se concibe que el ciento por ciento de la población asignada a un asegurador consulte en su totalidad durante el mismo mes y mucho menos que esta eventualidad se repita durante todo un trimestre, dice al pie de la letra el informe de la auditoría de la Superintendencia de Salud.
Agrega el ente de control: “si bien el operador logístico, Distrimeq, muestra en el informe anterior un aumento progresivo en la dispensación y entrega de medicamentos, no se evidencia el soporte de la entrega efectiva, las cantidades dispensadas, ni la presentación y el costo por cada uno de ellos”. Se entregaron medicamentos sin ningún control, no se sabe si los pacientes los recibieron, si fue en la cantidad estipulada, como tampoco se establece con base en qué fórmula médica; tampoco se dan los costos de los medicamentos.
Se anuncian más investigaciones, ya que la Supersalud cree que los consultantes, como queda dicho, fueron unos 7.600 y que por ningún motivo es posible que toda la población vaya a consulta tres meses consecutivos y les den en promedio 34 medicamentos mes en el último trimestre en 2016.
Otra curiosidad en el caso de Distrimeq y sus contratos de suministro de medicamentos es el suministro de medicamentos por evento para los niveles II-III y IV de complejidad que se celebró el año pasado, entre abril y diciembre, por valor de 180 millones de pesos, pero que al finalizar el periodo 2016 registra un pago total de 642 millones 630 mil 125 pesos, presentando una diferencia o sobrecosto, dice el informe, de 460 millones. Sin embargo, en esta cuenta hay algo peor: la superintendencia en la auditoría que aquí se viene citando, determina que durante 2016 se realizaron pagos por giro directo, sobre este contrato inicial de 180 millones, de 2.500 millones a Distrimeq, lo cual, advierte el informe, evidencia una omisión en el detalle de los pagos efectuados a los prestadores de servicios de salud de 1.858 millones de pesos. Es decir, el contrato inicial con Distrimeq es por 180 millones, la contabilidad de la EPS, al final de diciembre de 2016 reporta un pago de 642 millones, pero la auditoría de la Superintendencia encuentra que durante el año, en realidad le giraron, por este contrato, a Distrimeq, 2.500 millones.
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Sumados a la totalidad de costos por medicamentos, asciende a 5.964 millones, cifra que en el 82% de los servicios correspondientes a Distrimeq no evidencia soportes de prestación efectiva de los servicios. Concluye el Informe de la superintendencia en este acápite, que todo hace presumir que la EPS de Comfaboy no realizó control y seguimiento a la dispensación y entrega efectiva de medicamentos, traduciéndose en un riesgo económico al incrementarse por posible facturación y pago de medicamentos no soportados y un riesgo en salud, por sobre-medicación de los usuarios.
La pregunta que surge aquí es ¿si todas estas anomalías corresponden únicamente a la vigencia 2016, cuál será el comportamiento de los años anteriores y del mismo 2017, hasta el próximo 30 de septiembre cuando sean cerradas sus operaciones?
Recuperación de cartera y cuentas por pagar
Decidido el cierre de la EPS, estos dos tópicos contables dejan sendas cifras alarmantes. De un lado, las cuentas por cobrar, al corte de diciembre de 2016, ascendían a 12 mil 475 millones de pesos, de los cuales estaban en cartera superior a 360 días, 6 mil 836 millones, que según el acta 720 del 12 de diciembre de 2016, se reconoce que no son recuperables.
Por el otro lado están las cuentas por pagar, donde las diferencias entre las cifras de la contabilidad de la EPS y los acreedores son muy considerables: a diciembre de 2016, según Comfaboy EPS presenta un saldo de 21 mil 802 millones 476 mil 416 pesos de cuentas por pagar, por prestación de servicios de salud; sin embargo, las instituciones prestadoras de servicios de salud reportan que Comfaboy les adeudaba, a esa fecha, el monto de 45 mil 432 millones 566 mil 431 pesos. Habrá que ver el consolidado final de estas cifras a 30 de septiembre próximo fecha en la cual cesará en sus funciones la EPS.
El problema de fondo es que todas estas anomalías, que parecen son el producto de la imparable corrupción, las terminarán pagando, en primer lugar los trabajadores afiliados a la caja, que verán cómo de sus aportes se echará mano para subsanar las pérdidas, mientras se disminuyen la cantidad y calidad de los servicios a los que legítimamente tienen derecho y se disminuirá la inversión social en los próximos años, cuyos recursos serán destinados a pagar la corrupción.
Y por qué tanta pérdida y tantas cuentas oscuras
La respuesta inmediata se remite a la corrupción que permea todos los ámbitos de la institucionalidad y del sector privado. Muchos prestadores y proveedores se aterran de la situación de corrupción al interior de Comfaboy, por ejemplo, pero no se atreven a denunciar, dice una fuente que prefiere el anonimato.
Y explica: “los prestadores de servicios y los gerentes de las empresas que fundamentan sus negocios en relaciones con la institucionalidad no denuncian porque de alguna manera para poder sostener las empresas tienen que garantizar la concreción de negocios, donde se necesita dar los sobornos; pero ante la ley, tan corrupto es el que exige el soborno como el que lo paga; ante esto, las víctimas que pagan el soborno terminan siendo solidarios con la corrupción, y en todo caso perjudicados. En este punto se sustenta la tranquilidad de los delincuentes que no serán denunciados”.
Vuelve y juega la historia del Hotel Panorama
Es otra vez el fantasma de un mal negocio que hace casi 20 años hizo Comfaboy y que ahora se reedita en un nuevo capítulo que implica casi a los mismos actores; en este caso, al exsenador Plinio Olano Becerra, emparentado desde el principio con la familia Riaño que fue la que negoció el hotel con la caja.
En ese entonces el hotel fue vendido a Comfaboy por tres veces su valor, ya que el avalúo inicial era inferior a dos mil millones de pesos de la época y terminó negociándose por más de seis mil millones; y, fuera de eso, los Riaño ‘salvaron un lote’, que era parte integral del área del Hotel Panorama, donde hoy está construido un edificio que se anuncia como un nuevo hotel, edifico que ocupa un área mayor al lote inicial escindido, que está conectado a los servicios del Hotel Panorama, como sucede con el sistema de evacuación de las aguas residuales y el uso de las aguas termales; un futuro hotel que carece de acceso propio, que no tiene zonas verdes propias, que no tiene parqueaderos propios, que al parecer carece su construcción de las debidas licencias y que viola las normas de urbanismo al no quedar con las áreas de aislamiento necesarias.
Hoy esta es una inversión pasiva, que está abandonada; en consecuencia, hay quienes afirman que este hotel será arrendado a Comfaboy, con opción de venta futura; se habla de que por su estructura este bien valga dos o tres veces más de lo que valió el Hotel Panorama original. Es decir, se repetiría el primer negocio.
Y aquí entraría la figura de un personaje como el exmagistrado Ricaurte
En el caso de la contratación de Ricaurte sucede lo impensable, que los que presunta o realmente cometieron las fechorías contratan con más plata de la entidad a sus defensores, para que estos ayuden con la absolución si es necesario y traten de condenar a los que se atreven a denunciar.
Así que los que han puesto el ojo y las manos sobre una entidad como Comfaboy, se vuelven seguros ricos con dineros que les siguen quitando a los trabajadores y empresarios, y para silenciar a la justicia, contratan a otros personajes que funcionan en el mismo circuito de la corrupción, en los más altos niveles, para que garanticen la impunidad de los corruptos y más bien se persiga a los que tienen el valor civil de denunciar los hechos de la ilegalidad.
Se ha sabido siempre que de la mano de Plinio Olano llegó un personaje como Garcíaherreros a Comfaboy y quien ahora, todo parece indicar, induce el contrato del exmagistrado Ricaurte para defender a los autores de las anomalías y tratar de condenar a los que denuncian. El Dr. Ricaurte, hasta donde se sabe, no ha ido a ningún despacho a representar la entidad y defender sus intereses, pero en cambio ha cobrado importantes honorarios que cumplidamente ha cancelado la tesorería de la Caja, tal como se comprueba con los contratos 315 de 2015; el 57 de 2016; y el 31 de 2017, y sus respectivos comprobantes de pago, cuya suma es de 202 millones. Ahora bien, surge otra duda: ¿el abogado German Rozo Toledo, defensor de Plinio Olano Becerra, hace parte del Bufet de Ricaurte?
Ante este panorama donde la justicia no actúa, la fiscalía tiene parados los procesos, es que se piensa que el exmagistrado Ricaurte sí ha cumplido, que los contratos de asesoría del exmagistrado son la fachada y que su verdadero trabajo ha sido lograr que la justicia no actúe; que, entes, como la Contraloría y la Procuraduría, no vean nada.
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Y los dolientes
Al no actuar los órganos de control, es aquí donde surge la irrenunciable necesidad de que los trabajadores afiliados y empresas afiliadas, se empoderen de la caja y se denuncie el detrimento patrimonial derivado de una mala gestión administrativa, con presuntos hechos de corrupción y desvió de recursos; que el actual Consejo Directivo actué de acuerdo a sus funciones, para controlar la destinación de los recursos encomendados, defina políticas y redireccione la administración hacia la optimización de recursos, eficiencia en la prestación de servicios, impacto externo en materia social y denuncie los hechos de corrupción para no ser partícipe y cómplice de los mismos. Hay que recordar que en el Consejo Directivo hace parte el empresario Rafael Cortés como representante del sector comercio de 73 municipios de nuestro querido Boyacá; o sea, él es el representante de los comerciantes de la Cámara de Comercio de Tunja.
Acá el Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud
Sera que los boya censes nunca pasaremos la cuenta cobro a la familia olano y todos sus herederos políticos?, que ha hecho y desecho con el patrimonio de los boya censes, hasta cuando ? habrá que esperar a ver a este señor olano y familia este tras las rejas y con su patrimonio personal y familiar intervenido, nada de raro esta que en este momento estén llenando listas para cambio radical, por que la u ya paso su momento y también estuvieron allí
por favor paisanos ojos abiertos
Ya es hora de que la justicia actúe y destape esa olla podéis.
Que mano de ratas. Interesante seria escuchar la versión del empresario Rafael Cortes para que manifieste que ha pasado allí y cómo funciona la maquinaria de la manipulación en cámara de comercio y Comfaboy
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