Por: Jhonathan Leonel Sánchez Becerra, Historiador
Los hechos de alteración del orden público ocurridos en Colombia en los últimos días como consecuencia del asesinato del ciudadano Javier Ordóñez Bermúdez en Bogotá nos invitan al análisis del uso legítimo del monopolio de la violencia a través de las armas del Estado, así como a juzgar de inapropiado que el asesinato de Ordóñez sea calificado ligeramente por el ministro de defensa como un hecho aislado y justificado por el desconocimiento de los procedimientos policiales del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) por parte de unos individuos miembros activos de la Policía Nacional.
La violencia no sucede como un acto espontáneo y para poder comprenderla debemos indagar en las causas que la originan, para seguramente encontrarnos con que la responsabilidad recae en la estructura y organización del Estado mismo, así como también en el gobierno temporal que lo representa, garante de la seguridad y la vida de todos los colombianos.
La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil supeditado al poder ejecutivo, así a nivel nacional el jefe supremo es el presidente; en el departamental, los gobernadores; y en las municipalidades, los alcaldes. Entre sus principales funciones, los miembros de la institución deben: mantener la convivencia y aplicar medidas correctivas que aseguren el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudadanía y la preservación del orden constitucional.
No obstante, el uso legítimo de la fuerza no es incondicional sino que se encuentra claramente limitado por la ley y por múltiples tratados internacionales, y su aplicación legítima es la de someter y judicializar a quienes opongan “resistencia violenta” a sus procedimientos. De tal forma y en favor de la transparencia de sus actuaciones, el mencionado código contempla en su artículo 21 el carácter público de las actividades de Policía que los ciudadanos tienen permitido grabar mediante cualquier medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ahora bien, el señor Holmes Trujillo afirmó en sus declaraciones que existe un plan organizado para alterar el orden público en el país, sin revelar más detalles. En ese orden de ideas y luego de conocer innumerables imágenes y vídeos que circulan en las redes sociales donde se observa claramente el uso excesivo de la violencia por parte de efectivos de la Policía Nacional que portando chaquetas al revés y armas contundentes no convencionales, atacan a la población civil desarmada que protestaba en forma pacífica en las diferentes ciudades del país.
Cabe preguntar: ¿quiénes ordenan y controlan las actuaciones de la Policía Nacional?, ¿acaso hay infiltrados de organizaciones terroristas al interior de la Policía?, ¿el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez Bermúdez corresponde al plan organizado que mencionó el ministro?, ¿quiénes están asesinando a los jóvenes manifestantes en Colombia?
Lo innegable es que históricamente los casos de abuso policial en nuestro país, no son nuevos ni aislados, se repiten de manera sistemática lo que los convierte en crímenes de Estado y delitos de lesa humanidad y son tantos, que es imposible enumerarlos aquí pero que sin duda, cualquiera podrá investigar fácilmente.
Efectivamente, el caso del joven abogado que deja dos hijos pequeños sin padre es solo uno más. Para no ir tan lejos, recordemos los actos vandálicos cometidos por miembros uniformados de la Policía Nacional que fueron registrados por la ciudadanía durante las protestas del Paro Nacional Agrario en el año 2013, tanto en las áreas urbanas como en el sector rural en Boyacá y en otras regiones del país. Se evidenciaban uniformados que sin razón aparente rompían ventanales de residencias, irrumpían en viviendas y golpeaban civiles que transitaban tranquilamente.
En consecuencia, a la pregunta por qué la ciudadanía actúa con violencia, podríamos argumentar ampliamente, sin el ánimo de justificarla pero sí de comprenderla: porque está cansada de ser ignorada y de que la protesta pacífica no conduzca a soluciones efectivas y duraderas. Aunque todos rechazamos la violencia, lamentablemente, al parecer es el único camino que el gobierno le deja al pueblo para ser escuchado.
Finalmente, sorprenden las palabras y las actitudes del ministro de Defensa que, en lugar de buscar el consenso y la reconciliación entre la ciudadanía y la institucionalidad, solo enardecen más los ánimos, pues está comprobado que el aumento de la represión sobre la ciudadanía solo traerá consigo el recrudecimiento de la violencia en las calles. Se requiere una reforma estructural del Estado y sus instituciones, entre ellas la Policía Nacional de Colombia, y el desmonte inmediato del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Es importante subrayar que la ciudadanía condena todos los actos vandálicos cometidos en detrimento del patrimonio público de los colombianos como los CAI, los edificios, el transporte y los semáforos, lo mismo que el robo de Folcompuertos ($2.5 billones), Dragacol ($26.000 millones), Invercolsa ($9.462 millones), Cajanal ($9.000 millones), Agro Ingreso Seguro ($200.000 millones), Dirección Nacional de Estupefacientes ($30.000 millones), Saludcoop ($1.4 billones), Reficar ($18 billones) e Hidroituango ($4 billones), Colpensiones, Chirajará, Ruta Del Sol, Túnel de la Línea y un grandísimo etcétera procedente de los bolsillos de los contribuyentes.
