En Boyacá, tierra de montañas que han sabido guardar silencios y recuerdos, se nos anuncia un nuevo amanecer con el catastro multipropósito. Una palabra larga, casi técnica, pero que se disfraza de promesa: justicia tributaria, formalización de tierras, claridad en los linderos, planificación territorial. Se nos dice que con este instrumento las comunidades rurales dejarán de ser invisibles, que la tierra tendrá nombre, cédula y medida.
Desde el Derecho uno celebra, en principio, la claridad que puede dar un sistema que busca ordenar la casa. El derecho a la propiedad, la seguridad jurídica, la transparencia en los tributos: todo parece encajar en el discurso de un Estado que se acerca a su pueblo. Pero —y aquí la memoria de los pueblos boyacenses lo recuerda bien— no todo lo que brilla es trigo.
El catastro multipropósito tiene un doble filo. Por un lado, puede ser la llave para que campesinos olvidados accedan al crédito, para que la mujer rural herede sin miedo a perder, para que el municipio planifique sin andar a tientas. Por otro lado, puede convertirse en una herramienta de despojo si el mapa lo dibujan más los intereses económicos que la realidad de quienes cultivan la tierra. El riesgo es que el campesino termine pagando por habitar donde siempre habitó, como si la memoria de su abuelo no valiera más que un avalúo catastral.
Galeano diría que “las tierras en América Latina son generosas, pero sus papeles son crueles”. El catastro multipropósito promete modernidad, pero si no se acompaña de justicia social, de pedagogía y participación real, puede terminar siendo solo un nuevo lenguaje de exclusión.
El reto para Boyacá no es llenar de cifras los predios, sino escuchar la voz de quienes los trabajan. No basta con medir hectáreas: hay que medir historias, raíces, arraigos. El derecho agrario, ese que tanto se invoca en la teoría, debe servir aquí para equilibrar la balanza entre Estado y campesino, entre número y vida.
La resolución 150000026 de 2025 del IGAC ordena el inicio del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en las zonas rural y urbana de San José de Pare, mi pueblo, pero hasta el momento no hay sola comunicación al respecto.
En conclusión, el catastro multipropósito en Boyacá es un camino inevitable, pero no puede ser impuesto como una topografía sin alma. Si se hace con las comunidades, será herramienta de justicia. Si se hace contra ellas, será otra cartografía del despojo. La decisión está en quién escribe el mapa: ¿el burócrata desde un escritorio, o el campesino con las manos aún manchadas de tierra?
