Para sorpresa de los chiquinquireños, el próximo lunes llegará al Concejo Municipal para segundo y último debate el proyecto de acuerdo N° 008, “Por medio del cual se autoriza al alcalde de Chiquinquirá para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2025-2044” con el fin de concesionar la operación del catastro en la ciudad.
Este proyecto busca comprometer vigencias futuras durante 20 años, en el cual los chiquinquireños pagarán a través del impuesto predial la suma de $163.001.443.577 millones de pesos, una cifra veinte veces mayor que el último empréstito de la ciudad, que fue de $7.500.000.000 millones de pesos. El desconcierto de la ciudadanía es grande, no solo por el desconocimiento del proyecto, que los ha tomado por sorpresa al avanzar en silencio y estar cerca del último debate, sino también por la falta de socialización del mismo con la comunidad. Además, muchos señalan la contradicción con la postura firme que tuvo el actual alcalde durante su campaña, cuando se opuso a la participación privada en el sector público.
Si bien, la actualización catastral es más que necesaria en la ciudad, teniendo un rezago presupuestal de más de 15 años, lo que ha afectado directamente los ingresos de libre destinación y por consiguiente la inversión y hasta la categoría de la ciudad, preocupa el impacto que tendrá este millonario proyecto a costa de los impuestos de los Chiquinquireños y aún más, a quién se le concesionará la operación del catastro.
Recordemos que el gobierno anterior celebró con bombos y platillos la habilitación de la gestoría catastral para la ciudad, pero nunca proyectó el costo ni el retorno necesario para asumir esta responsabilidad, dejando de lado la principal prioridad: actualizar el catastro del municipio. La operación catastral es de vital importancia, ya que es responsable de la información inmobiliaria, el registro de nuevos inmuebles, la actualización de los valores catastrales, el control de la urbanización y la planificación del territorio. Estas decisiones no solo impactan el crecimiento y la proyección de la ciudad, sino también el bolsillo de los ciudadanos.
Preocupa la falta de gestión de recursos ante el gobierno nacional y departamental, la búsqueda de financiación parcial disminuiría el costo total del proyecto, sumado a esto las dudas sobre la legalidad en su aprobación, en los sectores en los que es viable aplicar vigencias extraordinarias, las condiciones de las mismas dentro de las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, la capacidad de endeudamiento y el contenido de los estudios técnicos. Debido a la falta de socialización, se desconoce el impacto territorial del proyecto, que debería estar detallado en términos de identificación, fases y costos de ejecución, así como su valoración técnica, económica, financiera, jurídica, ambiental y social.
Amanecerá y veremos. Esperemos que el Concejo Municipal no apresure la aprobación de este proyecto y se tome el tiempo necesario para socializarlo y responder a las dudas que están surgiendo en la ciudadanía. Al fin y al cabo, somos los Chiquinquireños quienes pagaremos con nuestros impuestos esta millonaria concesión.
