Por | Fabian Camilo Rojas Barrera*
Este año terminamos otro periodo constitucional de los gobiernos territoriales. Se hace necesario efectuar un balance de los aciertos y de las falencias a lo largo de los tres años de trabajo que llevamos, para determinar cuáles deben ser las prioridades de inversión en lo que resta del año; para ello, es importante que la opinión pública conozca la realidad presupuestal del Departamento de Boyacá y lo que consideramos debe fortalecerse.
Nuestra realidad presupuestal, conforme al plan financiero para la vigencia fiscal 2023 se encuentra limitada a 1.4 billones de pesos, de los cuales 195 mil millones son para gastos de funcionamiento, 1.16 billones para gastos de inversión y 46 mil millones para servicio de la deuda pública; sin embargo, los recursos de libre inversión con los que realmente cuenta el departamento son alrededor de 90 mil millones de pesos, luego de descontarle a los gastos de inversión las vigencias futuras comprometidas y las inflexibilidades que tienen destinación especifica. Una realidad difícil, teniendo en cuenta todas las necesidades de nuestro departamento en los 23.189 kilómetros cuadrados de territorio.
Decimos que las comparaciones no son buenas, pero lo cierto es que, el departamento, con relación a otros, tiene un presupuesto bajo; verbi gratia, su similar de Antioquia que con solo tres municipios más que el nuestro, tiene un presupuesto asignado para esta vigencia de 4.9 billones de pesos y Cundinamarca que tiene 7 municipios menos, cuenta con un presupuesto de 4.5 billones de pesos; ahora bien, estos dos territorios cuentan con un desarrollo industrial y comercial muy superior, siendo este uno de los retos que deberemos afrontar quienes estén o estemos en futuras administraciones.
Sin perder de vista, las graves falencias que tenemos, debemos fijarnos en lo que piden a gritos y reclaman nuestros conciudadanos boyacenses, no siendo diferentes a inversión para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial departamental y la red vial terciaria por la que sufren particularmente nuestros campesinos; no podemos dejar de lado la inversión en la infraestructura del sistema de salud pública, uno de los puntos que se deben resaltar del actual gobierno; el fortalecimiento del sistema productivo agropecuario como principal fortaleza del departamento; la implementación de estrategias vertebrales que permitan el fomento empresarial, para mejorar la economía y la generación de empleos formales que garanticen el acceso a la vida laboral de nuestros jóvenes y evitar que tengan que desplazarse a otros territorios en busca de oportunidades; todo lo anterior, sin dejar de lado las demás tareas que le son propias a la administración departamental en coordinación y apoyo con nuestros 123 alcaldesas y alcaldes que a diario tienen que luchar por las necesidades propias en cada uno de sus territorios.
Para aprovechar al máximo el presupuesto departamental, debemos generar espacios de coordinación interinstitucional, haciendo sinergia entre las necesidades de los entes territoriales con los programas y proyectos de inversión del nuevo Plan Nacional de Desarrollo “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”; para lo cual debemos construir lazos de confianza e identidad de país que sobrepasen los intereses políticos regionales y nacionales. Esa es la gran apuesta para los diez cortos meses de gobierno que restan.
*Fabian Camilo Rojas Barrera, Abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista de esta misma universidad en derecho administrativo y derecho constitucional, especialista en derecho contractual y actualmente candidato a Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Profesionalmente se ha desempeñado como Asesor de Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, Subdirector de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Asesor de Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, Asesor de la Subdirección General de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Asesor de la Dirección de Reasentamiento de la Caja de la Vivienda Popular, Presidente de la Asamblea Departamental de Boyacá y actualmente Diputado del Departamento de Boyacá por el partido Liberal colombiano.
