Uno de los temas que más llevan a discusión en los actuales tiempos, sobre todo en países como el nuestro, es el relacionado con el concepto de Estado, como estructura, como poder establecido.
Con frecuencia se dice que el Estado no le está llegando a la gente, como no sea para imponerle impuestos. Al mismo tiempo se indica que como Estado no tiene presencia en muchas regiones, con base en obras de desarrollo, a partir de la seguridad social, en lo que tanto importa: salud, educación, proyectos de vivienda popular, fomento de empleo y aún políticas de cultura asociativa, para tornar productivo el campo y que la ciudad no sea más el forzoso y cruel ambiente para desplazados.
Cuando los analistas de la problemática social, se colocan ante cifras preocupantes de desempleo, de falta de techo, de analfabetismo; cuando encuentran que los hospitales no resisten más su crítica situación económica y se declaran incompetentes para atender gente de dramática situación de pobreza o miseria, cuando observan que una generación de jóvenes del sector rural van quedando sin porvenir de vida, por falta de proyectos educativos y de formación técnica que sean como el soporte y perspectiva de la realidad regional; entonces es cuando como estudiosos de la problemática de la gente del común, entran a cuestionar el papel del Estado y la ineficacia de los gobiernos.
Viene entonces la gran pregunta: Si el Estado existe, ¿cómo es que no es de todos? O mejor, ¿cómo es que no funciona su globalización? Pero vienen otras preguntas, todavía de más rigor, de más serio cuestionamiento: ¿Se puede hablar de una legitimidad del Estado, cuando sólo algunos estratos se benefician de él, de sus manejos, de sus políticas?
El tema del costo de vida, de la no respuesta del Estado a problemas de distinto orden, que en educación, que en salud, que en faltas de seguridad, sí que inquieta y hasta lleva a controversias. De pronto porque la gente no siempre ve que haya ley de compensación, que tantos de los recaudos no vengan a traducirse en respuesta estatal, sobre todo para los sectores que por verse más incomunicados, más desprotegidos, más abandonados, se sienten más que condenados en vida a una situación de infortunio, de desesperanza.
En una época de neocolonialismos, como la que ahora se advierte, cuando Estados y gobiernos, sólo parecen estar pendientes de dictámenes que vayan tomando sobre naciones y pueblos, los nuevos amos de la economía, con la vigencia y poder de multinacionales, como en el gran afán por arrancarle a países y sus geografías, todo lo que puedan dar en materia de lo rentable, sin que importe que crezcan cada vez más los mapas de pobreza o miseria, sin considerar que puedan convertirse en “bombas de tiempo”, como han alcanzado a pronosticar exponentes mismos de la cultura del saber y del tener a nivel internacional, en una época así marcada por condicionamientos, se necesita un nuevo despertar.
Vaya a establecerse si en Colombia puede darse de pronto un despertar, y que más sea un reaccionar, de partidos políticos, de organizaciones sectoriales y gremiales, de fuerzas sindicales, de iglesias y religiones, de élites de lo intelectual y de lo económico; siempre para declarar y en forma absoluta la necesidad imperiosa de una Colombia de políticas oficiales garantizando el precepto absoluto de vida digna, de plenitud para el hombre del común en nuestro medio.
Así las cosas, se espera que por lo menos en pueblos y regiones, surjan algún día colectivos de poder social, como principio organizativo de exigencia de toda justicia.
