La Fundación Tota Sostenible emitió una grave denuncia en la que señala a Corpoboyacá como el principal contaminador del Lago de Tota, debido, según la organización, a omisiones administrativas, abandono de infraestructura ambiental y la ejecución de estudios repetitivos sin resultados efectivos.
De acuerdo con la Fundación, “la mayor fuente de contaminación del lago en el tiempo que lleva administrando Corpoboyacá son los estudios, la forma más fácil y rápida de diluir los recursos públicos”. La denuncia sostiene que proyectos heredados de entidades como la CAR y el Inderena, entre ellos viveros y estaciones piscícolas, se encuentran en total abandono.
#DenunciasED | Fundación Tota Sostenible acusa a Corpoboyacá @Corpoboyaca de ser el principal contaminador del Lago de Tota por omisión y abandono.
Según la organización, cada año se inundan más de 500 hectáreas por la falta de mantenimiento en las compuertas del río Olarte.
— EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) October 9, 2025
Uno de los puntos más graves señalados por la fundación es la inundación provocada anualmente en las riberas del lago, lo que estaría violando la Resolución 0458 del 14 de junio de 2005, expedida por la misma corporación. Dicha resolución ordena cerrar las compuertas del río Olarte cuando el nivel del agua se acerque al punto de rebose y desviarlo hacia su cauce natural en el río Upía. Sin embargo, la denuncia advierte que esas compuertas no funcionan desde hace más de 50 años, generando el desbordamiento que descompone materia vegetal y contamina las aguas.
La Fundación también afirma que Corpoboyacá ha desconocido la Sentencia 094 de 2015 de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto el Decreto Ley 1111 de 1952, base jurídica de las obras que hoy causan las inundaciones.
El resultado de esta omisión, aseguran, es la inundación de entre 523 y 600 hectáreas de vegetación, cuya descomposición estaría afectando directamente la calidad del agua que consumen los habitantes de la provincia de Sugamuxi.
La organización solicita a Corpoboyacá y a las autoridades ambientales competentes responder por los impactos y la gestión del lago más grande de Colombia, cuya salud ecológica continúa en riesgo.
