Concejal Román Quintero denuncia irregularidades en millonario contrato de la Alcaldía de Tunja. Un contrato por más de 15 mil millones de pesos fue entregado a una empresa recién creada.
El concejal Román Quintero Corredor, del Partido Liberal, encendió nuevamente las alarmas sobre la contratación pública en la capital boyacense. A través de sus redes sociales y un video de control político, el cabildante señaló presuntas anomalías en un contrato interadministrativo suscrito por la Alcaldía de Tunja con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, una entidad que —según Quintero— fue constituida en junio de 2024 y no tendría la experiencia suficiente para ejecutar obras de gran envergadura.
El contrato, que asciende a 15.000 millones 760.144 pesos, estaría destinado a infraestructura vial, educativa, de espacio público y salones comunales, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. El concejal cuestionó que el documento fue firmado a finales de septiembre, lo que, en su criterio, deja poco margen para cumplir con los objetivos proyectados.
Ver esta publicación en Instagram
“De entrada podría decir que este contrato no se va a cumplir”, afirmó el concejal en su intervención, al advertir que el tiempo de ejecución resulta insuficiente y que la empresa contratista “apenas lleva un año y dos meses de existencia”.
Más allá de los plazos, Quintero llamó la atención sobre la forma de desembolso del contrato. Según explicó, el acuerdo establece que el 95 % de los recursos —equivalente a 14.415 millones de pesos— fueron girados al momento de la firma, mientras que el 5 % restante, unos 739 millones, se pagaría al finalizar el proceso de liquidación. El concejal calificó como “preocupante” que la administración municipal haya entregado casi la totalidad del dinero al perfeccionamiento del contrato, sin mayores garantías de cumplimiento.
“Con la firma se entregó el 95 % del contrato”, señaló, al tiempo que comparó esta práctica con otros convenios recientes que, según él, fueron adjudicados “a dedo”, como los contratos del catastro multipropósito y el de logística con el Fondo Mixto de Cultura.
El cabildante sostuvo que, aunque los contratos interadministrativos no se rigen estrictamente por la Ley 80 de 1993, los lineamientos de Colombia Compra Eficiente recomiendan no realizar anticipos superiores al 50 % del valor total. En este caso, aseguró, la Alcaldía excedió con creces ese límite. “Aquí la administración municipal de una vez entregó el 95 % del dinero. Eso no se ajusta a las buenas prácticas de contratación pública”, enfatizó.
El contrato también contempla honorarios por más de 95 millones de pesos para la administración delegada, lo que, a juicio del concejal, convierte el acuerdo en “una bendición para la empresa Don Matías”, mientras deja al municipio con pocos mecanismos de control financiero.
En su publicación en la red social X (former Twitter), Quintero recalcó que su propósito no es obstaculizar la gestión de la Alcaldía, sino promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “No se trata de molestar, sino de buscar transparencia. Al principio creí que eran solo errores por desconocimiento, pero hoy estoy convencido de que hay algo más que no está alineado con los principios de la administración pública”, escribió.
El concejal anunció que pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes para que evalúen la legalidad del proceso y determinen si hubo irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato. Además, advirtió que continuará realizando seguimiento a través del portal SECOP, herramienta en la que se publican los procesos contractuales del Estado.
Hasta el momento, la Alcaldía de Tunja no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos. El debate se suma a una serie de cuestionamientos previos que Quintero ha hecho a la administración municipal, especialmente en temas de contratación directa y presunta falta de planeación en proyectos de inversión pública.
Con este nuevo episodio, el cabildante liberal refuerza su papel como voz crítica dentro del Concejo Municipal, mientras diversos sectores ciudadanos esperan respuestas claras sobre el manejo de los recursos y la transparencia en los contratos más representativos de la actual administración.
