La exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, que está cerca de completar 500 días privada de la libertad, esperaba recuperar su libertad por vencimiento de términos, pero deberá continuar detenida.
Nunca, desde el 18 de diciembre de 2024, cuando fue privada de la libertad, la exconsejera para las Regiones y excongresista Sandra Ortiz había utilizado un tono tan fuerte ni pronunciado frases tan contundentes como las que expresó ayer durante la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos.
“¿Por qué se oponen?”, “¿cuál es el miedo?”, “vamos a contarle al país la verdad”, fueron algunas de las frases que dijo Ortiz durante su intervención. En medio de su exposición, la Jueza tuvo que pedirle moderación y evitar calificativos al referirse a la Fiscalía, a la que la exfuncionaria señaló de, según sus palabras, “utilizar a veces maniobras de mala fe”.
La exconsejera está vinculada al mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado el gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La defensa de Ortiz consideraba que, tras cerca de 500 días detenida sin que se haya iniciado el juicio, era procedente concederle la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, la diligencia no pudo concluir y tuvo que ser reprogramada para el próximo 16 de abril.
Durante la audiencia, Ortiz denunció supuestas irregularidades en el proceso y aseguró que no ha podido acceder a pruebas para su defensa debido a múltiples oposiciones.
“Se oponen todos los que están acá. ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad, se lo dije a las víctimas. Vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas? Hoy no tengo una sola prueba, señora juez”, afirmó.
También señaló que existen más de 100.000 archivos que podrían contener material probatorio relevante, pero insistió en que no ha tenido acceso a ellos, lo que —según dijo— vulnera el principio de “igualdad de armas” frente al ente acusador.
“Yo nací en un país garantista, no estamos 100 años atrás. ¿A sacrificar al que sea, por qué?”, cuestionó.
Ortiz también expuso presuntas inconsistencias en la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Indicó que en la imputación inicial se le vinculó con el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos relacionados con la compra de carrotanques para La Guajira, hechos que —según afirmó— no aparecen en la acusación.
Asimismo, aseguró que en el escrito de acusación se menciona un contrato por $11.000 millones, cuando, según ella, el valor real no alcanzaría los $6.000 millones. “La Fiscalía no supo, no demostró, y admitió que podía ser un contrato falso, es decir, un contrato no existente”, sostuvo.
La exfuncionaria también rechazó las acusaciones que la responsabilizan por las consecuencias derivadas de la falta de suministro de agua potable en La Guajira. “Hicieron un show mediático que usted no se imagina, algo tan grande y monstruoso, diciendo que los niños de La Guajira se murieron por mi culpa”, afirmó.
Sandra Ortiz continuará privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá. En su contra, la fiscal María Cristina Patiño formuló acusación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la exfuncionaria ha rechazado.
