Es la pregunta que surge luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que las instancias especializadas del gobierno acaban de entregar el estudio sobre el uso del territorio continental del país donde se determina la frontera agrícola nacional, definida como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley».
En la presentación del Presidente, el énfasis estuvo en lo que se ha venido trabajando desde hace varios lustros en el país, que es aprovechar el potencial de Colombia para la expansión de la agricultura y por tanto ser parte importante de la oferta mundial de alimentos en el escenario del crecimiento de la población y el aumento del ingreso que harán más grande la demanda.
Sin embargo, la identificación de la frontera agrícola nacional hace parte del punto 1 del acuerdo final de la Habana para la terminación conflicto ‘Hacia un nuevo campo colombiano”, y da cumplimiento a la Ley 1776 de 2016: “reforma rural integral’, donde se contemplaron temas como el acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, protección de zonas de reserva, etcétera, lo cual plantea una orientación que puede resultar antagónica con el primer postulado.
Es decir que en estas dos perspectivas está el nudo del conflicto colombiano, y de la manera como se resuelva, también se definirá el futuro de la paz y la posibilidad de una sociedad más equitativa, o podrá ser el comienzo de una nueva etapa de confrontación con la perpetuación y acentuación de la desigualdad. Entonces, las definiciones sobre el camino a tomar quedan justo en el momento del cambio de gobierno, a sabiendas de la perspectiva en este campo de los que llegarán al control del poder a partir del próximo 7 de agosto, cuyos antecedentes que no se han olvidado son Agro Ingreso Seguro y Carimagua, la inmensa finca del Meta.
El cambio de cifras y perspectiva
Hasta ahora se decía que el potencial de las tierras aptas para los desarrollos agropecuarios en el país equivalía a unos 25 millones de hectáreas, de las cuales se han cultivado entre cuatro y siete y medio millones, y el resto en actividades ganaderas o mantenidas como tierras subutilizadas u ociosas, así que el anuncio del gobierno es de particular importancia, dado que eso resignifica las expectativas de ocupación, actividades y negocios en el inmenso territorio de 40 millones de hectáreas incluidas en la frontera agrícola, cuya delimitación acaba de anunciar el gobierno.
La superficie continental del territorio colombiano son 113 millones de hectáreas, siendo la primera vez que se dice oficialmente cuánta de esta área puede ser dedicada a las actividades agropecuarias, luego de los estudios llevados a cabo por los organismos competentes del gobierno que llevaron a tal inventario.
Tal inventario fue presentado por Presidente de la República Juan Manuel Santos en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA, recientemente realizada en Bogotá, donde anunció la identificación y definición de la Frontera Agrícola Nacional, la cual definió como “la cancha del sector agropecuario para el desarrollo rural sostenible”, cuyas reglas contienen la seguridad jurídica para las inversiones públicas y privadas en el campo.
Los que hicieron el estudio
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, fueron las instancias gubernamentales que definieron e identificaron la frontera agrícola nacional, con lo cual, en la perspectiva del gobierno, armoniza el emprendimiento agropecuario competitivo con el desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo rural de la mano con la protección de la biodiversidad.
Como resultado de este trabajo se encontró que la frontera agrícola nacional es de 40 millones 75 mil 960 hectáreas la cuales se definen como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley.
Esto significa que, el 35 por ciento del área continental del país, a partir de este estudio, se constituye en ‘la cancha’ donde las actividades económicas relacionadas con los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero son objeto de la formulación y focalización de la gestión de la política pública agropecuaria. Además, se promueve el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.
Las precisiones del estudio
Resulta de particular importancia el presente estudio dado que allí también se identifican las principales causas de la deforestación, la usurpación de tierras y los cultivos de uso ilícito, lo mismo que se describen con precisión las áreas protegidas y de conservación de la biodiversidad, donde el país pasa de tener 13.7 millones de hectáreas en 2010 a más de 43 millones de hectáreas en 2018.
En esta dirección, la definición de la frontera agrícola nacional es el marco de referencia para coordinar las acciones entre la institucionalidad del sector agropecuario y ambiental, para lograr la meta de reducción de la tasa neta de deforestación y conservar los ecosistemas de especial importancia ambiental, asunto que no será fácil, dados los conflictos ya existentes, tal como lo describe el mismo estudio y lo destacó el Presidente en su presentación.
Así que uno de los principales desafíos es reducir el conflicto en el uso del suelo, ya que más de dos millones de hectáreas hoy dedicadas a las actividades agropecuarias se encuentran en territorios de protección ambiental, cuya proporción es como sigue, según el estudio: 68 % en zonas de reserva forestal, 17 % en páramos y 15 % en parques nacionales. Obsérvese la desproporción: hay 40 millones de has. aptas para las labores agropecuarias, hoy están cultivadas siete millones y medio y, de estas, dos millones están zonas protegidas; en otras palabras, más del 20% de la tierra cultivada ahora está en zonas de veda. Entonces, el reto de corregir este solo problema es de proporciones mayores.
Según lo resalta el estudio la delimitación de la frontera agrícola nacional representa el compromiso del sector agropecuario en la lucha contra la deforestación, uno de los principales problemas que afronta el territorio.
Lo que despeja el estudio
Para descubrir cuál es el potencial de los suelos dentro de la frontera agrícola nacional, la UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, ha trabajado desde hace cinco años con más de 14 gremios agropecuarios y productores, para identificar cuáles zonas son aptas para 26 cultivos y cadenas, cuál es la visión de futuro de cada cadena, cuál es la prospectiva que orienta al sector y cuál es la ruta para alcanzarlo.
Asegura el gobierno que la definición de la frontera agrícola tiene beneficios en el ordenamiento productivo, social y ambiental, siendo los principales aspectos los siguientes:
Seguridad jurídica. Reduce la incertidumbre jurídica y técnica de las inversiones agropecuarias, proporciona mejores condiciones de estabilidad económica y social de los productores del campo colombiano.
Permite orientar y focalizar el desarrollo de programas de formalización de tierras en áreas con aptitud para adelantar proyectos productivos sostenibles a largo plazo.
Ordenamiento productivo. Orienta en la identificación de zonas aptas para la producción agropecuaria. Permite minimizar la incertidumbre de los inversionistas y emprendedores del campo para el desarrollo de actividades agropecuarias. Facilita la articulación de la gestión agropecuaria para promover la agricultura.
Ordenamiento social de la propiedad rural. Orienta los programas de acceso a tierras a sujetos de reforma agraria en áreas con aptitud agropecuaria. Contribuye a estabilizar el mercado de tierras. Permite orientar los esquemas de adjudicación y ocupación productiva de suelos rurales.
Ambiental. Sirve de insumo para el diseño de estrategias diferenciadas y de trabajo conjunto entre el sector ambiental y el sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural, para el control y cierre de la frontera agrícola. Contribuye a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental y a su protección, lo cual redunda en la oferta adecuada de servicios ecosistémicos, como el agua. Contribuye a disminuir la deforestación a través de estrategias de cierre de la frontera agrícola.
En conclusión, la Frontera Agrícola Nacional cambia la imagen del sector agropecuario, a nivel nacional e internacional, en la medida que se envía un mensaje ejemplar de desarrollo rural agropecuario de la mano de la conservación y protección de ecosistemas de importancia ambiental.
Cifras. Según la identificación de la UPRA, 40.075.960 de hectáreas (35 % del territorio continental) hacen parte de la frontera agrícola nacional, en donde se permite el desarrollo de actividades económicas agrícolas, pecuarias, forestales y de acuicultura y pesca. Dentro de la frontera agrícola, solo el 20 % de los suelos se cultiva, 7 millones 601 mil 567 hectáreas.25.805.343 de hectáreas, es decir el 23 % del área continental del país, se encuentran categorías de protección o conservación de áreas de importancia ambiental en las cuales no se permite el desarrollo de actividades agropecuarias.
¿La gran economía o el beneficio social; o ambos sin conflicto?
Esta es la incertidumbre sobre lo que puede surgir del recién terminado estudio sobre la delimitación de la frontera agrícola del país. Para el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, “por primera vez en el país, se cuenta con una definición de frontera agrícola que permite identificar en dónde se debe desarrollar la agricultura; Colombia tiene un gran potencial para ser despensa de alimentos del mundo, sin comprometer nuestra biodiversidad”. Por su parte, el director general de la Upra, Felipe Fonseca Fino, piensa que «la frontera agrícola es la cancha del sector agropecuario donde los emprendedores del campo se la juegan por la competitividad, para que nuestros campesinos no queden fuera de lugar y puedan decidir mejor qué y dónde cultivar».
De las palabras del Ministro se puede inferir que las condiciones empresariales y a los intereses de las grandes inversiones en el panorama de producir a gran escala, son las que se garantizan de aquí en adelante; de las palabras de Fonseca Fino se puede pensar que se encaminan por el sendero de los acuerdos y en general de la solución primero que todo al conflicto de la tierra, que estaría más cerca al espíritu de los acuerdos de La Habana. Pero como las decisiones no son de este gobierno, sino del que llega, y, sabiendo para empezar, que acuerdos de La Habana en sus manos pueden hacerse trizas, o cuando menos ser modificados de fondo, lo más probable es que el beneficio social será el último objetivo y que el conflicto es el horizonte más cercano.
Así que a la pregunta habrá que darle tiempo para saber cuál será la respuesta: ¿quiénes serán los que ocupen y aprovechen los 40 millones de hectáreas de la nueva frontera agrícola?
