Miles de boyacenses, en especial campesinos de al menos 82 municipios, comenzaron a sentir el impacto del reajuste del impuesto predial tras la actualización de los avalúos catastrales realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La medida, incluida en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, abrió un fuerte debate político en la región. “Lo que no puede pasar es que en Bogotá se vote una norma que afecta el bolsillo de miles de familias y luego, en campaña, se pretenda desconocer esa decisión”, advirtió el excongresista y candidato Humphrey Roa Sarmiento.
El congresista boyacense Wílmer Castellanos tuvo que regresar recientemente al Concejo de Sutamarchán, municipio del que fue alcalde, para explicar por qué a numerosos propietarios de predios rurales les empezaron a llegar recibos del impuesto predial con incrementos considerados desproporcionados, en algunos casos entre el 100 y el 2.000 por ciento.
Sin embargo, la situación no se limita a Sutamarchán. De acuerdo con estimaciones de dirigentes políticos y autoridades locales, la actualización de los avalúos catastrales tendrá efectos directos en por lo menos 82 de los 123 municipios de Boyacá. En los demás, el impacto sería menor porque ya contaban con procesos de actualización previos.
El aumento del predial se deriva del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, aprobado por el actual Congreso. El objetivo de la norma es modernizar la base fiscal y fortalecer el llamado catastro multipropósito, una herramienta que busca mejorar la información sobre la propiedad de la tierra y generar mayores recursos para los entes territoriales. No obstante, en la práctica esos recursos adicionales salen del bolsillo de propietarios urbanos y rurales que durante años se beneficiaron de avalúos catastrales desactualizados.
Según explica Humphrey Roa Sarmiento, el impacto será especialmente sensible en zonas de economía campesina. “El avalúo catastral es la base del impuesto predial, pero también de otras obligaciones. Un incremento abrupto puede desencadenar efectos acumulativos que terminan siendo inequitativos para pequeños propietarios”, señaló.
Los recursos recaudados por el mayor cobro del predial llegan inicialmente a la Nación y luego son redistribuidos a los municipios. La expectativa oficial es que se traduzcan en mejores vías, servicios de salud y educación. Sin embargo, para muchos campesinos ese beneficio es aún incierto frente a un aumento inmediato de sus obligaciones tributarias.
¿Qué dijo Castellanos en el Concejo?
Durante su intervención en el Concejo de Sutamarchán, Castellanos afirmó que siempre ha dado la cara para debatir y responder críticas de manera directa. Aseguró que ha trabajado por su municipio y rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales, donde se responsabiliza a los congresistas —y en especial a él— de aprobar la actualización catastral y luego desconocerla.
El congresista fue más allá y cuestionó a la administración municipal, encabezada por el alcalde Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, por lo que calificó como un cobro “exorbitante” del predial, presuntamente por fuera de los límites legales. El propio Alcalde reconoció errores en la liquidación del impuesto y anunció correcciones, incluso con la posibilidad de devolver recursos a quienes pagaron de más.
No obstante, Rodríguez advirtió que el problema de fondo va más allá del predial. Según explicó, los nuevos avalúos pueden llevar a que campesinos con patrimonio superior a 230 millones de pesos deban declarar renta, pierdan beneficios del Sisbén o queden por fuera de programas sociales como los dirigidos al adulto mayor. “Muchos aparecerán como ricos solo en el papel”, afirmó.
El pronunciamiento de Humphrey Roa
En un comunicado, Roa Sarmiento insistió en que el debate dejó de ser técnico para convertirse en político. Reconoció que actualizar el catastro es necesario, pero cuestionó que se haga sin un régimen nacional de transición que garantice gradualidad y alivios para pequeños propietarios rurales. Municipios como Sutamarchán, Santa Sofía, Monguí, Nobsa, Tibasosa, Arcabuco y Aquitania figuran entre los más sensibles frente a esta discusión.
Cómo votaron los boyacenses
El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado con mayorías de gobierno y aliados. Votaron a favor los representantes Pedro José Suárez Vacca, Héctor David Chaparro, Ingrid Sogamoso, Jaime Raúl Salamanca y Wílmer Castellanos. El único congresista boyacense que votó en contra fue Eduard Alexis Triana, del Centro Democrático, bancada opositora al Gobierno.
