El Tribunal Administrativo de Boyacá ha emitido sentencia respecto a la apelación interpuesta por el Gobierno Departamental, ordenado declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión de licores.
Conocida la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ponencia del Magistrado Fabio Iván Afanador Garcíam, se ordena la anulación total del contrato de concesión No. 00001 de 2003. De este modo se daría por terminado uno de los pocos procesos exitosos de rescate y manejo de un bien público del departamento durante los últimos 16 años.
El Tribunal determina que se declare la “nulidad absoluta del contrato de Concesión de Licores No. 00001 de 2003, cuyo objeto consistió en la producción, distribución y venta de licores”. A la vez “ordenar al Gobernador de Boyacá que en un plazo no mayor a ocho (8) días contabilizados a partir de la ejecutoria de esa providencia, expida el correspondiente acto administrativo de terminación del contrato de Concesión de Licores No.00001 de 2003 en los términos del artículo 45 de la Ley 80 de 1993”.
Aclara la sentencia que ha de ser el Gobernador quien de “forma inmediata y sin dilación alguna inicie las actuaciones administrativas necesarias para determinar técnica y financieramente la forma de explotación económica del monopolio de licores que más convenga al Departamento de Boyacá, y promueva, en un término no mayor a seis (6) meses a la ejecutoria de esta providencia, el trámite respectivo ante la Asamblea Departamental a fin de obtener la autorización que ha de requerirse, según las conclusiones del referido estudio y conforme al ordenamiento constitucional y legal en la materia”.
Ante los argumentos expresados por el Tribunal vale recordar que lo que para el concesionario en realidad sucedió fue todo lo contrario, se trató del rescate de una empresa que venía dándole pérdidas millonarias al tesoro del departamento durante muchos años y que gracias a la concesión, a partir de la entrada en vigencia del contrato, no solamente el departamento dejó de perder recursos sino que pasó a captar una importante suma de transferencias y participación, que el concesionario ha cumplido a cabalidad todo este tiempo en las condiciones pactadas en el contrato.
La discusión sobre el tema apenas comienza, esta tarde habrá una reunión del equipo jurídico del concesionario para mirar las alternativas jurídicas que hay alrededor de la decisión del Tribunal Administrativo porque se considera que en el trámite de esta sentencia hay evidentes fallas que pudieran ser demostradas y así reversar la decisión en otra instancia legal.
Esta circunstancia creada por la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá abre otra discusión que hoy es vital asumir, que alrededor de otros contratos de concesión vigentes que han tenido comportamiento completamente distintos a los del concesionario de la licorera con el departamento, los cuales no le han producido ningún beneficio económico directo a los tesoros públicos, y sobre los cuales las diferentes instancias judiciales y de control no se han pronunciado.
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