En vísperas de una nueva elección al Congreso, vale la pena revisar qué ocurre cuando una reforma estructural se anuncia como histórica, pero su implementación queda inconclusa. El Acto Legislativo que modificó el Sistema General de Participaciones (SGP) fue presentado como un hito en la descentralización y en el fortalecimiento de las regiones.
Desde distintos liderazgos regionales se celebró la aprobación. El entonces gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció públicamente destacando el alcance histórico de la decisión y la oportunidad que representaba para los territorios. En el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, Jaime Raúl Salamanca, también resaltó la reforma como un paso decisivo hacia un Estado más equilibrado y menos centralista.
Sin embargo, más allá de los anuncios, la pieza clave para hacer operativa la reforma —la ley de competencias— aún no define con precisión qué funciones asumirá cada nivel de gobierno, bajo qué responsabilidades administrativas y con qué controles. Sin esa norma, el aumento progresivo de recursos carece de un marco claro de ejecución.
Esta situación abre interrogantes institucionales que trascienden coyunturas personales. Una descentralización efectiva exige reglas claras, capacidades técnicas y mecanismos de supervisión sólidos. De lo contrario, la transferencia de mayores recursos puede generar incertidumbre administrativa y riesgos fiscales.
También surge una inquietud legítima: si en la práctica algunos mandatarios territoriales ya concentran amplias capacidades de decisión, ¿qué podría ocurrir cuando administren volúmenes significativamente mayores de recursos sin un diseño institucional plenamente definido? La pregunta no apunta a personas concretas, sino a la arquitectura del poder público. Un gobernador con más recursos y competencias, pero sin contrapesos claros, podría acumular un margen de maniobra considerable.
La descentralización es, en esencia, un principio democrático que acerca las decisiones al ciudadano. Pero para que funcione requiere equilibrio: autonomía acompañada de controles, recursos ligados a responsabilidades y transparencia reforzada. Sin esos elementos, el riesgo no es solo la ineficiencia, sino la concentración excesiva de poder en el ámbito territorial.
La lección institucional es clara. Las reformas no se miden por el entusiasmo de su aprobación, sino por la solidez de su implementación. Fortalecer a las regiones es un objetivo legítimo y necesario, pero debe hacerse con reglas completas y garantías de equilibrio. De lo contrario, el poder se redistribuye en el papel, mientras persisten las dudas sobre su verdadero impacto en la democracia regional.
