La Corporación Autónoma Regional de Chivor se refirió al tema de la auditoría hecha por la Contraloría General de la Nación donde a las entidades ambientales no les fue muy bien en torno a la minería ilegal.
Luego que salieran a la luz los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría, y donde se expresa que algunas corporaciones ambientales no ejercen un adecuado control y prevención de minería ilegal en sus territorios, Corpochivor, entidad del suroriente boyacense, hace su aclaración con los siguientes puntos:
- En la auditoria adelantada por la Contraloría General en la jurisdicción, se centró en la actividades de minería ilegal de explotación de carbón, en la cual, no se utilizan dragas ni químicos y en el informe rendido por el ente de control, para nuestra jurisdicción no se realiza alusión a este tema.
- La Contraloría para el caso de Corpochivor, no pone en duda la realización de operativos ni el acompañamiento permanente a la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional, con quienes se ha mantenido un trabajo permanente desde la Mesa Operativa de Medio Ambiente del Departamento.
- Del trabajo conjunto realizado desde el año 2011 a la fecha, se han intervenido 86 actividades mineras ejecutando 2 actividades:
Imponer medidas a actividades nuevas que se identifiquen.
- En el informe rendido por la Contraloría y las visitas de campo realizadas, se evidenció el resultado de los operativos adelantados. Estas actividades como se citó son ejecutadas en articulación por Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ejercito Nacional, entre otras entidades, ya que se requiere de medidas de seguridad y labores de inteligencia previas, que permitan que los operativos tengan éxito. Las autoridades ambientales, no pueden suplir el ejercicio del estado cuando existe la comisión de un delito, sumado a esto, para llevar a cabo un operativo se requiere articular varias entidades y dividir tareas, que es lo que se adelanta desde la Mesa Operativa de Medio Ambiente del Departamento.
- Los operativos adelantados por la entidad, al existir división de tareas, la Fiscalía con el fin de iniciar el proceso penal correspondiente, lleva a cabo el decomiso de los elementos utilizados para realizar la actividad ilegal y de los productos resultado de la misma, los cuales son objeto de cadena de custodia y puestos a disposición del juez correspondiente, quien dentro del proceso define lo pertinente.
- En los tramites de licencia ambiental a la fecha de la auditoria, la entidad cuenta con 12 licencias en trámite, las cuales se les ha brindado la diligencia respectiva, respetando ante todo, el debido proceso para el usuario y procurando que la información técnica que se allegue logre mitigar los impactos que la actividad pueda generar. Estas se han venido definiendo, sin causar perjuicios a los solicitantes, ya que en la mayoría de los casos, los términos no se cumplen por causas imputables al solicitante, quien no hace llegar la información en debida forma.
- El informe de la Contraloría describe demora en la aplicación de la ley 1333 de 2009, en procesos derivados de minería ilegal, pero se debe precisar, que no se describe violación del debido proceso u otros actos contrarios a la ley. Para este caso particular, la entidad estableció un plan de mejoramiento que busca darle el impulso procesal a 70 expedientes sancionatorios, entre ellos, los de minería ilegal, los cuales se encuentra en ejecución.
- Se debe tener en cuenta que la entidad plantea unas metas en cumplimiento de los términos descritos por la Resolución 667 de 2016, en la cual, se implementaron los indicadores mínimos de gestión para las CAR, los cuales van de la mano de su capacidad operativa y las metas y objetivos del plan de acción.
Además, la Corporación conducida por Fabio Guerrera afirma que “con la delimitación y declaratoria total de los páramos y áreas estratégicas del suroriente de Boyacá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a Corpochivor, tienen la responsabilidad de salvaguardar los ecosistemas de cualquier explotación a los recursos naturales, ya sean por trabajos de minería, refinería, entre otros. Por lo cual, se estipuló que en las áreas donde existan este tipo de actividades se deberá realizar el desmantelamiento transicional de la infraestructura con el acompañamiento de las autoridades competentes, e iniciar procesos de reconversión productiva y sostenible encaminada a proteger estas áreas”.
