La Contraloría señala irregularidades que se detectaron sobre contratos destinados a la adquisición de kits escolares. El detrimento ocasionado al departamento podría ser de más de 420 millones de pesos.
La jornada de este miércoles estuvo marcada por el anuncio que hizo la Contraloría General de la República respecto a la finalización de la investigación sobre los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones (SGP) ejecutados por la Gobernación de Boyacá durante la vigencia 2015.
Finalizada la investigación la Contraloría General de la República anunció que se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, debido a la posible gestión ineficaz o ineficiente de los recursos, provenientes del SGP, destinados para educación en el departamento.
Los hechos que busca clarificar la Contraloría son la celebración de dos contratos de servicios educativos que terminaron ejecutándose por subcontratistas. Exactamente se trata de los Contratos de Prestación de Servicios números 1627 y 1719 de 2015, celebrados por la gobernación de Boyacá y las fundaciones IITEDRIS y LUMIERE.
Se encontraron casos de estudiantes no registrados pero sí contabilizados para pago por parte de las fundaciones.
Según señala la Contraloría, la cuantía sumada de ambos contratos supera los 5.500 millones de pesos. Los hallazgos evidenciaron materiales contratados por fuera de las condiciones previstas en los contratos, también se presentaron incumplimientos de los perfiles de los facilitadores; se encontraron casos de estudiantes no registrados pero sí contabilizados para pago por parte de las fundaciones.
En caso de ser hallado responsable, el exgobernador Juan Carlos Granados tendría que responder con su propio patrimonio.
De ser responsable por detrimento patrimonial deberá ser sancionado de acuerdo a la ley, de lo que se le acusa a granados es un acto de corrupción y deberá ir a la cárcel.