La Auditoría General de la República encontró irregularidades en recaudo de 509 millones de pesos correspondientes a multas impuestas y cobradas por la Contraloría de Boyacá.
Cuando se creía superado el escándalo por el viaje de los funcionarios de la Contraloría de Boyacá a Panamá, una vez este ente de control vuelve a estar contra las cuerdas. En esta ocasión porque la Auditoría General de la República dio a conocer que se evidenciaron serias irregularidades en la auditoría especial realizada con respecto al viaje a Panamá.
“Uno de los hallazgos encontrados en este ejercicio auditor se debió a dineros que la Contraloría cobró por multas, que no aparecen recaudados, como tampoco soportada la destinación que se les dio”, comentó Carlos Hernán Rodríguez, auditor general de la República.
Rodríguez Becerra agregó que se destacan tres hallazgos más con presunta incidencia disciplinaria relacionados con el viaje al país vecino.
Uno de los hallazgos señalados por la auditoría General de la República es la irregularidad manifiesta de cómo se justificó el viaje. “El Plan de Bienestar Social del 2017 de la Contraloría de Boyacá no tenía incluida esta actividad, como tampoco el plan de la vigencia 2018. Sin embargo, so pretexto de realizar la celebración del ‘día del hombre y la mujer’, se van de viaje 78 funcionarios de la contraloría, entre ellos el contralor Pablo Gutiérrez Carrillo”, señala la Auditoría General de la República por medio de un comunicado.
Señala la Auditoría que “el motivo de esta actividad –que fue contratada en el 2017-, ya había sido celebrado a comienzos del mismo año mediante un viaje a la ciudad de Santa Marta”. Agrega que la actividad no fue soportada con un estudio técnico, requisito obligatorio para los planes de bienestar.
“El hallazgo que más llama la atención de la Auditoría General de la República, es el de quinientos nueve millones de pesos (509.000.000) correspondientes a multas cobradas por la Contraloría, no tienen soportes de ingreso a la entidad, como tampoco del uso que le fue dado a estos recursos públicos que representa un detrimento al patrimonio público”, indica el Auditor General.
