Acostumbrados como están desde Bogotá a pasar por encima de las peticiones y reclamos de las regiones, se teme que las últimas decisiones sobre este tema correspondan esencialmente a actos de intimidación contra el gremio camionero tal como lo han denunciado los voceros del gremio.
Después de las ultimas noticias que dan cuenta de la detención de varios de los principales dirigentes camioneros del país, entre ellos tres boyacenses, Alfonso Medrano, y Miguel Castro, ambos de Duitama y José Evelio Rodríguez de Sogamoso, y a escasos días del anunciado nuevo paro del sector, queda la inmensa duda en todo el país sobre si lo que acaba de decidir el gobierno con estas acciones judiciales, corresponde realmente a una decisión independiente de la justicia para perseguir los actos de corrupción alrededor de lo que se ha llamado el cartel de chatarrización, o en realidad es una retaliación y un mensaje de intimidación al gremio que sigue reclamando porque se cumplan los acuerdos pactados en las movilizaciones del sector en los últimos años.
La tensión se acentúa en el departamento que está en ascuas ante este anuncio que vendría a emporar las cosas en el entorno económico del departamento. En este punto los distintos actores como los gremios, las organizaciones cívicas, y el mismo gobierno regional han hecho un llamado para que de manera pronta se pueda aclarar la situación de estos dirigentes ya que dependiendo de la forma como el gobierno resuelva esta orden judicial existe la posibilidad de evitar las potenciales protestas y bloqueos que puedan causarle un daño irreparable a la economía del departamento.
Para algunos sectores, la noticia de las órdenes de captura contra los dirigentes del gremio camionero ha resultado muy polémica, dado que más parece una acción de retaliación por el paro de 2016 y de intimidación para el posible paro de este año, que en realidad la persecución de a la corrupción que ha generado el manejo del proceso de chatarrización.
Para el gobierno departamental, a través de la Oficina del Diálogo Social, este es un golpe a una relación de confianza que se ha venido urdiendo con el gremio transportador en el departamento, lo cual se ha hecho a través de mesas técnicas de trabajo, buscando fortalecer el sector del transporte, creando canales de diálogo con el sector generador de carga y con las instituciones del ramo.
Por eso Boyacá, que fue un departamento estremecido en el paro del año pasado, que duró 47 días no quiere volver a que se repita un nuevo escenario de bloqueos que serían peores que los anteriores, más aún por el momento político que vive el país.
En diálogos con líderes de este sector, ellos han mantenido la prudencia y esperan los buenos resultados que entregue la fiscalía frente a los presuntos hechos de corrupción relacionados con el tema del cartel de la chatarrizacion. El gobierno departamental, también, en declaraciones de algunos de sus voceros, dejó claro que este es un sector de gente buena y trabajadora que le sirve al departamento y que en la misma forma espera que sus dirigentes puedan salir bien librados de estas indagaciones para continuar trabajando juntos las políticas de competitividad y los acuerdos intergremiales que es lo que finalmente le sirve al departamento
Este proceso es algo que se construye en el tiempo, incluso es un esfuerzo auténticamente regional que a veces pareciera ir contra corriente con las decisiones que se toman en Bogotá; en otras palabras, todo lo que se ha avanzado en la región, después del paro del año pasado hasta el día de hoy, creando espacio de participación , construyendo propuestas y buscando que las empresas mayoritarias en generación de carga prioricen a la gente que tiene sus carros en Boyacá y los traten con dignidad, todo este proceso queda en riesgo con estas decisiones que se acaban de tomar, que lo único que logran es ensombrecer aún más el panorama y crear zozobra y desconfianza que se traducirá en problemas económicos de efecto inmediato, empezando por el turismo que ya empieza a resentirse ante la probabilidad de un nuevo paro.
