La comunidad sigue esperando a reunirse con representantes de la empresa, así como con autoridades municipales para establecer una serie de acuerdos que se ajusten a la legalidad y que no vulneren los derechos de los pobladores del municipio.
Los ánimos siguen caldeados entre los habitantes de la vereda Guamal, en Miraflores, así como entre otros pobladores del municipio, que entienden que existe una serie de irregularidades de parte de la empresa Transportada de Gas Internacional (TGI) y su contratista ISMOCOL.
El primer plantón se hizo el martes 21 de julio y volvió a repetirse este miércoles luego de que la empresa siga sin escuchar las peticiones que hace la comunidad.
No se trata de un perjuicio menor, pues la comunidad ha elaborado un pliego de peticiones en el que se solicitan compromisos en materia laboral, de constitución del proyecto, bienes y servicios, servidumbres, medio ambiente y social.
Una de las grandes irregularidades que ha denunciado la comunidad es la constitución del proyecto, que no se corresponde con su verdadero fin. <<Inaudito que la compañía TGI y su contratista desarrolladora del contrato 751152 “Construcción de Gasoducto perteneciente al proyecto Cusiana Fase IV Loop – El Porvenir” pretenda establecer su ejercicio como una compañía de servicios públicos domiciliarios como si se tratara de comercialización y distribución de gas, cuando se trata de transporte de alta presión de gas, siendo esta temática regulada por la normatividad en materia de hidrocarburos, según lo regulado por la Resolución CREG – 011 de 2003”.
La comunidad, advirtiendo no solo esta irregularidad, sino un largo listado de ellas, elaboró un pliego de peticiones en el que le solicita subsanar los perjuicios causados.
En materia laboral se solicita a la compañía no obligar a aquellas personas que fueron despedidas sin justa causa a suscribir acta de terminación de contrato voluntario. Igualmente piden a TGI no señalar a las personas que se manifiesten de forma pacífica por las injusticias cometidas por la compañía. También le requieren a la compañía acogerse a lo dispuesto en los Decretos 2089 de 2014, 1072 de 2015, y 1668 de 2016, en los que se regulan los porcentajes de población local que han de ser contratados como mano de obra no calificada y mano de obra calificada. De acuerdo a dicha regulación, la mano de obra no calificada ha de ser del 100% y la mano de obra calificada tiene que ser por lo menos el 30%. “Se debe contratar todos los bienes y servicios existentes en el municipio, ofertados por la comunidad del área de influencia del proyecto. Es necesario para para garantizar este requerimiento que TGI y su contratista ISMOCOL informen cual es el personal vinculado foráneo real y cuál es el personal vinculado de zona de influencia”, señala la comunidad en el pliego de peticiones.
Igualmente, solicitan más claridad en la contratación y no llegar con el personal ya contratado. “Exigimos transparencia en los procesos de selección, teniendo en cuenta las comunidades afectadas y cumplimiento de las actas con ustedes anteriormente suscritas”.
La indignación de la comunidad pasa también por la escala salarial establecida, pues aseguran que no se corresponde con la de la industria de hidrocarburos.
La delimitación del proyecto tampoco ha quedado clara, por lo que la comunidad solicita se determine cuál es la zona de influencia ambiental, zona de influencia social, zona de influencia directa y zona de influencia indirecta.
Para evitar cualquier negativa irregular a la contratación de la población local, el pliego de cargos incluye peticiones como que “los perfiles requeridos sean lógicos y razonables, puesto que en nuestro municipio existe un basto personal capacitado”, así como la realización de exámenes médicos en un plazo de dos días.
En materia de bienes y servicios los pedidos son claros y concisos, “de ninguna manera se aceptarán compañías o empresas que no sean del municipio. Teniendo en cuenta que en el municipio existe una empresa capacitada y certificada para realizar la calificación de los soldadores y de la soldadura. Se tenga en cuenta a la empresa local para que preste dichos servicios”.
Sin embargo, una de las grandes irregularidades cometidas por TGI y su contratista ISMOCOl, está en materia de servidumbres y obtención de licencia ambiental. “Se observa que la compañía TGI, y su contratista ISMOCOL, solicitó entrega temporal de servidumbre para la instalación de Loop, sin tener previamente la licencia ambiental, la cual solo se expidió hasta el 24 de diciembre de 2019. Las servidumbres por la empresa de TGI, y su contratista ISMOCOL, fueron constituidas como servidumbre de Servicio Público por la Ley 142 de 1994 y no por la Ley de Servidumbres de Hidrocarburos – 1274 de 2009.
También existen irregularidades en cuanto al cumplimiento de lo establecido en un plan de manejo ambiental, en los que se estipula que el proyecto debe estar situado a más de 30 metros de cualquier vivienda campesina, situación que no se cumple en este caso dado que el proyecto está situado a escasos 12 metros de la vivienda de un hombre de 83 años, que además sufre de enfermedades cardiacas. “Igualmente deben pasar a más de 30 metros de los acuíferos, ríos, quebradas, nacederos de agua y toda zona ambiental. Se debe respetar la protección de capa vegetal (…) si modifican las servidumbres previamente negociadas, deberán modificar la respectiva licencia ambiental”.
EL DIARIO buscó comunicarse con TGI y su contratista ISMOCOL pero no fue posible. De momento, la comunidad sigue esperando a reunirse con representantes de la compañía para llegar a acuerdos.
