El fallo se da a tan solo unos días de que se completen 18 años de la masacre. El Consejo de Estado señaló a Policía y Ejército de contribuir en la estigmatización de la población de Labranzagrande como colaboradores de la guerrilla de las FARC.
Pasaron cerca de 18 años para que se conociera la determinación del Consejo de Estado frente a la actuación que tuvieron instituciones como la Policía y el Ejército Nacional en la denominada masacre del Páramo de La Sarna.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa el pago de más de tres millones de pesos a los familiares de las víctimas de aquella masacre en concepto de indemnización por perjuicios ocasionados por la Fuerza Pública.
A este fallo se llegó luego de analizar el testimonio de varios paramilitares, quienes aseguraron para perpetrar la masacre se guiaron de información proveniente de miembros de la Fuerza Pública, que para ese entonces, y luego de la misma masacre, estigmatizaban a los pobladores de Labranzagrande como cercanos o colaboradores de la extinta guerrilla de las FARC, que para ese momento tenía gran influencia en el sector.
Cabe recordar que en la masacre del Páramo de La Sarna fueron 15 personas las que murieron luego de que un grupo de las Autodefensas Campesinas del Casanare interceptara un bus, bajara a los pasajeros y les asesinara a sangre fría.
Es quizás esta la masacre más recordada entre las 61 que perpetraron grupos paramilitares en jurisdicción de Boyacá en los últimos 60 años. Fueron doce hombres y tres mujeres los que perdieron la vida ese día supuestamente por ser cómplices de la insurgencia.
No es mucho lo que se conoce de aquella masacre 18 años después. Dos niños en ese entonces y una mujer de 60 años fueron los únicos sobrevivientes. Los únicos detalles conocidos hasta el momento han salido a la luz por paramilitares, entregados a los tribunales de justicia y paz, quienes revelaron que en dicha ocasión se dio la detención del bus y posterior asesinato de sus ocupantes ya que estaban en búsqueda de un guerrillero del ELN.
Según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) publicado en 2016 existen por lo menos tres irregularidades por las que se presume complicidad de parte de la Fuerza Pública para la perpetración de esta masacre. Dichas investigaciones fueron avaladas por el Juzgado 56 Penal del Circuito, encontrando que ese día no estaba presente el retén militar que habitualmente funcionaba en la zona, que las autoridades llegaron al lugar de los hechos con seis horas de retraso a pesar de que se les dio aviso de lo ocurrido a tiempo, y que varios de los responsables de los asesinatos fueron retenidos en la vía que conduce de Sogamoso a San Luis de Gaceno ya que se movilizaban en un vehículo reportado como hurtado, sin embargo, fueron dejados en libertad.
