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El congreso de la república de mayorías asociadas al pensamiento hegemónico, tradicional y bipartidista tiene como misión promover el bien común y el desarrollo de la sociedad, con una visión de transparencia y eficiencia conectada con las necesidades de los ciudadanos y para ello recibe un presupuesto tanto alto como creciente, del cual utiliza el 60% para pagar salarios. En 2021 fue de 776.000 millones, en 2022 de 916.000 millones, en 2023 bordeó el billón de pesos. Mientras por ejemplo las universidades públicas continúan desfinanciadas el congreso se mantiene refinanciado y a diferencia de las demás instituciones del estado, que se les mide por rigurosos y complejos planes, metas e indicadores, allí las funciones profesionales y laborales de los congresistas ni se mide, ni se establecen planes de mejoramiento y certificación de su calidad. Aun así, sus resultados evidentes son decrecientes y deficientes respecto a las metas esperadas por los electores. Una vez elegidos su único papel parece ser hacer lo que sea, a favor o en contra según réditos para garantizar su reelección.
Ser congresista define un inigualable cargo público de naturaleza política, con garantías de excepción como tener el mayor tiempo de pausas remuneradas y privilegios (no derechos) con vehículos, conductores, escoltas, tiquetes aéreos, comunicaciones, viajes internacionales y pago adicional de expertos asesores, para cumplir su tarea principal de “deliberación” y control del estado. No “deliberar”, no debatir, romper el quórum, salirse del recinto, anticipar la negativa sin leer los proyectos, encaja perfectamente en el ámbito de la inconstitucionalidad y el incumplimiento de los deberes del cargo, aparte de entrar en la ilegitimidad y pérdida de las actuaciones éticas que los convocan, sin descontar el abuso de poder y el ir más allá de los poderes que les da la constitución.
La ilegitimidad del congreso, hace tiempo no sale de la zona gris. En la seguridad democrática, los paramilitares indicaron que sus elegidos eran el 30% del total, posteriormente fueron llamados a juicio 58 congresistas comprometidos con el proyecto paramilitar asociado al primer gobierno y reelección inmediata de Álvaro Uribe, ahora imputado y con juicio en curso por delitos menores y más de 300 denuncias en espera, que incluyen delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, espionaje, ejecuciones extrajudiciales y saqueo del erario. En 2014 fueron reelegidos 26 congresistas investigados por paramilitarismo por la corte suprema de justicia. En 2024 terminó su ejercicio como presidente del senado Iván Name de un clan político cuestionado y a pesar de estar acusado de delitos de asociación con actividades paramilitares y de ser partícipe del entramado de corrupción por recepción de dineros de la UGRD. Su antecesor allí Arturo Char del mismo clan, una vez terminó su periodo de presidente fue imputado y puesto preso por graves delitos en un juicio en pausa mientras ejercía el cargo y en el mismo lapso el presidente de la cámara de representantes Andrés Calle, estaba acusado en la trama de corrupción y de aprovechamiento ilícito de dineros de la UGRD.
Decenas de congresistas, tienen baja escolaridad e incluso algunos exaltan su ignorancia, lo que suma a un deficiente y precario desempeño de la labor encomendada con origen en la democracia griega. Sus intervenciones permiten hacer juicios sobre su poca o nula capacidad de lectura crítica y de argumentación, sus opiniones carecen de contenido político y de calidad filosófica y social, se reducen a anécdotas personales, sin sentido de nación, largo plazo o democracia. Buen número tiene denuncias activas en su contra por delitos con alta probabilidad de juicio y condena por injuria, incitación a la violencia, violencia machista, hostigamiento, apología al odio, contratación con fraude, tráfico de influencias, cobros y coimas, aparte de faltas graves por tergiversación de la verdad, vulgarización del lenguaje, sin descontar la incursión en posibles actos de sedición, irrespeto al jefe del estado y llamados a la confrontación en medio de la polarización y violencia que no se detiene.
La inoperancia legislativa actual en el marco de un gobierno popular enfrentado a un poder tradicional, es alentado por estas variables y otras costumbres antidemocráticas, antiéticas, anticientíficas, anti-país, por la llamada “oposición”, que, de manera programada, consciente e ideologizada, instaló (y así lo defiende) como programa su plena disposición para “no deliberar”, ni debatir, ni aprobar ningún acto, argumento, acción, ni proyecto que venga del gobierno. La situación ha provocado parálisis y baja capacidad del gobierno, empujándolo a promover salidas para evitar el riesgo de la inmovilidad. De ahí emana el “llamado a la unidad de la nación con una consulta popular”, que conjure las amenazas, tomando distancia de lo que piensen, crean o validen las élites según su modo de acción del poder.
La “NO deliberación” como forma de “NO trabajo” ni cumplimiento de funciones, sin ser parte del derecho de protesta, sabotea la estabilidad institucional. Se convirtió en el detonante de la batalla que inicia entre la democracia representativa totalmente deslegitimada y la democracia participativa legitimada en las calles con el estallido social, pero que no logra cobrar políticamente su victoria en las urnas para transformar las estructuras del país. Para asegurar el apoyo y cifras en la consulta el gobierno tendrá que apostar “desde abajo” a reconstruir la confianza de la ciudadanía, con líderes legítimos y éticamente creíbles, con más movimiento social que político en la vanguardia, volviendo noticia la consulta, convirtiéndola en debate, llevándola a las aulas, universidades, sindicatos, colectivos, artistas, asambleas, comités, calles, campos de cultivo, asociaciones veredales, comunales y recintos públicos, para multiplicar el efecto de conjunto que podrá indicar el camino que conjure las crisis y lleve a reconstruir la democracia participativa, aprobada por la constitución de 1991 como base fundamental de las estructuras del estado social y democrático de derecho.
