Voces boyacenses se dividen en el Congreso ante el decreto de Petro.
El decreto firmado este miércoles 11 de junio por el presidente Gustavo Petro, con el que se convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral, ha generado más polarización en el Congreso de la República y, por supuesto, en los congresistas boyacenses. Desde distintos sectores, tanto de gobierno como de oposición, se han pronunciado voces que revelan las tensiones alrededor de esta medida que muchos consideran histórica, y otros, alarmante.
Participación directa del pueblo
Pedro Suárez Vacca, representante por el Pacto Histórico, es uno de los defensores más firmes del decreto y defendió la legalidad de la consulta:
“Nada más democrático que sea el propio pueblo el que defina cómo debe ser su ley en materia laboral. No es ninguna dictadura, como se quiso decir del presidente Gustavo Petro”.
Suárez Vacca apeló a la soberanía popular y participativa, amparada en la Constitución de 1991, para justificar el paso que dio el Ejecutivo.
Jaime Raúl Salamanca, representante por Alianza Verde, en tono más moderado en su intervención, no se refirió directamente al decreto presidencial, sino que hizo un llamado al Senado para avanzar en una discusión democrática que permita sacar adelante una reforma laboral con consenso:
“Llamo con total responsabilidad a cada uno de los integrantes del Senado… a que den una discusión pensando en el pueblo colombiano, en los y las trabajadoras”.
Salamanca insistió en que la solución debe darse dentro del marco institucional, privilegiando el diálogo entre Cámara y Senado, y que las Cortes deben tener la última palabra si existe controversia.
Ruptura institucional y autoritarismo
Ciro Alejandro Ramírez, senador por el Centro Democrático, calificó el decreto como una amenaza directa al Congreso:
“Esto roza los límites de la extorsión al Congreso de la República. Es un claro rompimiento a nuestras instituciones”.
Ramírez señaló que muchas de las preguntas anunciadas en la consulta ya están contempladas en la ley, lo cual haría inconstitucional someterlas nuevamente a votación.
Eduar Triana, representante por el Centro Democrático. Con un tono duro, criticó al presidente Petro por firmar el decreto mientras el país enfrenta una ola de violencia, especialmente en el suroccidente:
“Como todo un dictador firma el decretazo… sabiendo que en ese mismo instante está discutiendo la reforma laboral. No podemos permitir que esto siga pasando”.
Triana hizo un llamado a la movilización ciudadana, convocando a la “marcha del silencio” este 15 de junio, y alertó sobre el riesgo de que Colombia termine con un sistema similar al de Venezuela, en donde, según él, se pasa por encima de las instituciones.
¿Qué sigue?
El decreto fue firmado este 11 de junio para convocar a una consulta popular en agosto, salvo que el Senado apruebe una reforma laboral antes del 20 de junio.
La oposición estudia interponer acciones legales ante el Consejo de Estado, y existe incertidumbre sobre cuál alta corte deberá resolver el conflicto.
En las próximas horas se sabrá si el Senado acoge la propuesta del Gobierno o si se ahonda el conflicto de poderes.
