Por | Guillermo Velásquez Forero / El púlpito del Diablo
Hay una nueva modalidad de delincuencia judicial; aunque desde la antigüedad se ha venido cometiendo este delito, perpetrado por jueces (o presuntos jueces) cuyas sentencias los convierten en criminales. Son famosos, porque son un escándalo universal, los asesinatos de Sócrates y de Jesucristo; así mismo, todos los miles de víctimas del cristianismo, que fueron condenados a muerte y quemados vivos, eran inocentes. Los millones de judíos que fueron ejecutados en la cámara de gases por Hitler. En Estados Unidos, el infanticidio judicial que se cometió contra un niño negro que fue condenado a muerte y ejecutado sin pruebas, y que décadas después se descubrió que era inocente. Entonces, no es nuevo el oficio de la inversión de los valores: los jueces que son capaces de hacer magia y convertir la Justicia en injusticia. Lo novedoso es que un juez utilice la Ley como arma para perseguir y condenar inocentes, semejante a un criminal que emplea las armas, la violencia y la impunidad para delinquir. En este caso, cuentan con la complicidad de unos hampones de la política que, mediante compra o trueque de votos, el miedo y la mentira, se hacen elegir a la cámara y el senado donde se dedican a hacer el mal a la sociedad, inventando y/o aprobando “leyes” que atentan contra la dignidad, la honra, la libertad y los bienes de personas que no han cometido ningún delito. Eso es lo que cometen los jueces títeres de “la ley” y la injusticia que, en vez de judicializar al autor de una conducta punible, lo hacen contra un inocente que no ha participado en la comisión de ningún hecho antisocial. Un ejemplo de esas leyes malparidas hechas para satanizar, criminalizar y condenar inocentes es la que permite judicializar, perseguir y condenar a los abuelas y abuelos de niños cuyos padres no responden por la cuota alimentaria. Según esos canallas que se ingeniaron esa puta “ley”, ser abuelo(a) es un delito, y puede ser víctima de un “juez”, que lo convierte en objetivo militar. En ese orden, el juez que comete ese atropello de victimizar, perseguir con saña y condenar a una persona exenta de culpa, ya no es un hijueputa sino un delincuente, un peligroso antisocial, armado de una ley, a quien el Estado (financiado por el pueblo) la paga por ejercer ese delito. Sobre todo, cuando se niega a aplicarle la justicia al culpable y lo hace contra sus padres. Porque embargar a una persona abuela(o) que no debe nada es un atropello y una ignominia que acarrea muchos perjuicios contra la dignidad, honra, bienes y salud mental de una persona; y convierte a un inocente en una víctima del poder judicial. Es la misma lógica que usan los grandes criminales y sus organizaciones, como Franco en España que torturó en público miles de mujeres porque eran viudas, y asesinó muchos miles de inocentes porque eran familiares, vecinos, conocidos o simpatizantes de los combatientes; y en Colombia los guerrilleros, paramilitares, secuestradores y narcotraficantes, que persiguen, amenazan y asesinan a los familiares de sus víctimas. Además, un juez que aplica esa ley sin ningún miramiento actúa como un retrasado mental, pues carece de Juicio (facultad de discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto). A esos límites de bajeza moral y jurídica ha llegado la justicia colombiana, que, en vez de aplicar justicia, comete venganza contra inocentes.
