Hace una semana se dio a conocer la determinación de la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República, que absolvió a Iáder Barrios, a los exalcaldes Arturo Montejo y Fernando Flórez, y a varios funcionarios de Ecovivienda, pues sin establecer un monto del daño ocasionado no se puede abrir un juicio de responsabilidad fiscal.
Fueron más de dos mil firmas las que se recogieron entre beneficiarios de los proyectos de vivienda Torres del Parque y Estancia El Roble para solicitar a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República reabrir el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba en contra de varios de los responsables de dichos proyectos de vivienda.
“Nosotros nos sentíamos afligidos la semana pasada, por la decisión de la Contraloría General de la República, de anular ese proceso fiscal, que es nuestra única esperanza, para que los responsables de los incumplimiento y las irregularidades en la construcción de nuestras casas y apartamentos paguen por los perjuicios causados”, comentó Sonia Martínez, representante de la Veeduría La Esperanza.
En la solicitud de los damnificados se incluye el pedido, no solo de retomar el proceso, sino de agilizarlo, buscando así una sanción en contra de las personas que han tenido participación en la construcción de dichos proyectos.
Los damnificados han hecho llegar los soportes necesarios a la Contraloría, incluyendo entre estos los estudios realizados por la UPTC, en los que se da cuenta de la dimensión del daño. Ahora, los firmantes pretenden que se nombre un contralor delegado, que cuente con la suficiente independencia para ser capaz de juzgar la magnitud del daño, establecer el daño en un monto económico, y realizar un proceso individualizado para cada uno de los implicados.
