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El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja emitió un fallo histórico que reconoció la vulneración de derechos colectivos en relación con la vía que conecta a Ráquira con el centro poblado de La Candelaria.
Para la comunidad esta es una de las vías más importantes del municipio, pues conecta estratégicamente sitios de interés turístico y cultural. Esta decisión no solo sienta un importante precedente judicial, sino que también exige el cumplimiento de las órdenes emitidas por parte de la Gobernación de Boyacá.
Los demandantes, Yesid Figueroa García, destacado actor popular, y Santiago Rodríguez Ruiz, abogado y artista oriundo de Ráquira, lograron demostrar la grave situación de esta vía. Desde su pavimentación en 2007, la carretera no había recibido mantenimiento adecuado, a pesar de múltiples solicitudes dirigidas a las autoridades. Con pruebas contundentes, como fotografías, informes técnicos y testimonios, evidenciaron cómo el avanzado deterioro afectaba negativamente la movilidad, el turismo y la calidad de vida de la comunidad.
Un elemento clave de este caso fue la activa participación de los habitantes de la región. Ante la indiferencia de las autoridades, los residentes organizaron esfuerzos colectivos para realizar reparaciones temporales que garantizaran el acceso a sus viviendas y previnieran accidentes. Mediante juntas de acción comunal y recursos propios, demostraron un compromiso firme con el bienestar colectivo.
El fallo obliga al Departamento de Boyacá a implementar medidas inmediatas para realizar el mantenimiento estructural y rutinario de la vía, asegurando su funcionalidad y seguridad como una arteria estratégica para la región. Además, destaca la relevancia de la participación ciudadana activa como mecanismo de control frente a la inacción gubernamental.
Aunque días antes del fallo el Gobernador de Boyacá anunció un convenio interadministrativo con el municipio de Ráquira para la pavimentación de la vía, la Gobernación se había mostrado renuente durante el proceso judicial. Alegó falta de recursos y priorización de otras obras, oponiéndose al avance de la acción popular. La comunidad señala que el supuesto convenio no fue presentado como prueba en el expediente judicial.
La sentencia busca garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales, más allá de cualquier anuncio mediático o promesa política.
Este caso no solo resalta el valor de las acciones populares como herramienta jurídica, sino también la resiliencia y el esfuerzo conjunto de comunidades organizadas para defender sus derechos. Es un ejemplo inspirador de cómo la voluntad ciudadana puede transformar realidades.
