Esta semana, apenas levantadas las medidas de confinamiento obligatorio, restablecidas la mayoría de las actividades, tanto las empresas como las fuerzas sociales han vuelto sobre sus objetivos principales.
Es así que una de las empresas mineras que están asentadas en el municipio de Gachantivá, en la provincia del alto Ricaurte, procedieron a activar toda su capacidad de trabajo para aumentar la extracción de materiales arcillosos, de los cuales ese municipio y Arcabuco son importantes depositarios.
Ante esta acción, la respuesta de la comunidad no se hizo esperar y de inmediato se movilizó para no permitir que esos procesos continúen hasta tanto no se tengan las aclaraciones precisas sobre las dimensiones del trabajo, la protección ambiental, los mecanismos de compensación, pero ante todo, garantizar que por ningún motivo la explotación vaya a afectar en lo más mínimo la provisión de agua que genera este territorio y su ecosistema, el que es vital para el abastecimiento de los acueductos rurales del sector y para el acueducto del municipio de Sutamarchán, uno de los más necesitados de una fuente permanente de agua.
Sobre el tema, el director de EL DIARIO, Pedro Mendieta habla con Pedro Pablo Salas de la Oficina de Diálogo Social y Paz de la gobernación de Boyacá, quien hace énfasis en que esto que sucede corresponde a las consecuencias de la titulación minera indiscriminada que en la primera década de este siglo impulsó el gobierno de Álvaro Uribe durante sus dos periodos, producto de lo cual se otorgaron títulos mineros sobre más de 350 mil hectáreas, que corresponde al 17% del territorio del departamento.
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