Por | Daniel Castillo Camacho, economista investigador de Crudo Transparente
La actividad petrolera de Puerto Boyacá ha traído consigo algunos cambios en la dinámica social, económica, ambiental, laboral y en las finanzas públicas tanto del municipio como del departamento de Boyacá, ya que las fuentes de financiamiento para inversión social tienen como parte fundamental las regalías generadas por la actividad extractiva.
Por tal motivo es fundamental hacer un recuento de los proyectos financiados con regalías entre 2012 y 2020 en Puerto Boyacá, haciendo un análisis posterior de dichas iniciativas, un recorrido por las inconsistencias que se han presentado en los procesos y un diagnóstico de lo que puede suceder a partir de 2021 con la reforma al Sistema General de Regalias (SGR).
En Puerto Boyacá en el periodo 2012-2020 se aprobaron 89 iniciativas que corresponden al 8,7 % del total departamental, por un total de 514 mil millones de pesos que equivalen al 30,4 % del total de recursos departamentales; los años con mayor cantidad de inversiones gestionadas fueron 2012 y 2015, mientras que los sectores de mayor actividad fueron Educación y Vivienda, Ciudad y Territorio.
Las inversiones aprobadas tienen una tendencia a ser de gran envergadura desde el punto de vista financiero (5 700 millones de pesos en promedio) pero con un vacío en la visión a largo plazo, cayendo en la inmediatez y el asistencialismo. Si bien los proyectos dirigidos a sectores como Educación, Vivienda, y Transporte tienen un enfoque pertinente, los problemas de planeación y ejecución, no han permitido tener el impacto deseado.
La Contraloría General de la República en los cuatro reportes pertenecientes a cuatro vigencias diferentes publicados entre 2013 y 2020, logró hallazgos de irregularidades en procesos administrativos relacionadas con atrasos en en el avance de proyectos, poca claridad en documentos de soporte y bajo número de concursantes en la asignación de ejecutores.
La reforma al SGR trae retos para el municipio en términos de transparencia, participación ciudadana, planeación, vigilancia y ejecución de proyectos y articulación con los planes de desarrollo local, lo que permitiría que los recursos gestionados y las inversiones aprobadas puedan tener un impacto positivo en el mediano y largo plazo que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
