Completan 20 días en paro las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro (Sintranore) completa 20 días en paro.

EL DIARIO habló con Dehiby Jovany Villamizar, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro, sobre el paro que inició el pasado 28 de octubre, y que al día de hoy no ha recibido respuesta por parte de la Superintendencia de Notariado.

EL DIARIO: ¿Cuál ha sido la comunicación entre el sindicato y la superintendencia?

Dehiby Villamizar: Los trabajadores que hacemos parte de los sindicatos pasamos varias líneas de diálogo, la primera fue con el Ministerio de Justicia, allá estuvo la representación de la administración y plantearon las peticiones. Llegaron a que se comunicaban con nosotros. Posterior a eso, hubo otra mesa independiente con el Ministerio de Trabajo, con la Viceministra, quien tomo las peticiones y en su papel de mediador, nos contactó con la señora superintendente, manifestando que posteriormente se comunicarían y, sin embargo, la administración no se ha comunicado oficialmente respecto a las peticiones.

De otro lado, tuvimos una reunión con dos representantes a la cámara que están convocando y citando un debate de control político a la señora superintendente y les expusimos la problemática, digamos que se refirió crear una comisión argumental que busca generar un camino para dialogar; sin embargo, es que esa mesa se desarrollará hasta mañana jueves.

Nosotros como organización desde antes del paro hemos tratado de tender caminos de concertación y diálogo, solo que la administración actual no ha dado respuesta oficial a esto.

ED: ¿Qué fue lo que les incumplieron de las negociaciones del paro de 2019?

DV: Hay unos incumplimientos de parte del gobierno, como la ampliación de la planta de personal que es uno de los problemas que tenemos dentro de las oficinas de registro, la demanda no ha parado; sin embargo, no hay personal para atender todas las funciones que hay que atender además del registro.

Hay que recordar que la superintendencia vigila y administra las 195 oficinas de registro del país, vigila las más de 930 notarias que existen y administra el proceso de la delegada de tierras, que es un proceso grande, administra últimamente la inspección y vigilancia de las curadurías que es otro tanto como las notarías y, ahora, en el último plan de desarrollo del actual presidente, le sumaron a vigilar las delegadas del Catastro; entonces, todo esto, con la misma planta de personal y con menos presupuesto, cosa que ha degenerado la prestación del servicio y eso es uno de los incumplimientos a los usuarios de cada una de las oficinas.

ED: ¿De qué forma se presentan incumplimientos a los trabajadores?

DV: Hay incumplimientos de acuerdos singulares que tienen que ver con los trabajadores, lo último es que se han vulnerado los derechos de los trabajadores sindicalizados, se ha vulnerado el derecho de asociación sindical y pues esto es lo que ha motivado la movilización en esta oportunidad.

ED: ¿Cómo es lo de la tercerización?

DV: La tercerización se ha venido dando en prestación del servicio. Desde el año 2017 se ordenó a través de dos circulares no expedir más Certificados de Tradición y Libertad en las ventanillas de las oficinas de registro.

La Silla Vacía publicó un informe donde a través de unos convenios poco transparentes se adjudicó este servicio a unos particulares, entre ellos, la empresa ‘Asuntos Legales’ que es propiedad de la familia del Ministro del Interior. Entonces están obligando al ciudadano a que debe sacar sus solicitudes por estas plataformas.

Si usted va a la oficina de registro y dice que necesita sacar dos certificados, le van a decir que debe ir a un internet para que lo saque, entonces se le está negando al ciudadano ese servicio. Igual pasa con las consultas de índice; y, ahora, implementaron algo llamado REN, que le transfiere a las Notarías las funciones de radicado y entrega de documentos, esto atenta directamente contra el servicio público general dejándolo en manos de privados.

ED: ¿Qué cree que quiere hacer a Superintendencia con las oficinas de registro?

DV: No es lo que yo piense sino lo que muestran los hechos. Nosotros como oficinas prestamos tres servicios misionales: Certificados de Tradición y Libertad, Consulta de Índice y Registro de Documentos. Certificados y Consulta ya están tercerizados, la radicación y la entrega también y en un video de Camacol, la Superintendente firma un derecho de petición que hacen para un debate de control político, donde ella manifiesta que se va a tocar todo el desarrollo de lo que denominan REL, hasta la calificación y que van a desarrollar un módulo de interoperabilidad para entidades como Camacol, entonces la pregunta que uno se hace es ¿para qué Camacol tiene que conectarse a nuestra base de datos? ¿Qué fin tiene ese módulo de interoperabilidad? ¿Asumir funciones muestras? Tercerizar las funciones de una identidad como la nuestra, pues lleva inminentemente a su privatización.

ED: ¿Qué empresas, aparte de Camacol, se están haciendo cargo de las funciones y cómo es que hacen las funciones de la entidad?

DV: Asuntos Legales, kuskypagos.com, ellos compran los certificados por volumen, los pagan al Gobierno a $13.000 y al ciudadano se lo están cobrando de $22.000 a $25.000.

ED: ¿Un ciudadano puede hacer este proceso desde su computador, le cuesta lo mismo?

DV: Si hace el proceso solo le vale $17.000. Usted entra a la página de la superintendencia para sacar un certificado y le exige una serie de pasos, pide un registro, adquirir una clave entre otros; mientras que, las páginas de los privados únicamente es poner el número de matrícula y pagar, entonces todo está direccionado a que estos privados se lucren con el servicio público que tiene que garantizar el estado.

ED: ¿Cuál es la relación de las condiciones laborales con la tercerización?

DV: En primer lugar, la tercerización es entregar los servicios que tiene la entidad, lleva sin duda, a una desmejora del servicio público, el aumento de la carga laboral hace que el servicio sea malo y por eso el ciudadano tiene una mala percepción de las oficinas de registro, esto lleva a solo un camino que es deslegitimar la existencia de una institución y por ende privatizar la misma.

Respecto a las condiciones laborales y a las garantías digitales, son propias de la administración actual; es decir, todo el tema de represión y persecución se da en esta administración. Pues ha habido otras intimidaciones, pero en este momento están informando que a todas las oficinas del país están enviando policías porque la señora superintendente considera que la protesta, a su juicio, es ilegal y está tomando la autoridad por sus manos. En Cali llegó un coronel. La orden de la superintendente fue de abrir o abrir.

Enviaron un correo en donde manifiesta que los únicos que deben estar en cese de actividades son los de Sintranore, que los demás no, y eso claramente vulnera el derecho constitucional a la protesta y a expresarnos.

ED: ¿Cuántos sindicatos hay y qué expresan los que no están en cese de actividades?

DV: En total son cinco sindicatos. De los cuales tres estamos en el cese de las actividades. Es un tema complejo, ellos son conscientes de la problemática y tienen sus razones de porque no se meten.

ED: ¿Hay algún comunicado de la Superintendencia?

DV: Posteriores al paro no. Con la administración ha habido conversaciones informales, mesas de acercamiento, pero de allá para acá no hay nada oficial, a pesar de que se ha venido discutiendo desde antes del paro.

ED: ¿Cuáles son las peticiones concretas del sindicato?

DV: Son cinco bloques pequeños. Lo primero es la recuperación del servicio público registral, es decir que se habiliten las ventanillas para que el usuario pueda ir a una seccional y pedir sus certificados sin tener que pagar intermediarios ni pagar demás.

La segunda es que se suspenda el aplicativa RED hasta que se verifique el cumplimiento y la subsanación de los errores jurídicos que tiene ese aplicativo que está exponiendo a la entidad.

ED: ¿Cuál es el aplicativo que utilizan?

DV: Se está pidiendo que cualquier aplicativo informático debe evitar tercerizar las funciones y como trabajadores debemos tener la participación para mirar que el aplicativo sea funcional sin poner en riesgo el servicio público y la estabilidad laboral de la gente.

Hay un aplicativo llamado “Bachue” que desde el año 2017 se contrató y costo 8 millones de dólares y que a la fecha eso no se sabe si ha funcionado o no va a funcionar y, conociendo como son las administraciones, con el fin de evitar problemas con investigaciones de detrimento patrimonial, entonces terminan poniendo a funcionar eso y dañando más empleos.

El segundo punto es la ampliación de la planta, se requiere ampliar la planta. El tercero tiene que ver con el cumplimiento de los dos primeros acuerdos y el cuarto punto tiene que ver con el tema de la no retaliación con los trabajadores y el libre ejercicio a su derecho de la asociación sindical.

ED: Hay quejas de los trabajadores porque sus elementos básicos informáticos son obsoletos y sus puestos de trabajo ni siquiera cuentan con sillas y escritorios nuevos para trabajar. ¿Cuál es el estado real de las instalaciones donde trabajan?

DV: El tema de condiciones laborales es deplorable, el 80% de las oficinas de verdad que da tristeza. Hay oficinas sin agua que tuvimos que intervenir. La administración ha salido a decir que ha comprado un montón de computadores, que ha comprado aires acondicionados, pero eso pasa como lo de reconstruir San Andrés en año y medio y después no ha pasado nada, entonces uno ya conoce esa vaina.

En Boyacá las condiciones de los trabajadores son evidentes, escritorios antiguos, un archivo de cartón que no soporta el peso del papel, papeles regados por todos lados y sin un operador especializado en archivos entre otros problemas estructurales.

En Boyacá el presidente de la sub directiva del sindicato, César Gómez, de la oficina de registro comenta que “la Superintendencia ha dejado desmejorar todas las oficinas de manera evidente y que ha sido desmantelada por medio de tercerizaciones, nos quitaron las consultas”.

EL DIARIO: ¿Qué tan importante es el servicio a los usuarios, no lo pueden hacer por internet?

César Gómez: El usuario venía y pagaba $1.000 y, uno le decía qué bienes tenía una persona, era muy sencillo y una forma muy fácil para que nuestros campesinos, que no tiene acceso al sistema tuviera esa información. Esa información fue suprimida y fue montada en una base de datos en donde el señor usuario, después de pagar $1.000 pasó a pagar $10.000 para que le buscaran una consulta vía digital, ahí las personas mayores y las personas que son del campo empezaron a tener dificultades para acceder a la información, a tal punto que suspendieron ese cobro y ahora esa plataforma no está actualizada o no es verídica con la información que brinda.

Como segundo punto privatizaron el acceso a los Certificados de Libertad, anteriormente aquí en las oficinas se expedían y las personas que venían y lo solicitaban y pagaban $17.000 en este momento se lo otorgaron a los privados y ahora ellos cobran por el mismo certificado entre 20 y 23 mil pesos.

Ahora la última intención que dejan ver la señora superintendente en socio con Camacol es que piensan hacer en las notarías un sistema de pre calificación de los títulos escriturales que se van a expedir en esas notarias.

Poco a poco se está desmembrando la superintendencia y se está relegando a los particulares las funciones propias del estado, lamentablemente el servicio fuera mejor pues uno no estaría en contra y lo que pasa cuando se privatiza es que los costos suben.

ED: ¿Sobre la falta de personal?

CG: Muchos de los que han llegado no están actualizados con el contexto real nacional, tenemos oficinas en donde está el registrador y un funcionario público, dos y hasta cinco funcionarios cuando el volumen de trabajo es para 10 funcionarios. Estamos atrasados en el requerimiento y sobre todo capacitación de personal para que nosotros podamos cumplir mejor las funciones que el estado nos ha otorgado.

ED: ¿Sobre la falta de suministros técnicos y de tecnología?

En las oficinas de registro se trabaja con un sistema que es propio de la superintendencia para el tránsito de los documentos, lo hacemos con quipos obsoletos, viejos, las conexiones a internet no son las mejores, no contamos con oficinas propias o adaptadas para las necesidades de los empleados, de los mismos usuarios, no hay sillas cómodas, no hay suministros para el correcto funcionamiento de las oficinas. Eso lleva a que el rendimiento no sea el mejor y por ende el servicio no sea el mejor.

ED: ¿Y sobre el incumplimiento a convenios anteriores?

CG: Nos habían prometido en negociaciones anteriores hasta auxilios para monturas de gafas y todo eso se ha incumplido. A nivel central se han vulnerado las garantías sindicales con agresiones a los funcionarios que están ejerciendo su derecho a la protesta.

Los funcionarios de la superintendencia y en particular los de la oficina de registro de Duitama y los de la seccional de Boyacá tienen la mejor disposición de trabajar y negociar con la súper, pero ella es renuente y si no sede a las solicitudes que hacemos y que no es para nosotros directamente sino para los usuarios, quienes se van a ver beneficiados porque el trabajo que nos están quitando vuelve a nosotros, pues vuelven a estar en la tarifa en las que deben estar y no con esos “sobre costos” que ya tienen los usuarios.

A nivel Boyacá, la oficina principal es la de Tunja, pero hay oficinas seccionales en varias ciudades. EN la Superintendencia hay contratos por OPS, hay otros en carrera y el 80% de trabajadores son de planta, pero no son fijos o estables.

ED: ¿Cómo es el funcionamiento cuando un OPS entra por un periodo corto?

CG: Eso es un problema porque nosotros necesitamos un proceso de digitalización para el funcionamiento de las oficinas. Todos los documentos entran y un funcionario debe digitalizarlos, para que posteriormente salga y se puedan realizar los estudios y luego dar la calificación de los documentos, por ley esos funcionarios deberían estar en planta, pero lamentablemente son OPS y ellos hacen contratos de 3 o 4 meses y dejan un mes sin contratar, el trabajo se retrasa y lamentablemente los perjudicados siguen siendo los mismos usuarios y ellos manifiesta sus inconformidades con la oficina de registro, y ahí es cuando buscan el trabajo de los terceros.

Sobre las condiciones, no son las mejores, oficinas como la de Moniquirá, que hay un vendaval de agua, se mete a los archivos, a los cuartos de sistemas y daña todo. Lo mismo. Deficiencia de personal, oficinas con dos funcionarios y la carga pues es más alta, los mismos registradores están agobiados por el nivel de trabajo en las oficinas. Hay personas de la parte jurídica que se llevan el trabajo para su casa, al otro día llegan a las 7 de la mañana y siguen trabajando, pero no les alcanza el tiempo. Los mismos registradores se llevan el trabajo a su casa, porque es mucho y no alcanza.

César Gómez agrega que, “Boyacá es un departamento que ha crecido de manera exponencial en sus construcciones y bienes y eso son movimiento comercial que se van a venir a represar en la oficina de registro porque finalmente esta es la única entidad que tiene que hacer estos registros, lamentablemente no se puede despachar el trabajo por todos estos inconvenientes».

El DIARIO hizo un recorrido en la oficina de Tunja y corroboró que las condiciones en las que se trabaja no están en perfecto estado, las oficinas tienen muebles antiguos y los computadores y demás sistemas digitales para que los trabajadores realicen su trabajo son obsoletos. En este edificio se paga un arriendo de $16.000.000 cuando al mismo tiempo la Superintendencia es dueña de un predio frente a la Iglesia Santa Bárbara, en el centro de la ciudad, de arquitectura hispana que al día de hoy, se está cayendo.

Los funcionarios en Tunja se quejan porque no tienen ni ganchos de cosedoras, las sillas y los escritorios son antiguos, y no hay sistemas digitales que les permitan trabajar. No tienen teléfonos fijos para comunicarse y con su celular personal les toca hacer su trabajo. Si necesitan sacar fotocopias deben salir del edificio a una papelería a media cuadra. Una de las funcionarias con problemas lumbares, debió comprar, de su bolsillo, una silla y un escritorio para poder trabajar en condiciones mínimamente exigidas por su salud.

El archivo no tiene un operario fijo, dicen que los OPS no han terminado de llegar y aprender el oficio cuando ya deben irse porque su contrato termina y no lo renuevan, entonces deben capacitar a uno nuevo después de un mes o dos que pasan cuando el último se ha ido. Los archivos están en el piso, en las escaleras, y los archivadores de cartón con el tiempo se doblan y hace que todo se desorganice. El espacio es pequeño y día a día siguen llegando más procesos.

La sala de espera para los usuarios tiene tres ventanillas en donde solo trabaja una persona y al lado de ella está la planta de energía, que cuando se va la luz y comienza a funcionar, el humo hace que saca, es perjudicial para la salud de cualquier persona que esté en esta sala.

Tienen una UPS para todo el edificio que a pesar de estar prendida, si se va la luz se apaga primero que los computadores.