Por |Unidad Investigativa de ED
El pasado 12 de junio, no asistió el decano de la Facultad de Estudios a Distancias (FESAD) de la UPTC a la sesión del Consejo Superior Universitario, siendo esta ausencia el colofón de su retiro anunciado de este organismo. Anteriormente se había visto forzado a renunciar a la decanatura que por más de ocho años ocupó, siendo el único decano de libre nombramiento y remoción, pese a una expresa normativa sobre la designación de estos administradores académicos, derivada de ternas propuestas por el consejo de Facultad respectivo. En el pasado, como ahora, su nominador fue el rector López Díaz, quien por inexplicables razones “atornilló” al teólogo Parra en esta Facultad, la más grande de la universidad, con una población estudiantil que supera las 5.000 personas.
Aunque el 30 de mayo pasado, cuando se produjo el rifirrafe en el Consejo Superior, ya se sabía de la salida del decano, puesto que según oficio del 25 de mayo del jefe de la Oficina Jurídica a la Secretaria General de la universidad, el jurisperito Vega manifiesta que la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 0462 de 2017, formulada por Aspu “no es procedente”, ya que el citado funcionario “presentó renuncia el 25 de mayo a su cargo, con efectos fiscales a partir del 4 de julio”. Es decir, a sabiendas de que había dimitido asistió, sin inmutarse, a las deliberaciones de este organismo, y, lo que es más preocupante, se acogió a la pintoresca figura de “renuncio ahora, pero hágamela efectiva dentro de un mes”.
Como si fuera poco, el 31 de mayo la Secretaria General de la universidad en respuesta al presidente de la agremiación sindical, -quien insistió en la revocatoria directa de la representación de las llamadas autoridades académicas, en la que fungía el decano de la FESAD-, esta funcionaria respondió que “el Consejo no tiene competencia de revocatoria frente a los actos administrativos expedidos por Rector de la universidad”, añadiendo que el decano, según el infalible asesor jurídico “presentó renuncia a partir del 4 de julio del presente año”.
El remate de este sainete fue la carta enviada por el inamovible funcionario al Comité Electoral, presidido por la Secretaria General, fechado el 5 de junio, donde señala: “me dirijo a Ustedes para presentar RENUNCIA a la representación de las Directivas Académicas ante el Honorable Consejo superior Universitario, a partir del día de hoy 5 de junio del presente año”. Como lo sabe cualquiera que conozca la paquidérmica estructura de la universidad, el destinatario de su comunicación debió haber sido el Consejo Académico.
Le puede interesar:
>Consejo Superior de UPTC, de mal en peor
>¿Rebelión en el Consejo Superior de la UPTC?
De lo anterior se colige, que de acuerdo con la normatividad vigente (Acuerdo 022 de 2012), una vez registrada la vacancia, el rector tendrá que solicitar al Consejo de Facultad de la FESAD, la conformación de una terna de profesores, que reúnan los requisitos incluidos en el artículo 15 del Acuerdo 067 de 2005. Aquí la dirección no podrá ampararse, ni en la nefasta reforma administrativa implantada a finales del año pasado, alegando que el cargo es de libre nombramiento y remoción, ni acudir a la figura de un decano interino reclutado fuera de la universidad.
Llegó la hora de que el actual rector, demuestre su restringida dependencia y se zafe de la coyunda clientelista enquistada en el Consejo Superior. Los últimos nombramientos en las decanaturas parecen indicar lo contrario; muchos de los decanos nombrados, hasta ahora, contaron con el guiño de sus antecesores, quienes confían en gobernar en cuerpo ajeno.
Con la renuncia del ahora ex decano Parra, el Consejo Superior está empatado: cuatro consejeros alineados con el Gobierno Nacional y departamental, y cuatro con la más variopinta alianza puestera, encabezado por quien se apropió de la nómina de la institución y aspira a reelegirse en los próximos meses.
En breve se desatará la puja por reemplazar al defenestrado decano de la FESAD, asegurándose que su sucesor será uno de los cuatro decanos que tienen asiento en el Consejo Académico, pues así lo dispone la estrecha norma interna: electores son todos los directivos académicos, pero solo puede ser elegido un decano. Se da por descontado que estará entre la eterna viajera, decana de la Facultad de Educación, Diana Soto, y, el ambicioso malabarista decano de la Facultad de Economía, John Rosso. El ungido será el que indique el ordenador del gasto y los patrocinadores de su elección.
Finalmente prevaleció la legalidad, la cual se impuso sobre la chapucería disfrazada de actuaciones en derecho.
