‘Castigo’ a Boyacá con recorte en el presupuesto nacional

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Para el 2025 el departamento tendrá una disminución de más del 18 por ciento, equivalente a 336.748 millones de pesos, con relación a lo ejecutado este año. Boyacá es el departamento número 16 en asignación de recursos del presupuesto nacional, lo que se interpreta como una bofetada del Gobierno Petro para esta región.

Boyacá cumple o parecía cumplir con los requisitos políticos por los cuales se hubiera esperado que fuera tratado de una forma más benévola en las medidas de austeridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Si el gobernador Carlos Amaya es el presidente de la Federación de Departamentos; si Jaime Raúl Salamanca es el presidente de la Cámara de Representantes y si Wílmer Castellanos era uno de los ponentes del proyecto de presupuesto, lo lógico era pensar que debería haber un trato preferencial pues hoy hay gran afinidad entre las posiciones políticas del Partido Verde y las del Gobierno nacional.

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Sin embargo, lo que acaba de ocurrir dentro del recorte presupuestal por un valor de $20 billones de pesos para todos los departamentos demuestra que Boyacá fue tratado –como ha ocurrido en pasados gobiernos- como un departamento de tercera.

“Boyacá para el año 2025 tendrá un recorte de 336.748 millones de pesos dentro del presupuesto general de la nación; para el año 2024 le habían sido asignados 1.849.416 millones de pesos y el próximo año recibirá 1.512.668 millones, es decir un recorte de -18,2%. Sin disculpas, nos fue mal”, escribió ayer el profesor universitario Jacinto Pineda, subdirector de la ESAP para Boyacá y Casanare y uno de los analistas económicos más leídos de la región.

El representante a la Cámara Héctor David Chaparro reconoció que Boyacá es uno de los departamentos más afectados por esa medida del Gobierno Petro.

El profesor Jacinto Pineda aseguró que el rubro que más resultará afectado en Boyacá es de transporte e integración de territorios. En el 2024 hubo para ese rubro 436.042 millones de pesos y el año entrante apenas tendrá 282.759 millones de pesos; es decir $153.283 millones de pesos menos. Eso significa menos plata para vías y para interconexión.

Otros rubros que resultarán seriamente afectados en Boyacá serán: inclusión social y reconciliación, minas y energía, trabajo; vivienda, ciudad y territorio y agricultura y desarrollo rural.

Igualmente habrá menos recursos para empleo público, tecnologías de la información y las telecomunicaciones, ambiente y desarrollo sostenible; ciencia, tecnología e innovación; cultura y comercio, industria y turismo, entre otros.

Del regionalizado nacional Boyacá representa el 2,38 por ciento para el 2025. En el 2024 representó el 2,43 por ciento.

De los 27 sectores en total que están desagregados en el regionalizado, 16 tiene reducción porcentual y de recursos comparativamente entre el 2024 y el 2025.

Desde la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores enviaron un oficio al ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, acerca del recorte presupuestal por un valor de $ 20 billones de pesos, que anunció el jefe de la cartera en su intervención en el Congreso de la República.

Ese recorte que afecta principalmente a departamentos de la Costa habría sido decidido en el Consejo de Ministros del 10 de junio de 2024.

Sucre (-37,4%), Córdoba (-36,9%), Atlántico (-32,6%) y Putumayo (-32,4%) son los casos que tendrán los mayores recortes presupuestales. Pero también se contemplan reducciones de más de 20% en otros departamentos como Meta, Cundinamarca, Santander, Antioquia, La Guajira, Risaralda, Guaviare y Cesar.

Las únicas zonas que muestran incrementos en sus asignaciones presupuestales son Bogotá (16,8%), Vichada (10,7%), Vaupés (3,1%) y Bolívar (2,6%).

Los mandatarios y la agremiación expresaron su preocupación y le solicitaron al Ministro “que en las partidas a recortar no se afecte la financiación de los proyectos priorizados en los Planes Departamentales de Desarrollo que fueron armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo, con especial énfasis en aquellos que tienen contrapartidas o vigencias futuras”.
Esta semana la mayoría de los gobernadores se reunieron en Senado de la República con el presidente de esa corporación, Efraín Cepeda, a quien le manifestaron las preocupaciones que rodean la determinación del Gobierno nacional de recortar la inversión en todas las regiones.

Cepeda manifestó que “lo que aquí concluimos es que lo que ordena la Constitución del 91, es un proceso de descentralización y todo lo contrario, se viene re-centralizando más el país; el 80% de los recursos se manejan en la Nación y hoy hay renuencia de acudir a los alcaldes y gobernadores para la ejecución presupuestal: al mes de agosto hay 79 billones de pesos del Gobierno central parqueados en bancos y fiducias, si eso se les entrega a los alcaldes y gobernadores tendríamos una ejecución real y estaríamos cerca de las expectativas de los colombianos”.

El presidente, Gustavo Petro, se refirió en sus redes sociales a esos recortes: “Sé que los gobernadores están preocupados por el presupuesto. El alegato de la oposición hablando de un crecimiento de los gastos de funcionamiento no mira en qué consiste ese aumento o lo oculta”.

Agregó que “se trata de un incremento por orden constitucional que debe tener el sistema de transferencias a municipios y departamentos, y, por decisión nuestra, al incremento salarial de la fuerza pública incluidos los soldados regulares.

“Por eso la ley de financiamiento es fundamental y necesitamos del apoyo de los gobernadores con sus bancadas para aprobarla. La ley de financiamiento no establece impuestos sobre la clase trabajadora o sobre los sectores medios y medios altos de la población”, subrayó.

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