La Sala Laboral de Corte Suprema no aceptó la acción de tutela presentada por la defensa de la exconsejera para las regiones, procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova no solo mantiene a la exconsejera presidencial para las regiones privada de la libertad por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sino que termina de sepultar cualquier posibilidad de incidencia política real en Boyacá en plena campaña hacia el Congreso.
El alto tribunal ratificó la decisión del Juzgado 79 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, que negó la libertad por vencimiento de términos, al concluir que la tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad. En términos jurídicos, el mensaje es claro: no hubo irregularidad grave que amerite la intervención del juez constitucional. En términos políticos, el efecto es aún más contundente.
Sandra Ortiz no era una dirigente con base electoral propia en Boyacá. Su influencia nunca descansó en votos, liderazgos territoriales o estructuras políticas consolidadas, sino en el acceso al poder central que le otorgaba su cargo como consejera presidencial.
Ese capital —estrictamente burocrático y relacional— desapareció con su salida del Gobierno y quedó completamente anulado con su judicialización. Hoy, privada de la libertad y vinculada a uno de los escándalos de corrupción más graves del actual Gobierno, Ortiz no solo carece de poder: es políticamente tóxica.
No hay hoy en Boyacá un solo proyecto electoral que dependa de ella, ni una campaña que pueda exhibirla como aliada, gestora o puente con el Ejecutivo sin asumir un costo reputacional inmediato.
A diferencia de otros procesos judiciales que sacuden estructuras políticas regionales, la caída de Sandra Ortiz no deja huérfana a ninguna maquinaria, no desarticula alianzas ni altera el ajedrez electoral del departamento.
Su ausencia no significa pérdida de votos, porque nunca los controló. No significa ruptura de liderazgos, porque no los construyó. Y no significa reacomodo de fuerzas, porque su peso político era funcional al cargo, no al territorio.
En ese sentido, Boyacá sigue su campaña al Congreso como si ella nunca hubiera sido un factor decisivo, y los actores políticos locales ya han tomado distancia, conscientes de que su nombre no suma, sino que resta.
Durante su paso por el Gobierno, Ortiz fue presentada como una ‘articuladora regional’, una figura encargada de tender puentes entre las regiones y el Ejecutivo. Hoy, ese discurso se derrumba frente a los hechos: su caso evidencia los riesgos de confundir representación regional con intermediación política sin controles suficientes.
Para los candidatos al Congreso, el mensaje es inequívoco: no hay ningún beneficio en reivindicar su cercanía pasada, ni en intentar capitalizar relaciones que hoy están bajo la lupa judicial. Por el contrario, cualquier asociación con el caso UNGRD puede convertirse en munición para adversarios en campaña.
Desde el punto de vista judicial, el proceso continúa su curso ordinario. La Fiscalía deberá decidir si presenta escrito de acusación y lleva el caso a juicio. La defensa podrá intentar nuevas solicitudes de libertad, pero el margen se reduce con cada decisión adversa.
Desde el punto de vista político, el camino está cerrado. Sandra Ortiz ya no es un actor, ni un símbolo, ni un referente. Su proceso tendrá impacto institucional y eventualmente penal, pero no electoral.
El fallo de la Corte Suprema envía, además, una señal incómoda para la clase política: el acceso al poder sin base social no solo es frágil, sino desechable. Cuando el cargo desaparece y la justicia entra en escena, no queda red que sostenga la caída.
En síntesis, Sandra Ortiz seguirá en prisión, enfrentará un proceso penal de alto impacto y ha quedado completamente fuera del tablero político de Boyacá, en una campaña que avanza sin ella y sin que su ausencia modifique el resultado de fondo: hoy no tiene poder, ni margen de maniobra, ni futuro político visible.
