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El Gobierno impulsa la campaña por el “sí” en la consulta popular que propone el presidente Gustavo Petro, como estrategia para recuperar los derechos laborales que fueron eliminados en legislaciones pasadas. Congresistas del Pacto visitaron Boyacá.
Congresistas del Pacto Histórico visitaron la capital de Boyacá para hacer llamado a una gran movilización en el departamento y en todo el país. Trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres y personas en condición de discapacidad están convocados a respaldar 12 puntos fundamentales con los que pretenden dignificar el trabajo en Colombia.
En la visita a Tunja, estuvo presente la senadora Sandra Ramírez, los representantes Pedro Suárez Vacca, David Racero, Eduard Sarmiento, acompañados por la diputada Maryori Ortiz.
Entre los temas que destacaron está la creación de un fondo pensional para el campesinado. Según la senadora Ramírez, hoy en día, millones de campesinos viven sin cotizar y sin acceso a una pensión. Esta medida sería un reconocimiento al esfuerzo de quienes producen el alimento diario del país.
Otro punto esencial es la formalización laboral del trabajo rural. Para Eduard Sarmiento, mientras los grandes empresarios agroindustriales históricamente han evitado pagar salarios justos, la propuesta busca garantizar contratos dignos y estables para el trabajador rural.
Las mujeres trabajadoras serían reconocidas con un día de licencia remunerada en caso de afectaciones por el periodo menstrual. También se promovería la formalización de oficios informales, como el periodismo independiente y los conductores de plataformas, garantizando seguridad social, pensión, cesantías y vacaciones.
Para Racero, mejores pagos y contratos estables no solo beneficiarían a los trabajadores, sino que impulsarían el mercado nacional: más consumo, más ventas y mayor estabilidad económica. «Un círculo virtuoso que impactaría positivamente a toda Colombia».
¿Quién podría oponerse a pagar adecuadamente las horas nocturnas, los dominicales o reconocer el esfuerzo de los aprendices del SENA? ¿Quién estaría en contra de abrir oportunidades reales para más de dos millones de personas en condición de discapacidad que hoy siguen enfrentando enormes barreras laborales? Son preguntas que los congresistas pusieron sobre la mesa.
El representante Sarmiento señaló que, parte de la resistencia a estas reformas viene de sectores de la politiquería tradicional, acostumbrados a usar contratos temporales para presionar favores políticos. El fortalecimiento de los contratos a término indefinido acabaría con esta práctica vergonzosa que condena a miles de trabajadores a la incertidumbre cada tres o seis meses.
David Racero indicó que ahora el futuro está en manos del Senado. Deben aprobar la convocatoria a consulta popular. De ser así, la Registraduría tendrá seis meses para organizar la jornada electoral, donde se necesitarán cerca de 13 millones de votos para validar el proceso. De ahí, la mitad más uno definirá si el país recupera sus derechos laborales.
