Boyacenses somos víctimas de la corrupción de aquí y de allá

Desde este mes, ayudaremos a pagar los platos rotos de Electrocaribe y, adicionalmente, continuaremos pagando por lo ocurrido con la antigua Empresa de Energía de Boyacá, que se la robaron en nuestras narices.

Por | Ricardo Rodríguez Puerto

En nuestros pueblos, especialmente en las fiestas de provincia, aparece con frecuencia el avivato que, al lado de una mesa con tres tapas de cerveza o gaseosa, llama la atención de los transeúntes para que participen del juego ‘¿en dónde está la bolita?’.

Se trata de un juego sencillo en el que el sujeto utiliza tres tapas, en una de las cuales coloca un papelito o una bolita. ¿Dónde está la bolita, dónde está ella?, pregunta; y, los curiosos, hacen el seguimiento visual, levantan la tapa y, en efecto, ahí está. ‘Fácil’.

El garitero juega, les da algunas gabelas a los retadores, ellos cogen confianza, apuestan, pueden ganar unas pocas veces pero al final terminan perdiendo con las apuestas más grandes gracias a la habilidad del dueño del juego que sabe esconder el papelito en la uña y pasarlo a la tapa que quiere.

Lo cruel del ejercicio no es ni siquiera la trampa del juego sino la manera como algunos compinches del dueño rodean a los campesinos y les van metiendo la mano al bolsillo, sacando  carteras y dinero mientras ellos se entretienen con los dichos y movimientos de mano del habilitado y locuaz apostador.

Con un juego de manos parecido, el Gobierno nacional, ‘inversionistas’ y empresarios nos quitaron a los boyacenses la Electrificadora de Boyacá. Hace 25 años esos ‘avivatos’ se la idearon para montar un negocio de disponibilidad de energía y le dejaron a la ‘empresa boyacense’ un pasivo que le costó al Estado colombiano cientos de millones de dólares.  20 años duró el desangre al fisco orquestado por el gobierno de Ernesto Samper con la ayuda de  varios congresistas boyacenses y un gobernador liberal de la época.

La solución para tapar semejante desangre al presupuesto se le ocurrió al caldense Óscar  Iván Zuluaga, ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez, quien decidió que era necesaria la separación de las tres unidades generadoras de Paipa, de los negocios de distribución y comercialización, que terminaron con el nombre de Empresa de Energía de Boyacá. Las unidades de generación se convirtieron en una filial de Gensa, empresa con sede en Manizales. 

Desde entonces directivos de la compañía estatal con sede en Caldas mandan a su antojo en Boyacá, ganan salarios millonarios, viajan desde Manizales, cobran viáticos, imponen los precios del carbón a los mineros de Boyacá y, de contentillo, contratan mano de obra no calificada de Paipa.

En sus condiciones para la compra del carbón a los mineros de Boyacá casi siempre utilizan intermediarios que se quedan con las ganancias grandes por la compra de ese mineral.

El descaro de los directivos de Caldas mandando en Boyacá es que todos ellos son dirigentes políticos de ese departamento y en muchas oportunidades han obligado a los obreros de Paipa a votar por sus candidatos al Senado.

Después de perder las plantas generadoras, supuestamente ‘nos quedó’ la Empresa de Energía de Boyacá, la del negocio de la distribución y comercialización a los clientes residenciales, comerciales e industriales de energía eléctrica del departamento, y el Gobierno de Uribe comenzó a estudiar la posibilidad de venderla.

Nadie se acordó que durante décadas fueron los municipios y las comunidades de todo Boyacá quienes ayudaran a construir las redes de distribución, a comprar postes y transformadores y hasta torres y cables de alta tensión.  

Con acciones populares algunos boyacenses se opusieron a que Uribe la vendiera, pero comenzó el Gobierno de Juan Manuel Santos, que hizo efectiva esa negociación por una suma cercana a 800 mil millones de pesos a una real o supuesta empresa canadiense que unos años después acaba de venderla por 2,6 billones de pesos.

El negocio de la Empresa de Energía de Boyacá puede ser, tal vez, el más grande y con mayores utilidades para particulares realizado con una empresa establecida en estas tierras en toda la historia; y lo es porque, por cuestiones que nadie ha determinado con certeza, los boyacenses tenemos y pagamos tarifas de energía entre las más caras del país, lo que no solo es un atropello para todos los usuarios sino que genera pérdida de competitividad del sector industrial y productivo.

Unos inversionistas que aquí nadie conoce, supuestamente canadienses, se ganaron en siete años dos billones de pesos y la firma que ahora adquirió la EBSA tal vez se gane otros varios millones de dólares y en unos años la ponga en venta a otros que querrán ganar más, todo a costillas de los boyacenses.

Como si lo anterior fuera poco, desde este mes de octubre los boyacenses tendremos un nuevo incremento en las tarifas de energía eléctrica. A pesar de que pagamos el doble de lo que paga un usuario en Bogotá, el sector residencial, comercial e industrial del departamento tendrá que asumir ese costo porque el Gobierno nacional, esta vez el de Iván Duque, decidió que entre todos los colombianos debemos pagar la sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora para ayudar a pagar el problema de corrupción de Electrocaribe.

Y aquí, el Gobierno departamental, nuestros flamantes congresistas, los gremios, las universidades, nadie se ha dado cuenta ni nadie parece saber o importarle que pagamos las tarifas de energía más caras y que de nuevo nos meterán la mano al bolsillo, esta vez para pagar por los corruptos de la Costa.