En Villa de Leyva, entidades del orden departamental y nacional ajustaron estrategias para mejorar la respuesta frente a casos de violencia basada en género.
En medio de la preocupación nacional por recientes casos de feminicidio y denuncias de acoso sexual, en Boyacá se están moviendo las fichas para mejorar la atención a las víctimas de violencias basadas en género.
Esta vez el punto de encuentro fue Villa de Leyva, donde la Secretaría de Salud de Boyacá, junto con la Fiscalía General de la Nación (seccional Boyacá) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lideraron una jornada de trabajo enfocada en ajustar y fortalecer las rutas de atención.
El objetivo es que las instituciones dejen de trabajar de forma aislada y respondan de manera más rápida y coordinada cuando se presenten estos casos.
Al espacio llegaron funcionarios de las provincias de Ricaurte Alto y Bajo, entre ellos representantes de instituciones educativas, comisarías de familia, personerías, direcciones locales de salud y prestadores de servicios, quienes revisaron cómo están operando actualmente los protocolos y qué ajustes se necesitan.
Según explicó Constanza Marcela García, referente del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, uno de los puntos centrales fue actualizar las responsabilidades de cada entidad y mejorar la articulación.
“Se trabajó en la unificación de lineamientos y en la actualización de competencias institucionales para optimizar la respuesta frente a estos casos. También se revisaron estrategias para garantizar atención integral, desde los servicios de salud hasta el acceso a la justicia”, señaló.
Durante la jornada también salieron a relucir varias dificultades, sobre todo en zonas rurales, donde el acceso a los servicios sigue siendo limitado y la coordinación entre entidades no siempre es efectiva.
Desde la Gobernación insistieron en la necesidad de avanzar hacia una atención más humana y oportuna, que realmente acompañe a las víctimas en todo el proceso.
Este tipo de encuentros, según los organizadores, buscan cerrar brechas y evitar que los casos de violencia de género queden sin respuesta o se pierdan en la tramitología institucional.
