Los promotores de esta iniciativa celebraron que el Consejo Nacional Electoral haya ampliado el plazo para la recolección de firmas, que ahora irá hasta septiembre.
El Referendo Campesino sigue con vida. Eso fue lo que celebraron sus promotores en horas recientes luego de conocer la decisión del Consejo Nacional Electoral en la que se concede la prórroga solicitada por Luis Alejandro Jiménez, vocero de la iniciativa, un par de meses atrás.
Es que el plazo inicial con el que contaba esta iniciativa iba, en un comienzo, hasta el 15 de junio, pero dadas las dificultades que planteó la pandemia del COVID-19, especialmente en el proceso de recolección de firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) optó por conceder la razón a quienes solicitaban una prórroga para la recolección de firmas.
Así las cosas, queda establecido el 15 de septiembre como el día límite para la recolección de firmas de esta iniciativa que le apunta a conseguir el reconocimiento constitucional de los campesinos colombianos como sujetos de derechos y como sujetos de especial protección constitucional, al mismo tiempo que pretende garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
El referendo campesino beneficiaría a más de 15 millones de campesinos colombianos, modificando siete artículos constitucionales y agregando uno.
Entre las propuestas del Referendo Campesino está la de la protección de la producción nacional, que a su vez acarrearía revisiones sobre relaciones económicas internacionales.
A su vez el Referendo Campesino pretende que se le garantice acceso a educación formal y no formal al campesinado colombiano, asesoría para innovación en procesos de producción agropecuaria, así como ser adjudicatarios preferenciales de baldíos con vocación agropecuaria, lo que a su vez jugaría a favor en la necesidad de repoblar el campo. Esta propuesta se fundamenta en la modificación del artículo 64 de la Constitución Política, e incluye la posibilidad de que el campesinado participe en la formulación e implementación de la política y el presupuesto para el sector productivo del que hacen parte, y el fomento de la asociatividad.
Con este referendo se pretende dar una mejor utilización y un verdadero aprovechamiento del suelo, estableciendo que su uso preferencial sea para la producción de alimentos. Igualmente se busca un Estado más comprometido con el bienestar campesino por lo que se le instará a fomentar y proteger la economía campesina, garantizando condiciones para competitividad, tema en el que hoy se evidencia un gran rezago.
Esto implica una serie de modificaciones al artículo 65 de la carta política, entre las que también está la propuesta de un control ejercido por el Estado en lo que refiere a precios de insumos agropecuarios.
Como las condiciones de crédito actual apuntan más al favorecimiento de los bancos que de los mismos campesinos, este referendo buscará cambiar esa situación, haciendo de los productores agropecuarios sujetos de acceso permanente y preferencial al crédito.
Otro aspecto clave es el del servicio militar de carácter voluntario para el campesinado, liberándoles así de cargas económicas o de la misma obligatoriedad para la prestación del servicio.
Entre otro de sus puntos se propone el de un ingreso básico otorgado por el Estado, con el ánimo de asegurar una subsistencia digna para los productores agropecuarios, que, por una u otra coyuntura, pueden verse indefensos y vulnerables en ciertas épocas del año.
También se postula la idea de fomentar y fortalecer las actividades agropecuarias, con un monto no menor al 4% del presupuesto total de inversión.
