Es oriunda de Nobsa, fue secretaria de Hacienda de Boyacá durante el gobierno de Juan Carlos Granados y fue contralora de Bogotá.
La boyacense María Anayme Barón Durán fue elegida hoy por el Consejo de Estado como auditora general de la República.
María Anayme Barón Durán es contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Sogamoso (Boyacá). Tiene especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública de Boyacá y cursó una maestría en la Universidad Libre de Bogotá. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, en donde ha estado vinculada a las alcaldías de Nobsa, Firavitoba y Puerto Boyacá, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Contraloría General de Boyacá.
También fue gobernadora encargada de Boyacá en distintos momentos del 2015. Además, trabajó en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá y como Subdirectora Administrativa y Financiera en la Federación Nacional de Departamentos. En la Contraloría de Bogotá ejerció distintos cargos desde el 2016 como asesora de Despacho, directora técnica de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, directora técnica de Reacción Inmediata, contralora auxiliar y contralora encargada. De igual forma, ha sido contratista de la Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Justicia.
La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal el cual está a cargo del Auditor de que trata el artículo 274 de la Constitución Política, artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 4 de 2019 .
La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor General de la República, elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años.
Su principal función es ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control señalados en el artículo segundo, conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución, para lo cual el Auditor General fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados, entre otros, de conformidad con lo que para el efecto dispone este Decreto.
