La elección popular de alcaldes y la Constitución Política de Colombia, de 1991, que estableció la elección popular de gobernadores, son dos de los grandes hitos que cambiaron la política partidista regional. En los últimos años han sido las redes sociales las que han modificado la relación entre políticos, gobernantes y ciudadanía.
Hasta 1988 los alcaldes de los municipios y ciudades de Colombia eran designados por los gobernadores de los departamentos, que a su vez eran nombrados por el Presidente de la República.
Esa designación ‘a dedo’ de los alcaldes, por parte de los gobernadores; y de los gobernadores, por parte del presidente, generaba una enorme presión ante los nominadores por parte de distintos actores políticos, sociales y económicos, regionales y locales.
Pero vino la expedición del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986 que ordenó que: “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial y así todo comenzó a cambiar.
Dos años después de esta reforma, aprobada en el gobierno del presidente Belisario Betancur, el 13 de marzo de 1988 se realizó la primera elección de alcaldes en Colombia para periodos de dos años.
Con la Constitución de 1991 el periodo de los alcaldes se extendió a 3 años y se permitió la elección de gobernadores por voto popular. Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002 los alcaldes pasaron a tener periodos de 4 años. Los primeros mandatarios con período de cuatro años fueron elegidos en octubre de 2003 y se posesionaron el primero de enero de 2004.
Los primeros mandatarios con período de cuatro años fueron elegidos en octubre de 2003 y se posesionaron el primero de enero de 2004.
Hasta antes de esos hitos, elección popular de alcaldes y elección popular de gobernadores, la política partidista en las regiones se realizaba de una manera muy diferente a como se conoce hoy en día.
Hasta esos años, los liderazgos políticos nacían y maduraban en Tunja o en las capitales de provincia con dirigentes, casi siempre abogados e ingenieros, que se hacían conocer en los pueblos y en las veredas por ‘hacer mandados’.
Generalmente ese político montaba una oficina y distribuía su tiempo entre recibir a representantes de las comunidades, que acudían ante él para resolver problemas por el mal estado de sus vías, la necesidad de un acueducto veredal, una electrificación rural, la construcción de una escuela o, a veces, para que le ayudara a buscar el empleo a un hijo desocupado, y realizar gestiones ante entidades del Estado para resolver esos requerimientos.
En la medida en que ese político atendiera más gente, acudiera a pueblos y veredas a hablar con los campesinos y, a su vez, hiciera más lobby ante entidades del Estado, mayores posibilidades tenía de ascender en la carrera política.
Fue así como se consagraron figuras políticas de la segunda mitad del Siglo XX como Napoleón Peralta Barrera, María Izquierdo, Jorge Perico Cárdenas, Heraclio Fernández Sandoval, Gilberto Ávila Botía, Zamir Silva Amín o Humberto Ávila Mora, entre otros.
Cuando esos políticos llegaron al Congreso tuvieron otras herramientas que la ley permitía como las becas parlamentarias y los auxilios, que en muchas ocasiones realmente sirvieron a las comunidades y que, en otras, se quedaron en los bolsillos de quienes las gestionaban.
Con su ascenso al poder más alto, que era casi siempre el Senado o la Cámara de Representantes, esos políticos iban armando una red clientelista regional y municipal, que a su vez trabajaba todo el tiempo para mantenerlos a ellos en la cúpula, mientras ellos se conformaban con algunas gabelas que les permitía el ‘doctor’ o el ‘jefecito’.
Las listas al Senado, a la Cámara, a la Asamblea y al Concejo tenían suplente y los propios candidatos eran los que tenían la obligación de mandar imprimir las papeletas con las listas, en los que no había fotografías.
Las campañas políticas en veredas, barrios y pueblos se hacían con visitas de los políticos en las que había discursos, pólvora y cerveza, y se pegaban afiches con fotografías en blanco y negro, que los ‘chinos’ al servicio de las campañas ponían con engrudo, casi siempre en los postes de la luz y en los muros.
visitas de los políticos en las que había discursos, pólvora y cerveza
En su mayoría esos políticos solo representaban al partido Liberal y al Conservador y el voto se legitimaba cuando el elector metía el dedo índice en un frasco de tinta negra indeleble, que se utilizaba con la intención de que no pudiera votar dos veces el mismo día.
Los políticos, con sus equipos, se esforzaban para que los electores votaran ‘en línea’, es decir, Senado, Cámara, Asamblea y Concejo del mismo partido, grupo y sector político y en algunas regiones, como en el Occidente de Boyacá, ese objetivo se cumplía de manera ‘milimétrica’ sin que se escapara ningún voto.
Para lograr ese objetivo, los políticos y sus equipos de campaña armaban los sobres en los que se combinaban las listas para todas las corporaciones y se los entregaban al campesino en la puerta del puesto de votación y vigilaban hasta que el voto, completo, fuera depositado en la urna y el campesino se retirara con su dedo índice impregnado de tinta.
Con los años todas esas costumbres fueron cambiando y de la tinta se pasó a los tarjetones. Ahora las campañas se hacen con grandes vallas, a través de medios de comunicación y redes sociales.
Antes, con la violencia política entre liberales y conservadores, era frecuente que en las campañas hubiera peleas con muertos; ahora, esas disputas tienen como escenario las redes sociales, con ultrajes, injurias y calumnias.
En los años 80, cualquier persona podía entregarle en la calle el voto que usted depositaba en la urna.
El proselitismo se hacía con pasión y hasta niños podían manejar el material electoral.
Hace más de 30 años, los lugares de votación eran largas hileras de casetas, hechas básicamente con 4 palos y teja de zinc. Los jurados eran sometidos a duras pruebas de resistencia cuando el clima jugaba una mala pasada en las jornadas electorales.
A partir de 1931 y en todo momento que hubiera elecciones en Colombia, cada mesa de votación debía tener un tarrito con tinta para que los votantes introdujeran su dedo índice. Por 60 años, la tinta indeleble fue la reina en las elecciones y sus fabricantes, los más beneficiados con la circulación de millones de litros de tinta por el territorio nacional.
Con la Constitución anterior ‘todos’ éramos católicos y no tan plurales como ahora. Las únicas comunidades religiosas que tenían validez frente al Estado eran las católicas.
En las elecciones del 11 de marzo de 1990 se iban a utilizar 6 votos o papeletas para elegir: Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Concejo Municipal y Alcaldes. Un movimiento estudiantil propuso incluir un séptimo voto en el que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial en las urnas y se reconoció la voluntad popular mayoritaria, validando el voto por parte de la Corte Suprema.
