De acuerdo con muchos observadores y entendidos sobre el manejo de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, Comfaboy, estas fueron las características de la Asamblea General Ordinaria que acabó de pasar el 27 de abril en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja; de acuerdo con esta perspectiva, la manipulación de las cifras, al momento de presentar los estados financieros, fue la característica principal, mientras que la elección de Revisor Fiscal resultó una decisión amañada donde la candidata escogida lo fue a la medida de los intereses de la Dirección Administrativa y el Consejo Directivo.
Contrario a lo que afirma un comunicado oficial de la Caja sobre la Asamblea, donde se lee que con la masiva participación de empresarios se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Empresas Afiliadas a Comfaboy 2018, el evento anual que reúne a los diferentes afiliados, en realidad se dio sobre el viejo esquema del manejo de poderes, donde el trabajo previo que encabezan las directivas de la Caja permite el control efectivo de la asistencia y la garantía sobre la toma de decisiones previamente convenidas de acuerdo con los intereses de las instancias que controlan la dirección de la entidad.
Como la tarea de la administración es desestimular la participación de los afiliados, la recolección de poderes queda en manos de los más cercanos del Director Ejecutivo y los consejeros que forman el grupo mayoritario. El resultado es lo que sucedió en esta como en otras asambleas pasadas: nadie de los asistentes llega con ánimo diferente al de aprobar todo lo que sea propuesto en el libreto de las directivas.
Así que con solo mil empresas representadas, que son una mínima parte de las 15.346 que suman el total de afiliadas, cuyos poderes están en manos de unos cien o ciento cincuenta asistentes con derecho a voto, se decide por el universo de afiliados y afiliados a cargo, que suman 371.582 personas, lo cual demuestra que la asamblea general no es más que una puesta en escena, no de los verdaderos intereses sociales de la entidad sino de las directivas que se aferran al poder, como se volvió a demostrar en este caso.
De modo que no es como dice el comunicado oficial de la Caja que es la ”masiva participación” de afiliados que fue “la encargada de avalar los estados financieros e informes de gestión, tanto de Consejo Directivo como de la Dirección Administrativa del año 2017 y elegir el nuevo revisor fiscal para la vigencia 2019 – 2021”. Tanto el informe de gestión como los estados financieros y la elección del revisor fiscal, no pasaron de una formalidad para “agilizar la aprobación” de unos informes que nadie analizó y que no se permitió su discusión, y que tampoco se supo si en realidad fueron aprobados ya que la presidencia de la asamblea, se apresuró a decir que el trámite correspondiente había sido cumplido.
En el caso del Revisor Fiscal, su elección se limitó a la presentación de dos candidatas; la una, la oficial, que apenas se identificó y dijo que quería ser la que ocupara ese cargo porque tenía la garantía de los votos que eran los poderes recolectados y validados previamente por el grupo directivo; y la otra candidata, que sabiendo que no iba a ganar, denuncio que todo eso era un fraude ya que a ella no le habían permitido la inscripción de más de 800 poderes recogidos por la contraparte de las directivas.
El espejismo de los estados financieros
En cuanto a los resultados económicos, de manera olímpica, sin ningún análisis ni menos permitir siquiera una pregunta, o la resolución de alguna inquietud, se dijo que durante el ejercicio de 2017 la Caja había alcanzado un remanente de 13 mil 310 millones de pesos los cuales habían sido destinados en su totalidad para cubrir las pérdidas que ocasionó la EPS (cerrada el año pasado) en el periodo entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2017.
En este punto también hay que recalcar el hecho de que en la asamblea no se dio ninguna explicación sobre lo sucedido con la liquidación de la EPS, ni qué había pasado finalmente con la pérdida acumulada, y menos sobre los duros cuestionamientos de los hallazgos encontrados en la auditoria de la Superintendencia Nacional de Salud. Todo este espinoso asunto se obvió en los informes, tanto del presidente del consejo directivo, Jairo Antonio Villamil Abril, como del director ejecutivo, Fredy Garcíaherreros Russi, y del revisor fiscal Ricardo José Barbosa Serrano. Tampoco dentro del universo de asistentes a la asamblea se dio espacio para alguna pregunta sobre el particular.
Resulta evidente entonces que estos informes no se ciñeron a la verdad, por lo que no es cierto lo que dijo oficialmente el informe de la entidad sobre la asamblea, que “una vez presentados los balances e informes correspondientes, los empresarios aprobaron y apoyaron por unanimidad la gestión adelantada por la administración de la Caja en cabeza del doctor Fredy Geovanny Garcíaherreros Russy”; aquí no hubo ninguna aprobación unánime; lo que hubo fue silencio total de los asistentes, que el presidente de la asamblea, de manera subrepticia, interpretó como la aprobación de todo.
Sobre los resultados del ejercicio 2017, las cifras apenas se mencionaron por parte de los distintos responsables, envueltas en tecnicismos que quedan como cortinas de disimulo. Solo se sabe que por recaudo de aportes de las empresas del 4%, se obtuvieron 103 mil millones y se reintegraron a los trabajadores afiliados de manera directa 54 mil millones, y a población no afiliada, 14 mil millones, para un total de 68 mil millones. Estas cifras así poco dicen. Los ingresos totales de la Caja por todo concepto durante 2017, superaron los 140 mil millones.
La escandalosa elección de la Revisoría Fiscal
En cuanto a la elección de la Revisoría Fiscal el proceso no fue menos oscuro; como todo estuvo previamente calculado, se comprueba que la nueva responsable de este cargo, Yolanda Stella Sossa Vivas, no es producto de la participación democrática y libre de las empresas afiliadas, sino el resultado de la componenda armada que denunció la candidata perdedora, Adriana Ferrer Pacheco. Este paso de la asamblea resultó bochornoso, pero el libreto del evento hizo que no sucediera ningún debate, ni se dejara ningún tipo de constancia, así que eso terminó en la apariencia de una escaramuza de la persona perdedora.
La señora Ferrer Pacheco afirma que su trabajo para lograr ser elegida como revisora Fiscal de Comfaboy le permite asegurar que es la ganadora, pero que las directivas de la caja hicieron todo tipo de maniobras para impedir los registros de los poderes obtenidos pic.twitter.com/dkFB4Cgpms
— EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) 27 de abril de 2018
En conclusión, la participación y las decisiones tomadas en esta asamblea de Comfaboy, tampoco es como dice el comunicado oficial, que allí se “tomaron las mejores decisiones en pro del mejoramiento de la Caja de Compensación de los Boyacenses”. No; en esta Asamblea se manipuló a más no poder cada uno de los hechos principales que tuvieron que ver con las cifras y la administración y control y vigilancia de la entidad. La pregunta es: ¿habrá alguna instancia que sea capaz de desvelar lo que realmente está pasando en la entidad?, o simplemente, lo que siempre se ha denunciado, que es la manguala entre una mayoría del Consejo Directivo y el Director Administrativo, la que seguirá imperando para hacer lo que les parece.
También juega la misma pregunta de siempre: ¿qué dirán los representantes de los trabajadores y de los de los empresarios en el Consejo Directivo? Lo único que se comprueba es el silencio absoluto.
