La política pública de salud mental que regirá en el departamento hasta 2023 cursó los respectivos debates en Asamblea y ahora está en manos del Gobernador para su respectiva sanción.
Fortalecer la salud mental es el gran objetivo de la política pública de salud mental aprobada recientemente en la Asamblea de Boyacá. Más en un periodo como el de la actual pandemia y lo que viene después del mismo.
Para la construcción de dicha política se llevó a cabo un arduo trabajo de mano con las comunidades, con diferentes actores académicos, prestadores y aseguradores de servicios de salud, entre otros miembros de la sociedad, de modo que se recogieran diversas apreciaciones al mismo tiempo que se identificaban necesidades de salud mental entre los boyacenses.
“Con la aprobación de la política de salud mental se garantiza el respeto y protección del derecho a la salud mental, desde prácticas sociales e institucionales, que posicionen una cultura del cuidado y el reconocimiento positivo de la salud mental, generando acciones que preserven la dignidad humana, desde la garantía diferencial de libertades y oportunidades para todos, con énfasis en quienes están expuestos a condiciones adversas y de sufrimiento psicosocial”, comentó Orlando Barrera Cobos.
Barrera Cobos agregó que para la construcción de esta política pública ha sido necesario contemplar que la salud mental es un asunto universal, por lo que debe ser tan genérica en su construcción, de modo que se permita llegar a toda la población, no solo a través de la oferta institucional sino de los recursos que se pueden reunir con la comunidad organizada.
“El valor que tiene la salud mental positiva se enmarca en la Ley 1616, pero, además, de eso nosotros estamos insistiendo que no sólo sea una señal mental positiva, sino estar alertas en el cuidado de la misma, privilegiando el entorno hogar y la familia, como el escenario por excelencia, siguiendo el llamado de la comunidad que estuvo en el proceso de formulación de la política”, puntualizó Barrera.
Una de las principales adaptaciones que se hizo a esta política es la inclusión de la familia como eje de la promoción y cuidado de la salud mental.
“En términos generales lo que nosotros buscamos es que haya más familias con competencias en el cuidado de la salud mental, que los niños y adolescentes estén protegidos, que el adulto mayor tenga un adecuado cuidado y protección de su salud mental”, indicó Barrera.
Ahora, habrá que ver la funcionalidad y el alcance de una política pública de salud mental en medio de una situación como la actual, en la que el encierro ha llevado al deterioro de la salud mental de algunos pobladores, al igual que el desempleo reinante y creciente, así como la inestabilidad económica y social, en un departamento en el que ya se cuenta con preocupantes antecedentes en lo que refiere a suicidio y violencia al interior del hogar; ambas reacciones de problemas de salud mental.
