El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó política de Estado del país, para generar condiciones de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Vicepresidencia informa que proyectaron recursos por 47,9 billones de pesos para la Política de Equidad de Género para las mujeres, de los cuales 15,2 billones de pesos corresponden a las proyecciones para la financiación de las 211 acciones que hacen parte del Plan de Acción. A lo cual se suman recursos adicionales por alrededor de 32 billones de pesos provenientes de otros programas que tienen especial impacto en las mujeres.
Para la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, enfatizó en que «Este documento CONPES, es una evidencia del potencial de los resultados y la hoja de ruta para que, en el 2030, Colombia sea líder indiscutible a nivel internacional en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco: la equidad para las mujeres”.
Este CONPES consta de seis ejes temáticos, 25 líneas de acción y de 211 acciones lideradas por 39 entidades, que establecen el derrotero para que Colombia avance en el cierre de brechas de género y en la garantía plena de los derechos de las mujeres.
La directora del DNP, Alejandra Botero Barco, explicó que “en Colombia y, según cifras del CENSO, las mujeres representamos el 51,2% de la población nacional, es decir 22,6 millones, de las cuales 5,7 millones habitan en la ruralidad. Por consiguiente, este CONPES centra parte de sus acciones en las mujeres que viven en la Colombia rural, pues sus problemáticas pueden profundizarse o exigir abordajes distintos de especial atención”.
La Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, agregó que la principal apuesta “gira en torno del eje de autonomía económica como puerta habilitadora hacia los demás derechos de las mujeres. El empoderamiento económico es un antídoto para las violencias basadas en género, facilita y posibilita el liderazgo social de las mujeres para que sean agentes constructores de paz en sus territorios, promueve su participación en escenarios políticos y económicos”.
Este Documento se construyó teniendo en cuenta las voces de las mujeres que, desde las diferentes regiones, participaron en espacios de diálogo liderados por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), aportando sus visiones en torno a problemáticas y soluciones.
Las acciones del CONPES
El CONPES plantea una apuesta para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres en Colombia desde seis ejes de acción, los cuales son: autonomía económica de las mujeres en condiciones de equidad; avance hacia la paridad y una mayor participación en la toma de decisiones; salud de las mujeres; prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres; impulso de su liderazgo en la construcción de paz, y, finalmente, el fortalecimiento institucional para el logro de estos objetivos.
En el marco de cada eje, existe un apartado específico con las acciones que responden a las situaciones y necesidades de las mujeres rurales, pues gran parte de esta hoja de ruta se centra en ellas como agentes de transformación y desarrollo.
El Documento también resalta la importancia de incrementar la participación de las mujeres en los programas de educación superior en áreas de alto potencial económico, así como la estrategia de su inserción laboral e implementación de una ruta de acceso, uso y apropiación de las TIC.
En cuanto a la formalización y fortalecimiento del emprendimiento, se plantea adelantar estrategias para el apoyo a las empresas de mujeres, así como consolidar el Fondo Mujer Emprende como instrumento de política pública para el empoderamiento económico a través del emprendimiento. En la misma línea, se espera apoyar la cofinanciación de proyectos productivos de más de 28.800 mujeres rurales y la comercialización de iniciativas de más de 45.788 mujeres en la ruralidad.
En el marco de este CONPES y como una de las acciones estratégicas para prevenir y atender integralmente la violencia contra las mujeres se encuentra el desarrollo de estrategias de priorización e impulso judicial a procesos de violencia sexual, feminicidio y violencia intrafamiliar contra mujeres, así como la identificación de mujeres víctimas de estos delitos que estén en riesgo de feminicidio.
También se plantea la implementación de la Resolución 1325 con el fin de afianzar el liderazgo de las mujeres en la construcción de paz y la agenda de seguridad, incluyendo la definición de la segunda fase del Programa Integral de Garantías para Lideresas y defensoras de derechos humanos.
A nivel institucional, el Documento contempla que la oferta para las mujeres se articule y se potencie a través de las Casas de Mujeres Empoderadas, como espacio territorial de acceso a programas y políticas para impulsar su desarrollo.
