Después de más de 250 años de incertidumbre, las comunidades campesinas de El Cocuy, en Boyacá, obtuvieron el reconocimiento jurídico pleno sobre sus tierras. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó la validez del Título Histórico del Cocuy, un proceso técnico y jurídico que brinda seguridad a más de 500 familias y ordena la propiedad rural en una de las zonas más sensibles del departamento.
La reconstrucción del título da cumplimiento a uno de los acuerdos alcanzados en agosto pasado entre la ANT y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, tras movilizaciones campesinas que exigían claridad sobre el origen legal de los predios. El estudio permitió identificar el origen jurídico de más de 2.300 hectáreas, distribuidas en 579 predios catastrales y 417 folios de matrícula inmobiliaria, ubicados en las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño, en jurisdicción del municipio de El Cocuy.
De acuerdo con la Agencia, el proceso implicó una revisión histórica que se remonta al periodo colonial. Entre 1776 y 1809, la Corona Española adelantó visitas oficiales al antiguo resguardo indígena del Cocuy para definir la extensión y titularidad de las tierras, bajo el marco del derecho indiano.
Estos actos, según la ANT, se realizaron conforme a la Recopilación de Leyes de Indias, las Reales Cédulas de 1591 y la Instrucción de 1754, normas que hoy sirven como sustento probatorio.
El estudio técnico y jurídico confirmó que predios conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad salieron legítimamente del dominio del Estado durante la Colonia y pasaron al régimen de propiedad privada, condición que mantiene plena validez jurídica en la actualidad. Para sustentar esta conclusión, el equipo de la ANT analizó fuentes originales del Archivo General de la Nación, incluyendo autos de venta de tierras y documentos históricos asociados a edificaciones religiosas.
Este trabajo se complementó con cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), información catastral vigente, ejercicios de georreferenciación y verificaciones en campo, lo que permitió delimitar con precisión el polígono del Título Histórico del Cocuy.
Para las comunidades, el reconocimiento representa más que un trámite administrativo. Significa protección frente al despojo, estabilidad territorial y tranquilidad jurídica tras generaciones de disputas y vacíos institucionales. Voceros campesinos señalaron que este proceso marca un precedente en el reconocimiento de derechos históricos y en la defensa del campesinado paramuno.
Desde el punto de vista legal, el antecedente cuenta con validez probatoria conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994, lo que consolida la seguridad jurídica de las familias beneficiadas y aporta claridad al ordenamiento de la propiedad rural en Boyacá.
Con esta decisión, la Agencia Nacional de Tierras avanza en la implementación de la Reforma Agraria, revisando el pasado con criterios técnicos y jurídicos para resolver conflictos históricos sobre la tierra. En El Cocuy, una deuda de más de dos siglos empieza, finalmente, a saldarse.
