La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales negó la solicitud de la petrolera francesa Maurel & Prom para la modificación de la licencia en proyecto de explotación de hidrocarburos en cercanías al complejo de páramo Tota – Bijagual – Mamapacha.
Luego de un estudio exhaustivo estudio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) resolvió negar la petición de Maurel & Prom argumentando que la compañía presentó falencias en la información.
Según argumenta la ANLA la descripción del proyecto no se ajusta a una solicitud realizada a través de un requerimiento hecho el 15 de agosto de 2013 en el que, entre varias cosas, se solicita presentar un estudio proporcional a la nueva reducción de área de perforación exploratoria.
“Tampoco se incluyó o describió las características técnicas de algunas de las actividades planteadas como pruebas de producción, conformación del DDV para los métodos de las líneas de flujo enterradas o superficiales, volúmenes estimados totales de movimiento de tierras, sobrantes de corte y excavación posiblemente a disponer. No identifica, clasifica y cuantifica todos los residuos que se pueden generar en las diferentes actividades”, se indica en el concepto técnico emitido por la ANLA.
La ANLA también advierte sobre los riesgos ambientales que pueden generarse en el páramo Tota – Bijagual – Mamapacha con una eventual actividad exploratoria, hecho que iría en detrimento de las comunidades aledañas a la zona.
La baja estabilidad del suelo fue otro de los argumentos de la ANLA para descartar la solicitud de la compañía francesa. Según indica la ANLA el suelo de la zona ya ha sufrido a actividades realizadas con anterioridad como minería legal, pastoreo de ganado y construcción de vías sin especificaciones. “ha acelerado los procesos de desestabilización (…) lo que restringe el desarrollo de actividades debido a la gran vulnerabilidad del terreno.
La ANLA advierte que la modificación de los permisos lograría que las actividades exploratorias se concentren en 17 veredas de los municipios de Tota y Pesca, y en ciertos sectores de Firavitoba e Iza, circunstancia que iría en detrimento de la actividad económica de varias familias campesinas que en un 40% son propietarias de minifundios y en proporción similar viven del microfundio.
