El representante a la Cámara Yamit Noé Hurtado y el exconcejal Pablo César Pérez cuestionan la creación de una empresa de economía mixta que administraría el servicio durante 25 o 30 años. Una demanda contra el Acuerdo 007 de 2026 ya fue admitida y se solicitó su suspensión. El Concejo defiende el proyecto y asegura que el municipio no tiene recursos suficientes para modernizar el sistema.
El proyecto de modernización del alumbrado público de Paipa, que debería representar un avance para el municipio, terminó convertido en una controversia política, financiera y judicial. La discusión no es solamente sobre la instalación de luminarias LED, sino sobre quién manejará los recursos del servicio, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.
El Acuerdo 007 del 25 de abril de 2026, mediante el cual el Concejo Municipal autorizó al alcalde para crear una empresa de servicios públicos mixta y descentralizar en ella la prestación integral del alumbrado público, enfrenta una demanda de nulidad que ya fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama.
La acción judicial fue presentada por el abogado Pablo César Pérez Castro, exconcejal de Paipa, quien, junto con el representante a la Cámara Yamit Noé Hurtado, exalcalde del municipio, cuestiona la conveniencia de un modelo que, según advierten, podría comprometer la administración del servicio durante 25 o 30 años.
La controversia plantea interrogantes que van más allá de la discusión política: ¿cuánto costará realmente modernizar el alumbrado?, ¿qué recibirá el municipio a cambio de entregar su administración a una empresa de economía mixta?, ¿cuánto pagarán los ciudadanos y por qué no fortalecer una empresa pública que ya existe?
Son preguntas que requieren respuestas sustentadas en cifras y estudios, especialmente cuando se trata de decisiones cuyos efectos podrían extenderse durante varias administraciones municipales.
“El alumbrado público es de los paipanos y cuidarlo también es cuidar las finanzas de nuestro municipio”, afirmó Hurtado.
Pérez explicó que, además de solicitar la nulidad del Acuerdo 007, pidió su suspensión provisional para evitar que avance el proceso de contratación mientras persisten las dudas sobre sus consecuencias económicas.
“Como ciudadanos presentamos la demanda y solicitamos la suspensión temporal del acuerdo. Es importante porque el proceso avanza hacia la licitación y es prudente tener claro cuánto se van a comprometer las finanzas del municipio antes de seguir avanzando”, manifestó.
Mediante providencia del 4 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama admitió la demanda y, en una decisión separada, ordenó correr traslado de la solicitud de suspensión provisional al municipio para que se pronuncie.
Esto significa que el proceso judicial está en marcha, pero no que el acuerdo haya sido declarado ilegal ni que sus efectos estén suspendidos.
La importancia de la decisión radica en que abre el debate jurídico sobre la legalidad del modelo aprobado por el Concejo, precisamente cuando sus opositores advierten sobre las implicaciones de comprometer el servicio durante varias décadas.
El representante Yamit Noé Hurtado asegura que nadie está cuestionando la necesidad de modernizar el alumbrado público. Lo que está en discusión es la forma de hacerlo.
“Todos queremos un alumbrado público tipo LED, en lo urbano y en lo rural. En eso coincidimos. La pregunta es cómo hacerlo. Una decisión de dejarlo a 25 o 30 años tiene que generar certezas”, señaló.
Según el congresista, los estudios técnicos que respaldan el proyecto dejan interrogantes sobre los cobros y las ventajas del nuevo esquema frente a otras alternativas.
Hurtado considera que la administración municipal debería evaluar primero la capacidad de Red Vital, la empresa de servicios públicos de Paipa, para asumir la modernización.
“Creemos que la respuesta ya está en casa. Paipa tiene una empresa de servicios públicos; se llama Red Vital”, afirmó.
La propuesta de los opositores consiste en fortalecer esa entidad con los ingresos provenientes del impuesto de alumbrado público, en lugar de acudir a una nueva empresa de economía mixta. Y aquí aparece otro punto de discusión: el dinero.
Según Pablo César Pérez, el recaudo de ese impuesto alcanza actualmente los $2.700 millones y podría duplicarse con la aplicación del Acuerdo 005 de 2026, hasta llegar a unos $5.400 millones.
Se trata de una proyección del exconcejal que requiere contrastarse con la información oficial del municipio. Pero también pone sobre la mesa la necesidad de conocer cuánto se recauda, cuánto cuesta prestar el servicio y qué inversiones podrían financiarse con esos recursos.
La discusión de fondo no consiste únicamente en determinar quién instalará las nuevas luminarias. También es necesario establecer quién administrará los ingresos, quién asumirá los riesgos financieros y qué beneficios concretos obtendrán los paipanos.
La controversia registra un segundo proceso de nulidad ante el Juzgado Tercero Administrativo de Duitama, en el que figura como demandante Pedro Miguel Tuta Niño.
Mediante providencia del primero de septiembre de 2026, ese despacho ordenó correr traslado de una solicitud de medida cautelar al municipio y a la corporación vinculada.
Aunque el documento confirma la existencia del proceso, no identifica expresamente el acuerdo demandado ni contiene el auto admisorio, por lo que todavía debe verificarse formalmente su alcance frente al Acuerdo 007.
En cuanto a la demanda de Pérez, el Juzgado Segundo Administrativo también ordenó a la Alcaldía y al Concejo publicar la información sobre su admisión, de manera que la ciudadanía pueda conocer el trámite judicial.
El presidente del Concejo de Paipa, Juan Pablo Andrade Lee, defendió la decisión de la corporación y anunció que responderá mediante un video a los cuestionamientos de Pérez, especialmente a las cifras del recaudo del impuesto de alumbrado público, que considera inconsistentes.
Andrade aseguró que el municipio tendrá participación mayoritaria en la nueva empresa de economía mixta y que esta estará sometida a por lo menos siete instancias de inspección y control.
También sostuvo que la modernización del alumbrado con tecnología LED exige inversiones millonarias que actualmente Paipa no está en capacidad de asumir con sus propios recursos.
Es un argumento relevante dentro de la discusión, pero que también plantea la necesidad de conocer el costo total de las inversiones, las fuentes de financiación, las obligaciones que asumiría la nueva empresa y los compromisos que corresponderían al municipio.
De igual manera, la alternativa de fortalecer Red Vital exige demostrar que esa empresa dispone, o podría disponer, de la capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar y mantener la modernización.
El debate no debería agotarse en un enfrentamiento entre quienes defienden la creación de la empresa mixta y quienes consideran que Red Vital puede asumir el servicio.
Lo fundamental es que los paipanos conozcan las cifras completas del proyecto, las ventajas y desventajas de cada alternativa y las garantías previstas para proteger los recursos públicos.
La participación mayoritaria del municipio en la nueva empresa, anunciada por el presidente del Concejo, es un elemento importante, pero por sí sola no permite establecer cuánto costará el modelo ni cuáles serán sus resultados.
Tampoco basta con afirmar que Red Vital podría asumir el servicio sin demostrar cómo se financiarían las inversiones y qué capacidad tendría para ejecutarlas.
El alumbrado público necesita modernizarse, especialmente en las zonas urbanas y rurales donde las deficiencias afectan la seguridad y la calidad de vida de los habitantes. En eso parece existir coincidencia.
La controversia está en el camino escogido y en las consecuencias económicas de una decisión que podría extenderse durante varias décadas.
Mientras la justicia examina las acciones presentadas, la Alcaldía y el Concejo tienen ante la ciudadanía un debate que merece respuestas precisas: cuánto cuesta modernizar el alumbrado, quién pondrá el dinero, cómo se recuperará la inversión y qué compromisos asumirá Paipa.
Una decisión que puede comprometer recursos públicos durante 25 o 30 años merece algo más que promesas de modernización: exige cuentas claras, estudios verificables y explicaciones suficientes para todos los paipanos.
